Penal para vicentin

Por Germán Mangione*

Este lunes la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario imputó a directivos de Vicentin y de Renova (la empresa en común entre la santafesina y la multinacional Glencore, ahora Viterra) por administración fraudulenta por pedido de la empresa de granos Commodities (grupo Grassi).

Foto: Rodrigo Miró

La corredora denuncia haber enviado granos a Renova que luego fueron transferidos a Vicentin sin la autorización de Commodities.

Pero esta no es la primera imputación que reciben los directivos de la empresa, ya en octubre del año pasado varios directores fueron imputados por delitos de defraudación y estafa.

Desde el comienzo del proceso, que tiene a la empresa a la cerealera del norte provincial como protagonista, los directivos de la misma tuvieron dos objetivos: que las actuaciones legales se queden en Reconquista y que no traspase el fuero comercial para caer en el de las responsabilidades penales.

El primer objetivo pudieron lograrlo solo en el fuero comercial con la puesta del concurso en manos del juez de Reconquista Fabian Lorenzini, que a lo largo de todo el proceso ha demostrado una indulgencia y una permisividad con los directivos de la empresa, digna de explicaciones y reproches, confirmando las sospechas de los productores y acreedores financieros de Vicentin que querían que la causa se tramite en Rosario.

El segundo, el intento de que no se siga curso a investigaciones penales, no tuvo mucho vuelo por lo grosero de las maniobras para estafar a miles de productores, engañar a bancos internacionales y operar en complicidad con el macrismo contra el Banco Nación que llevaron adelante los hoy imputados directivos de la empresa del norte provincial.

Por eso es que casi desde el comienzo del proceso de concurso preventivo en paralelo se fueron bifurcando causas penales con imputaciones a los directivos de la empresa, muchos de los cuales a pesar de estar imputados siguen al frente de la misma gracias a la indulgencia de Lorenzini.

Quizás porque esa estrategia de mantener todo en casa y en el marco de “negocios fallidos” por el supuesto “stress financiero” falló es que esta semana se los podía ver a más de una docena de ellos (directivos de la empresa) muy ofuscados en los tribunales rosarinos en el marco de la imputación por presuntos delitos de estafa y defraudación contra la corredora Commodities.

Tan enojados como para insultar al colega periodista Rodrigo Miró, de Radio Si y Rosario Plus,  por una foto. «¿Por qué no le sacas una foto a la c…http://losricosdeargentina.com.ar/ de tu hermana?», le grito Daniel Buyatti, directivo de la empresa de apellido ilustre en la provincia, en una muestra de impunidad dolida.

Una impunidad de la que disfrutaron durante años, no solo en su pago chico en el norte provincial donde son amos y señores, sino en la provincia en general donde funcionarios de todos los rangos y colores les rindieron pleitesía hasta los últimos momentos previos a la consumación de la estafa.

En la audiencia de este lunes la imputación recayó sobre dieciséis personas Cristian y Máximo Padoan; Pedro, Roberto y Sergio Vicentin; Roberto y Javier Gazze; Omar Scarell; Daniel Buyatti; Yanina Boschi; Martín Colombo; Miguel Vallaza; Alberto Macua; Daniel Pájaro y Sergio Gancberg. Los últimos dos directivos solo de Renova a diferencia de los anteriores que integraban además el directorio de Vicentín, y sobre los cuales ya pesaba una imputación desde octubre del año pasado por la cual el lunes se extendieron las medidas cautelares de entonces: caución por un monto de 10 millones de dólares, la prohibición de salida del  país y la fijación de un domicilio.

Para los nuevos imputados, los directivos Renova, el fiscal solicitó una caución por 421 mil dólares, pero no fue admitida por el juez que solo determino la prohibición para salir del país junto a la fijación de un domicilio.

Ser y parecer

En octubre del año pasado el fiscal Miguel Moreno de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de Santa Fe pidió la prisión preventiva para cinco de los 15 ejecutivos imputados de la cerealera.

Tras la denuncia de la corredora de grano Grassi, los bancos extranjeros Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial (IFC), el Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés (FMO), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole,  y el Banco Macro el fiscal los acusó de haber confeccionado y utilizado balances contables anuales y trimestrales, correspondientes a los períodos 2017 y 2018, para difundir información económica-financiera falsa de la compañía y así alterar su verdadero pasivo.

Ocultaban las deudas, que arrastraban desde mucho tiempo atrás, para seguir pareciendo la empresa prospera, y confiable, merecedora de créditos internacionales y de la confianza de los productores que dejaban sus granos en manos de Vicentin sin cobrar un peso en el momento por el sistema de “precios a fijar”.

Toda la pantomima y el ocultamiento volaron por los aires cuando apareció (después de muchas dilaciones) el balance 2019 de la empresa. Según este en tan solo tres meses la compañía pasó de exhibir una posición en granos de u$s 455 millones a u$s 30 millones. Al mismo tiempo, la deuda comercial en ese período pasó de u$s 32 a u$s 571 millones. Moreno concluye que no hay dudas que los balances de 2017 y 2018 se hicieron con datos adulterados.

El Banco Macro denuncia una estafa con dicho mecanismo. Para conseguir préstamos mostraron los estados contables a 2018. Donde la empresa no solo funcionaba bien (según los papeles) sino que tenía proyecciones de crecimiento. Recordemos que la agroexportadora con sede en Avellandeda llego a ser la 6º exportadora del país. Consiguió créditos del Macro por 508 millones de pesos; y a los dos meses se declaró en “stress financiero”. Evidentemente ocultaron la realidad económica de la empresa, sabiendo que no iban a poder cumplir los compromisos que estaban tomando.

Por este hecho quedaron imputados Alberto Macua y Miguel Vallaza.

El triángulo de Vicentin donde desaparece la plata.

También se denunció una maniobra de triangulación por la cual algunos de los créditos solicitados por Vicentin SAIC (la empresa madre) fueron a parar a empresas del grupo Vicentin (como el frigorífico Friar S.A), para luego del stress financiero argumentar que esas eran empresas diferentes y dejarlas fuera del concurso.

Con este caso se puso en evidencia un entramado de sociedades offshore y empresas fantasma alejadas de todo control estatal que permitió una cantidad de operaciones financieras que ayudaron a concretar la estafa. Un entramado que no es exclusivo de la empresa local, y que hoy se cuestiona solo por lo grosero de la estafa pero que utilizan la gran mayoría de las empresas que hoy manejan nuestro comercio exterior.

Este manejo generó incluso una denuncia contra Vicentín Paraguay. Según el abogado un grupo de acreedores, Mariano Moyano “es muy llamativo el flujo financiero entre Vicentin Paraguay, Nacadie SA Uruguay y Nacadie SA Panamá. Vimos un flujo financiero muy elevado que realmente entendemos es un manejo financiero para no ingresar el flujo de dinero a la argentina”.

La denuncia describe el ocultamiento de «transacciones que pudieran beneficiar a los acreedores», «desprendimiento de activos en venta a otras jurisdicciones en el período de sospecha», «constitución de sociedades en el extranjero en fecha reciente, que serían utilizadas como vehículos para el desvío de fondos para provecho particular de los accionistas».

Además de la denuncia judicial el caso Vicentin en Paraguay tiene abierta una investigación parlamentaria en el país vecino.

Otra de las denuncias al respecto la hizo el banco internacional ING, argumentando que directores de Vicentin terminaron cediendo al fondo de inversión BAF acciones de FRIAR en medio del concurso de quiebra, a través de empresas fantasma en Uruguay.

El Frigorífico Friar s.a.fue comprado por Vicentin en 2004 y luego “vendido” a los holdings uruguayos Nacadie y Vicentin Family Group, conservando solo el 0.4%. Esto les permitió a sus propietarios transferir casi la totalidad de la firma en agosto de 2020, a pesar de las restricciones impuestas por la causa judicial. Con esta maniobra sacaron del concurso preventivo a Friar.

El banco denuncia que le prestaron a la empresa de los Padoan para prefinanciar exportaciones (en base a balances falsos) y la empresa se los envía a Friar, para poco tiempo después decir que no es más su empresa y sacarla del concurso.

Por este hecho volvió a ser imputado Miguel Vallaza y junto con él Javier Gazze, por el delito de estafa.

Estafar al estado.

El juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita llevan adelante una causa en la que están implicados directivos de la empresas y funcionarios macristas del Banco Nación que hoy reclama recuperar los más de U$S 300 millones de deuda que mantiene el grupo empresario santafesino por créditos otorgados a ritmo vertiginoso en las semanas previas a la consumación de la estafa.

Por su parte la Unidad de Información Financiera (UIF), se presentó  como querellante en la causa de los créditos del Banco Nación (el principal acreedor individual del concurso) por sospechas de posible comisión del delito de lavado de activos por parte de Vicentín y su red de empresas off shore.

Pero no solo estafaron al Estado en sociedad con el macrismo en el Banco Nación sino que en agosto de 2020 la Afip denunció penalmente a la empresa por la utilización de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones.

La maniobra fraudulenta  fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por la cerealera entre 2016 y 2019. Utilizaban, registraban y presentaban facturas truchas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores por una suma que asciende hasta los 111,6 millones de pesos.

¿Será justicia?

El caso Vicentin no es solo el caso de una empresa o un grupo empresario, sino que es la más cruda radiografía del entramado mafioso de nuestro comercio exterior. Y  por sobre todo el caso (¿era?) una oportunidad. Una oportunidad para desmontar el andamiaje de estafas al Estado construido desde hace años en nuestro comercio exterior por las grandes multinacionales agroexportadoras y sus socios locales y la oportunidad de que Argentina asome aunque sea un poquito en el sector por el cual ingresan 2 de cada tres dólares que llegan al país.

Todos los mecanismos financieros y contables para estafar al Estado, sumados la falta de control, ni participa del comercio exterior, más a un sistema internacional que propicia estas estafas con el enjambre de paraísos fiscales, se transforman en el caldo de cultivo para este tipo de estafas como la que hoy padecen miles de productores y el Banco Nación a manos de Vicentín, pero que se generalizan en todo el complejo.

Pero no solo la empresa en cuestión está empeñada en mantener al Estado fuera de la discusión, y que esto sea simplemente un diferendo comercial, sino que quienes hoy manejan nuestro comercio exterior también así lo quieren. Y es que así no solo ocultan su participación en estas maniobras, y el entramado que también usufructúan, sino que pueden seguir haciéndolas como si nada pasara.

La oferta de que actualmente hace la cerealera, que busca generar consenso entre los acreedores, tiene como salida la virtual venta de los principales activos de la empresa a su socia internacional Viterra (ex Glencore) y a ACA. Aún más extranjerización y concentración de nuestro comercio de granos,  y la posibilidad de que los directivos estafadores sigan recibiendo parte de las ganancias por ser acreedores de la empresa, sin responder todavía donde están los más de mil millones de dólares que desaparecieron en diciembre de 2019.

El Estado argentino, con la marcha atrás en el proyecto de expropiación, dejó atrás también toda posibilidad de un final a favor de los intereses nacionales. Da toda la sensación que aposto a la vía judicial, para evitar la confrontación política. Dejó todo en manos de esa misma justicia que hoy denuncia como parcial, empresarial y antipopular.

Por este camino no solo se estará consumando una de las mayores estafas comerciales de la historia moderna argentina, y sentando un precedente catastrófico para pensar un país más justo, sino que se habrá perdido una de las más fabulosas posibilidades de recuperar algún control sobre una de las palancas claves de nuestra economía en pos de un proyecto de desarrollo de la Argentina.

*Editor de Revista Lanzallamas

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