Cumbre del Clima: “La naturaleza es un campo de batalla de la lucha de clases”

Por Facundo Arzamendia *

Desde el pasado 31 de octubre hasta el 14 de noviembre, se desarrolla en Glasgow (Escocia) la COP26 (Conferencia de las partes o “Cumbre del clima”) en la cual se reúnen mandatarios, empresarios y militantes ambientalistas de todo el mundo. En cada una de las ultimas 25 ediciones, negociadores de todo el planeta han buscado la manera de llegar a acuerdos para frenar el impacto de la crisis climática.

En el año 2015 los países firmaron en Paris rebajar las emisiones de CO2, para evitar que la temperatura del planeta aumente mas de 2º. Seis años después de este acuerdo, los científicos afirman que se han quedado cortos. Desde Lanzallamas dialogamos con Rodolfo Kempf -físico, investigador, trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CoNEA) y miembro de la CTA Autónoma- quien estuvo presente en el evento.

¿Cómo llegamos a la COP26?

Hay escepticismo en el esquema de ordenanza mundial y de la ONU, en poder dar una transición a la descarbonización. Hace unos meses se publicó el informe del IPCC (Instituto de Cambio Climático) diciendo que las temperaturas son mas extremas y hay eventos mas extremos como lo vimos en Australia, Grecia o en Córdoba misma. Desde la ultima cumbre hasta la fecha se mantiene el escepticismo de que se pueda llegar a acuerdos que mitiguen este efecto.  Pero lo que también aparece es que la naturaleza es un campo de batalla de la lucha de clases. Hay un movimiento ambientalista que tiene posiciones avanzadas, radicales, de izquierda, antiimperialistas, anticapitalistas. De hecho la consigna que se cantaba en la marcha del 5 de Noviembre era “rebelión o extinción”. Hay un espacio de batalla política donde la clase obrera y los pueblos dependientes del mundo debemos jugar para que no descarguen la crisis climática sobre nosotros.

El pasado viernes 5 de noviembre se realizó una marcha organizada por la organización ambientalista “Fridays For Future” (FFF – Viernes por el futuro). ¿Cómo se vivió y cual fue su composición?

La movilización fue muy grande. Participaron mas de 100.000 personas. La composición de la marcha fue de un movimiento internacional. Se marchaba por bloques. Bloques de originarios, de sindicatos, fuerzas políticas. La movilización la encabezó una bandera escocesa repudiando las políticas de Boris Johnson con el Brexit. También estaba encabezando la bandera de Palestina. Se han visto pueblos oprimidos de la India, una delegación de Latinoamérica en la Confederación sindical de las Américas. La CUT de Chile, la CUT de Brasil, la CTA Autónoma y un compañero de la CGT vinculado a la UOCRA. Frente a los acuerdos que se cerraban la última semana, la marcha fue la previa para presionar en la negociación.

Se dice que esta cumbre es un fracaso porque países como Rusia o China, que son los principales productores de CO2 a nivel mundial, no participan. ¿Cómo repercute la ausencia de estos países en la COP26 y cual es el papel que juega EEUU?

En relación a eso, hay mucho en juego en cuanto se imponen en bajar las emisiones mas allá de China o Rusia. Ni China, ni Rusia se quieren suscribir a que le acoten la tasa de desarrollo. A la vez China es uno de los países que mas trabajo tiene vinculado a las energías renovables.  Lo que si conozco del movimiento sindical latinoamericano es lo que se llama “transición justa”.  Estuve en una charla que se llamaba “Encuentro de transición justa”, ese concepto quedó como un lema que también lo usa la ONU para engañar. Quedó como un lema porque si bien debe haber una transición energética que migre a minimizar la emisión de carbono y gases invernadero, tiene que ser justa en el sentido que no se pierdan los puestos de trabajo y fundamentalmente en nuestro continente que no sea una excusa para meter tecnologías con monopolios que desplacen a puestos de trabajos actuales. Esa transición justa es una forma de la cual se podría ver que enfrenta lo que decía el macrismo, de comprar paneles de sol o molinos eólicos llave en mano tanto a China o Italia. Ningún trabajador argentino participó ni siquiera en la instalación. A Argentina le tocó hacer la red de alta tensión en los parques. Ese esquema es el que criticamos.

¿Qué repercusiones hubo del discurso de Alberto Fernández en la cumbre?

Las declaraciones de Argentina no son satisfactorias. Además de ratificar la deuda externa, hay una mercantilización de la naturaleza en nuestro territorio. Se ofrece cambiar bonos verdes por deuda. Aparece no solo la convalidación de una deuda externa odiosa, fraudulenta y además salvaje -una deuda que incrementó el macrismo- sino también la mercantilización de la naturaleza, bonos verdes a cambio de deuda. Imagínate con esa posición de Argentina, ¿Bolsonaro que posición puede llegar a tener? Si bien Bolsonaro campea tranquilo en el terraplanismo negacionista del cambio climático, la posición de Argentina ha sido criticada porque toda la región esta en contra de esta postura. Bárbara Figueroa (CUT Chile) y Daniel Gallo (CUT Brasil) fueron críticos con la postura del presidente argentino.

 ¿Qué se puede aportar a esta lucha contra el cambio climático desde Latinoamérica?

En principio hay una lucha de conceptos y de significantes sobre la transición justa que es donde orbita y pivotea gran parte del debate. Si bien para mi esa postura tiene patas cortas, alrededor de eso implica que debe haber un desarrollo autónomo de tecnologías que impliquen trabajo de calidad, calificado para nuestros países y que el principal punto es la desigualdad en el mundo y el sistema imperialista. Hay una especie de metáfora donde hablan de la desigualdad entre hemisferio norte y hemisferio sur pero el punto es la desigualdad en los crecimientos. Los países imperialistas son los que producen la mayor cantidad de emisiones. Encima de saquearnos, quieren acotar los grados de desarrollo que puedan satisfacer las necesidades populares en nuestros territorios.

Desde el continente se pelea una transición justa que ponga las responsabilidades de los efectos invernadero primero en las potencias imperialistas y en segundo plano que nosotros tengamos posibilidades de desarrollo para satisfacer necesidades. Al mismo tiempo de negar inversiones que signifiquen mayor degradación ambiental, mayor expoliación y dominación sobre nuestros países 

Hoy la energía es una commodity pero vos planteas que la energía debe ser de propiedad publica. ¿En que consiste ese planteo?

Se presentó el pasado 4 de noviembre un programa que pone el centro en la propiedad. Avanzar en la propiedad pública de empresas de energías de nuevo tipo que permitan avanzar en minimizar las emisiones de carbono y gases de efecto invernadero. Tiene un punto fundamental: reconocer la emergencia climática y energética. Como primer punto debemos declarar la energía como un derecho humano y de libre acceso para el conjunto de la población. Virar hacia un sistema de energía que tenga un enfoque público y no privado, en el sentido de la propiedad y en el sentido de la taza de ganancia. Eso nos permite dar una lucha política por ejemplo en Argentina a 30 años de los primeros tratados de libre comercios y las privatizaciones de nuestras empresas hidroeléctricas en la cordillera, avanzar para que esas concesiones pasen a un enfoque de propiedad pública. Donde las comunidades, la población, el pueblo formen parte de las decisiones.  No solamente de una mirada por arriba. Esto implica cambiar los directorios. Es una perspectiva que compartimos varios sindicatos a nivel mundial y da en el meollo. En lugar de poner el centro en la tecnología, pone el centro en la propiedad y la organización de la sociedad.

Cuando decís que la naturaleza es un campo de batalla, hablas de tres corrientes. ¿Cuáles son?

La primera es el ecocapitalismo, que en Argentina lo llevó adelante Macri y La Nación. Era común ver notas inmensas de los molinos de viento y los paneles solares donde no había  ningún desarrollo nacional, ningún trabajador comprometido en eso. Ni siquiera discusión de donde ponerlos. Fueron acuerdos que los hizo en sus primeros días de gobierno. Es una corriente internacional que lo ve como un nicho de negocios.

El segundo punto, son los que tienen planteos con buenas intenciones pero no van al debate de la propiedad y tampoco buscan hacer confluir y converger a los sectores trabajadores con los movimientos ambientalistas. Es una dislocación de los movimientos populares hacia propuestas que no ponen el centro en la propiedad y se les corre el sujeto social. Entonces aparece que la naturaleza tiene mas derechos que los propios sujetos sociales.

La tercer corriente, son las corrientes emancipadoras. Una corriente que plantea una nueva forma de organización de la sociedad. Confluir con esta propuesta de la propiedad pública nos da una llave para discutir eso, antagonizar con el avance de los monopolios y las empresas de potencias imperialistas en nuestro territorio. Nos pone en una confrontación política con perspectiva para dar una resolución al cambio climático que es objetivo.

¿Cómo viste el anuncio de inversión respecto al hidrógeno verde que hizo el gobierno nacional en medio de la cumbre?

Para inscribirlo en estas tres corrientes, es ecocapitalismo marca ACME. Si, tenemos muy buenos campos de vientos en la Patagonia, se precisan centenares de kilómetros cuadrados para tener este tipo de emprendimientos. Ya Macri dolarizó el viento y el sol. Si es volver en esa línea, no tiene sentido. Hay que reconocer que no son solo los molinos de viento, sino el proceso de electrolisis en una molécula de agua, recuperando hidrógeno en energía renovable pueden generar un mayor rendimiento, almacenar en garrafas y servir para el transporte de barcos.

Pero en definitiva el INVAP no entra, la CNEA no entra, el Conicet no entra, Astilleros Rio Santiago no entra y podrían hacer  las torres y los molinos. Pescarmona podría hacer las aspas y las torres, tampoco entran. Nuestros cuadros técnicos, científicas y científicos expertos en el mundo tampoco han sido convocados para definir ningún tipo de lineamiento. Donde juega el protagonismo de tecnólogos y tecnólogas, para poner todo el área de los que hacen ciencia básica en una planta piloto, si no participan, no es un buen emprendimiento. Hay que reconocer que no es un verso. El hidrógeno por igual volumen genera más energía que el metano o el petróleo. En el enfoque finito, es criticable y se inscribe en el ecocapitalismo.

Debemos poner el centro en la propiedad pública y considerar la energía como un derecho humano. Hay que lanzarse a discutir en política el sistema energético en general que es algo fundamental en el sistema capitalista y en un país dependiente como Argentina, que tengamos un movimiento que ponga en tensión, debate y lucha esta área. Eso va a motorizar al campo popular.

Facundo Arzamendia es periodista. Lo encontrás en Instagram y Twitter como @arzafacu. Es autor del Podcast «Nada para ver».

TRIGO TRANSGÉNICO. CIENCIA Y DEUDA AMBIENTAL

*Por Luciano Moretti y Cintia Palavecino

A principios de octubre de este año la empresa biotecnológica Bioceres anunció la aprobación regulatoria por parte del Ministerio de Agricultura de la Nación del trigo transgénico con tecnología HB4, la cual confiere a las semillas tolerancia a la sequía. Se trata del primer trigo transgénico del mundo en ser aprobado para su uso, y es un desarrollo biotecnológico producto de la colaboración en conjunto entre CONICET, UNL y la empresa Bioceres. En un contexto donde el gobierno busca incrementar las exportaciones por la escasez de divisas, esta innovación fue recibida con buen agrado por el equipo económico pues implicaría un mayor rendimiento de los cultivos. Sin embargo, la noticia rápidamente desató fuertes debates tanto en el ámbito académico como en la sociedad en general. Entre otras cosas, surgen preguntas como: ¿el cuidado del ambiente y la salud se contraponen al desarrollo económico?, ¿qué rol cumplen las Universidades y los organismos científico-tecnológicos en el modelo productivo del país?

Agronegocio y dependencia.

Desde mediados de los 90, el Estado junto a las entidades agropecuarias y los medios de comunicación, promueven la idea de que los avances de productividad ligados a la producción agropecuaria, son los que posibilitan al país hacerse con las tan necesarias divisas para sostener al conjunto de la economía. Con esta idea  se ha colocado primero “la macro” (es necesario equilibrar la balanza comercial) antes que el derecho al ambiente sano, a la soberanía alimentaria y al acceso a la tierra, bajo una visión de desarrollo integral. Una de las mayores expresiones de este modelo productivo es la denominada sojización. A mediados de los noventa, la matriz productiva de nuestro país tuvo una profunda transformación con el “boom de la soja”. Esto tiene sus orígenes en la emergencia económica de países del Sur Global, como China, lo que generó un aumento de la demanda de los comoditties en general y de la soja en particular. Este fenómeno global, combinado con la estructura productiva dependiente de nuestro país, dio como resultado una híper-expansión de la frontera agrícola y el desarrollo de producciones a gran escala (pooles de siembra) sostenidas por grandes terratenientes y grupos empresarios locales y trasnacionales. 

No obstante, aumentar cada vez más la frontera extractivista conlleva altos costos de producción, ya que para ello es necesario un paquete tecnológico que incluye transgénicos, herbicidas, fertilizantes, siembra directa, entre otros aspectos. Al mismo tiempo, los precios de estas innovaciones tecnológicas están en manos de monopolios extranjeros o nacionales subordinados. Estas empresas no sólo controlan el precio, sino también el uso de las semillas a partir de patentes. Ante este escenario, un productor que no encuentra rentabilidad en su campo tiene dos opciones: vender sus tierras a grandes terratenientes o arrendarlo a grandes pooles de siembra. Esto produce una concentración de las tierras cultivables en cada vez menos manos, el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias concentra el 36 por ciento de la tierra, el 55 por ciento de las chacras (las más pequeñas) tiene solo el 2 por ciento de la tierra (INDEC 2020). En este contexto, el lobby del agronegocio agrupado en el Consejo Agro-industrial Argentino, le propone al gobierno nacional un plan federal para ampliar la frontera agropecuaria incorporando más de un millón de nuevas hectáreas para la producción. Esta propuesta fue tomada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la nación bajo el nombre “Iniciativa 200 000 000 de Toneladas de Cereales, Oleaginosas y Legumbres. Reactivación agropecuaria y agroindustrial para una Argentina de Pie”.  En este marco donde las consecuencias ambientales y en la salud son cada vez más notorias y tienen su origen principalmente en el desmonte y en la utilización desregulada de agroquímicos el modelo de desarrollo hegemónico parece ser el que proponen los terratenientes y las exportadoras de cereales. Pero, por lo menos, ¿se producirán más alimentos para combatir el hambre en Argentina? Para nada. Como se dijo antes, se trata de un modelo que no está orientado a satisfacer las necesidades internas. 

El trasfondo del trigo HB4

En este marco, Argentina promueve hoy el desarrollo de avances en el campo de la biotecnología con el objetivo de mejorar sus cultivos para aumentar la productividad del suelo. Estas modificaciones suelen incluir mejoras en términos de resistencia a las plagas o a los plaguicidas que se utilizan para combatirlas, así como a características ambientales particulares. En este sentido, recientemente se ha anunciado la elaboración de una variedad de trigo tolerante a la sequía. La investigación de base fue realizada por investigadores de la UNL y el CONICET. Sin embargo, la producción de la semilla fue tercerizada a la empresa Bioceres. Esto se realizó mediante la venta de la patente a esta empresa que es parte del holding Los Grobo (largamente asociados al modelo de sojización en el país y la región). Fue durante esta faceta de elaboración por parte del privado que se introdujo otra modificación genética con el objetivo de que los cultivos del nuevo trigo sean resistentes a un plaguicida particular (Glifosinato de amonio). 

Este anuncio generó fuerte rechazo de investigadores, organizaciones, movimientos ambientales y público en general. Principalmente, debido a que es funcional a la matriz productiva antes mencionada, que prioriza la ganancia de unos pocos, profundizando las desigualdades económicas y sociales de la mayoría de la población y acrecentando la pérdida de biodiversidad. ¿Quiénes serán los principales beneficiarios de este trigo en un contexto de agricultura sin agricultores? ¿A costa de qué seguiremos aumentando la pérdida de biodiversidad?. Según un comunicado firmado por casi mil científicos y científicas de la región, el avance de la devastación de bosques nativos y humedales “avasalla a las poblaciones rurales, campesinas y comunidades de pueblos originarios, generando la ruptura de entramados sociales, pérdida de infraestructura rural, expulsión de población, y concentración de la propiedad de la tierra y los beneficios que se obtienen de ella, dejando como saldo una invaluable pérdida de saberes y prácticas, de diversidad cultural, biodiversidad y degradación de ecosistemas”.

Por otro lado, la salud y el ambiente se verían perjudicados tanto por el transgénico en sí mismo, como por el uso intensivo y a gran escala del plaguicida. Los transgénicos son organismos que se producen a partir de la incorporación de genes de otras especies con un fin particular, con la utilización de ingeniería genética. Uno de los efectos indeseados del uso de transgénicos en la agricultura (por ejemplo, en la producción de soja), es la contaminación genética que sucede durante la polinización. Esto significa que una parte de los organismos transgénicos se cruza con otras variedades no transgénicas de campos linderos. De este modo, poco a poco se van perdiendo las variedades de semillas tradicionales debido a este proceso, y por imposiciones del mercado. Otro aspecto negativo sería el uso del glifosinato de amonio, un herbicida que según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO) es quince veces más tóxico que el glifosato. ¿Por qué entonces Bioceres incorporó al transgénico la propiedad de resistir a este producto? Debido a la mala prensa del glifosato a partir de estudios que han demostrado su toxicidad, se lo busca reemplazar con este otro plaguicida. Ambos tienen efectos letales y subletales en organismos que contribuyen a mantener la salud del agroecosistema, además de contaminar el agua y la tierra. Y por supuesto, como ya ha sido ampliamente difundido provocan afecciones en nuestra salud. Estos son sólo algunos de los potenciales riesgos a los que nos exponemos con el desarrollo del trigo HB4.

El problema no son los desarrollos biotecnológicos y los avances científicos en sí mismos, sino a costa de qué y a beneficio de quién/es. Este esquema de relaciones entre Universidad, ciencia, tecnología y empresas privadas (en algunos casos monopolios trasnacionales) se repite en distintos espacios académicos pero con la misma lógica de fondo: los conocimientos deben ser puestos al servicio de las necesidades del mercado, con la falsa premisa de proveer alimentos (o medicamentos) al mundo. Los grupos de investigación se ven en muchos casos obligados a ofrecer este tipo de servicios por la falta de presupuesto proveniente del Estado. Pero no sólo los equipos de investigación son permeables a esto, sino también los planes de estudio y lo que aprendemos diariamente en nuestra formación de grado. 

Es necesario destacar que este tipo de transferencia de conocimientos entre sector público y privado es promovido por las estructuras del Estado. La falta de una ley de patentamientos acorde, sumado a la carencia de recursos públicos destinados al desarrollo de las técnicas y a la inexistencia de empresas públicas en el sector de la biotecnología o la farmacéutica conducen a que las innovaciones financiadas por el Estado terminen en manos de actores económicos privados. Estos son los que tienen la puerta de acceso no sólo al financiamiento, sino también a las capacidades de gerenciamiento necesarias para introducir nuevos productos tanto en el mercado local como en el internacional. En el caso del trigo transgénico por ser parte de una “nueva generación” necesita de los avales de los entes reguladores de alimentos de cada Estado para ser comercializados. Esto requiere una capacidad de lobby que sólo las grandes empresas poseen. 

¿Ambiente vs desarrollo?

La contradicción entre desarrollo económico y conservar el ambiente se ha vuelto latente en nuestro país y en el mundo. Esto se debe a dos realidades simultáneas, por un lado, la creciente emergencia climática y la crisis socioambiental que atraviesa el planeta, por otro lado, en todo el Sur Global y en Argentina en particular la creciente demanda global de recursos naturales mercantilizados (commoditties) ha permitido el desarrollo de proyectos económicos antes impensados (Megaminería, Fracking, Monocultivo intensivo de Soja, mega granjas de cerdos, etc.) (Svampa 2012). Ambos fenómenos se han encontrado con la lucha y resistencia de los movimientos sociales ambientales organizados, pero por el otro han contado con la aprobación e impulso de los distintos gobiernos (provinciales y nacionales) que promueven estas iniciativas como “formas de desarrollo”.

Sin embargo, dentro de la lógica del sistema capitalista de producción el costo de reposición de los bienes comunes naturales (como por ejemplo el agua) no está contemplado dentro de la función productiva (es decir no se refleja de manera efectiva el costo de producción). Tampoco se ven reflejados los costos ambientales de este tipo de producción cuyos daños son muchas veces irreparables. Esta idea de depredación de los bienes comunes naturales (que lamentablemente son finitos) fue llevada al extremo al punto tal que hoy el conjunto del planeta atraviesa una emergencia climática (debido al aumento de los gases de efecto invernadero) y afronta una inminente extinción masiva de cientos de miles de especies silvestres. Tan sólo en los últimos 40 años la vida silvestre del planeta se redujo un 58% (WWF 2020). Alrededor del 60% de los mamíferos que pueblan la Tierra son ganado de granja, el 36% restante los representa la raza humana. Eso significa que sólo el 4% de los mamíferos representan a la fauna salvaje del planeta. Además, el 70% de los pájaros son aves de corral y sólo el 30% son salvajes (Bar-On, Phillips, and Milo 2018). En este contexto, se demostró que las pandemias como la actual de COVID-19 están asociadas a la superpoblación humana, la explotación intensiva de animales de corral junto con la depredación de la naturaleza: la pérdida de hábitats naturales debido al extractivismo genera condiciones propicias para el “desbordamiento” de patógenos de especies silvestres hacia los humanos (Carrillo-Avila 2020).

Como señalamos, la enorme explosión demográfica del último siglo constituye una presión constante sobre los bienes comunes naturales y el ambiente. Durante los últimos 50 años, la revolución verde fue promovida por las promesas de una ciencia que posibilitaría la producción de alimentos de manera sustentable para todos los seres humanos haciendo a los cultivos más eficientes y por lo tanto reduciendo la presión sobre áreas naturales (principalmente montes y bosques que son arrasados para dar lugar al monocultivo). Sin embargo, este paradigma innovador no ha tenido en cuenta la llamada paradoja de Jevons o paradoja de la eficiencia. Esta sostiene que mientras más barato es un bien mayor será la demanda sobre este, por lo cual los incentivos para aumentar la producción del mismo crecen. Por lo que, al contrario de lo sostenido por el discurso de la sustentabilidad innovadora, aumentar la eficiencia de los cultivos no ha hecho más que aumentar los incentivos para producir, llevando a mayor deforestación. Esto ha sido demostrado para el caso del aceite de Palma en el cual el incremento de la productividad por hectárea condujo a una mayor demanda del mismo a nivel mundial generando mayores incentivos a los productores para “encontrar más suelo fértil”, lo que condujo a la destrucción de la selva en Malasia. Este es un caso típico en el que las innovaciones tecnológicas, en el contexto de un mercado libre, se vuelven contraproducentes (Hamant 2020). Esto nos debe llevar a repensar la relación entre ciencia, tecnología y desarrollo económico en el contexto del sistema capitalista, y más todavía en el caso de países dependientes como el nuestro.

¿Hacia dónde queremos ir?

El caso del trigo transgénico con tecnología HB4 nos sirve como disparador para pensar las consecuencias del paradigma científico productivo imperante y su relación con el ambiente. Cuando hablamos de crisis climática y socioambiental se suele depositar su solución en el progreso científico (el descubrimiento de nuevas formas de energía, de cultivos más eficientes, nuevos materiales sintéticos, etc.). Sin embargo, observamos que, para el caso de las innovaciones en materia biotecnológica, en el contexto del sistema capitalista de producción, estas innovaciones no condujeron a un uso más eficiente de los recursos sino a un uso más intensivo de los mismos, de la mano de una tremenda extensión de la frontera agropecuaria.

En el contexto descripto no podemos pensar en un modelo de desarrollo basado únicamente en el crecimiento económico a toda costa, sin contemplar el uso equilibrado de nuestros bienes comunes. Toda política económica que fomente solamente actividades productivas basadas en la extracción intensiva de materias primas o commodities con el fin único de obtener divisas para equilibrar la macro nos condena al fracaso y a la catástrofe socioambiental que ya estamos viviendo. Esto se debe principalmente a que este tipo de “modelos de crecimiento dependientes” omiten del debate la planificación a mediano y largo plazo de una reestructuración de la matriz productiva y se subordinan a intereses de corto plazo, como por ejemplo hacer frente al pago de la deuda externa. Sumado a esto permiten la captura de los avances científicos y tecnológicos financiados por el Estado por parte de monopolios trasnacionales reforzando nuestro rol subordinado en la economía mundo capitalista. Esta apropiación privada de recursos públicos podría evitarse si existiera una ley de conocimiento científico y de patentes acorde, financiamiento necesario para el desarrollo nacional de los mismos mediante el fomento de empresas públicas dedicadas a la innovación tecnológica (un modelo para seguir podría ser el caso de INVAP). Esta situación de vulnerabilidad nos priva de aprovechar de manera efectiva las regalías que se producen por las patentes tecnológicas y delega la capacidad de control y regulación de su uso en privados que sólo los motoriza la búsqueda de ganancias.

Otras regulaciones interesantes son aquellas que condicionan el uso de semillas más eficientes a una reducción de la superficie cultivada, donde los productores se comprometen a una mayor rentabilidad por hectárea a cambio de reducir la superficie utilizada.

Sin embargo, el desafío para Argentina es grande, el contexto de dependencia actual, reforzado por una incesante pérdida de soberanía agravada durante los 4 años de macrismo colocan fuertes restricciones a la capacidad de respuesta del Estado que se enfrenta a poderosos enemigos internos (terratenientes y monopolios) y poderosos enemigos externos (fondos de inversión de riegos, FMI, BM, etc). A pesar de esto, la crisis socioambiental ya está causando estragos en poblaciones vulnerables y crecen las luchas populares para resistir y transformar este modelo que nos enferma y que depreda el medio ambiente. Afortunadamente, siguen emergiendo propuestas por parte de intelectuales y de movimientos socioambientales latinoamericanos y de todo el mundo. Son interesantes los aportes y debates en torno al llamado “Green new deal”. O por ejemplo, el Pacto eco-social del sur propone, entre otras cosas, una reforma tributaria solidaria y el no pago de la deuda externa en países del Sur Global debido, en parte, a la deuda ecológica y social de los países imperialistas desde épocas coloniales. Hay que seguir construyendo y apostando por este camino si queremos mejorar el presente y sobre todo el futuro de las próximas generaciones en términos socioambientales. 

Referencias bibliográficas

Bar-On, Yinon M., Rob Phillips, and Ron Milo. 2018. “The Biomass Distribution on Earth.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 115(25):6506–11.

Carrillo-Avila, J. A. 2020. “Emerging Viruses and New Zoonoses. Lessons Learned from a Pandemic.” Actualidad Medica 105(809):7–10.

Hamant, Olivier. 2020. “Plant Scientists Can’t Ignore Jevons Paradox Anymore.” Nature Plants 6(7):720–22.

INDEC. 2020. Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados Preliminares. Agricultura.

Ivars, Jorge Daniel. 2013. “¿Recursos Naturales o Bienes Comunes Naturales?: Algunas Reflexiones.” Papeles de Trabajo – Centro de Estudios Interdisciplinarios En Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural (26):88–97.

Maristella, Svampa. 2012. “Consenso de Los Commodities, Giro Ecoterritorial y Pensamiento Crítico En América Latina.” 1–25.

WWF. 2020. Informe Planeta Vivo 2014 Revertir La Curva de La Pérdida de Biodiversidad. Resumen.

*Luciano Moretti: Doctorando en Estudios Sociales (UNL). Lic. en Ciencia Política (UNL). Diplomado superior en Desarrollo local, territorial y economía social (Flacso).

*Cintia Palavecino: Doctoranda en Ciencias Veterinarias (UNL). Lic. en Biodiversidad (UNL). Integrante de la agrupación de estudiantes y graduadxs, ConCiencia Crítica (UNL).

Cuidar el ambiente con información y participación

Por Lic. Edith Liquitay*

Argentina ratificó el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”[1]

El 24 de septiembre de 2020 Argentina la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley que fue discutido previamente en Senadores. Argentina es el décimo país que ratifica el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” (más conocido como “Acuerdo de Escazú”), firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica.

Al igual que otros acuerdos internacionales, el acuerdo Escazú compromete a distintos países a cumplir, respetar, difundir, fomentar y gestionar medidas que no solo contribuyan con el cuidado del ambiente sino además, compromete a las Naciones hacer parte a la población de las medidas a tomar.

Hay 3 aspectos principales: la información, participación en el proceso político de decisión de los temas con impacto ambiental y el acceso a recursos judiciales. Compromete a los Estados involucrados a actualizar las normas de seguridad en los procesos que puedan afectar el ambiente y el bienestar de los recursos.

Un momento caliente para América Latina

La creación de un tratado que incluya toda la región de Latinoamérica y el caribe es de suma importancia ya que el 22% de los bosques en el mundo se concentran en esta zona, en los últimos 20 años se ha perdido más de 1 millón  de kilómetros cuadrados se ha extinguido.     Además tenemos una gran biodiversidad, pero más del 23% de las especies se encuentra en peligro de extinción.

La explotación de recursos no renovables como los recursos minerales, sin las medidas de seguridad ambiental necesarias, antes y ahora ocasionan grandes perjuicios a las poblaciones locales y la gran diversidad de especies presentes o cercanas a los distintos emprendimientos.

La quema de grandes extensiones de bosque en los distintos ambientes de la región, cercanos a humedales, a los ríos o en el corazón de la Amazona, son noticia en estos meses, lo cual es muy preocupante, es conocido además las intenciones de instalar negocios inmobiliarios, sin precaución alguna, desplazando y diezmando no solo la vegetación sino también todas las formas de vida presentes y destruyendo procesos ecosistémicos que tardan muchos años en recuperarse, rompiendo equilibrios que no retornan. Lo cual tiene graves consecuencias a corto, mediano y largo plazo

Un acuerdo por el ambiente

Solo falta una ratificación más para que el tratado entre en vigencia. Argentina es el décimo. Los otros países que ratificaron el tratado son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

El objetivo del Acuerdo se encuentra establecido en su artículo 1:

“El objetivo del presente Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

Para cumplir con esas finalidades, en el artículo 3 se determinan principios que deben guiar a los Estados parte en la implementación del Tratado: principio de igualdad y principio de no discriminación;  principio de transparencia y rendición de cuentas; principio de no regresión y principio de progresividad, principio preventivo y precautorio,  principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales

Se contempla una serie detallada de deberes del Estado para garantizar y promover la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. En este sentido, como premisa, exige: “Cada Parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional”.

Esa participación debe ser posible “desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos. A tal efecto, cada Parte proporcionará al público, de manera clara, oportuna y comprensible, la información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones”.

Además, reconoce que “El derecho del público a participar en los procesos de toma de decisiones ambientales incluirá la oportunidad de presentar observaciones por medios apropiados y disponibles, conforme a las circunstancias del proceso. Antes de la adopción de la decisión, la autoridad pública que corresponda tomará debidamente en cuenta el resultado del proceso de participación”.

Justicia ambiental es justicia social

Cada Parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso. En el marco de su legislación nacional, el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y el procedimiento:

Cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental;  la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales; y cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente.

Para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, cada Parte, considerando sus circunstancias, contará con: órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental; procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos; legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, de conformidad con la legislación nacional;  la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales para, entre otros fines, prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente; medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, cuando corresponda y sea aplicable.

Otro aspecto interesante es el mencionado: Mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la restitución al estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación.

Para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, cada Parte atenderá las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita.

Defender a los que defienden el ambiente

Escazú es el primer tratado a nivel mundial en contener disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales Entre otras cosas, el Tratado contempla previsiones para proteger a defensores de derechos humanos en el marco de conflictos ambientales y un mecanismo de solución de controversias entre Estados que permite elegir entre: “el sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia; el arbitraje de conformidad con los procedimientos que la Conferencia de las Partes establezca”.

Reconocer, respetar y promover los derechos de quienes defienden el ambiente, el territorio y a las especies.  Este no es un punto menor ya que en América Latina, el caribe y en nuestro país, en los últimos años se han producido gran cantidad de asesinatos de líderes ambientalistas y referentes ecologistas.

Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

Hecha la ley…..

Cada Estado, de acuerdo a sus condiciones y capacidades, podrá: formar y capacitar en derechos de acceso en asuntos ambientales a autoridades y funcionarios públicos; desarrollar y fortalecer programas de sensibilización y creación de capacidades en derecho ambiental y derechos de acceso para el público, funcionarios judiciales y administrativos, instituciones nacionales de derechos humanos y juristas, entre otros.

Para facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos ambientales, cada Parte establecerá: medidas para reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia; medios de divulgación del derecho de acceso a la justicia y los procedimientos para hacerlo efectivo;  mecanismos de sistematización y difusión de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan; y el uso de la interpretación o la traducción de idiomas distintos a los oficiales cuando sea necesario para el ejercicio de ese derecho.

En síntesis ser el décimo país en ratificar este acuerdo es un avance en materia ambiental. Es momento de tomar medidas orientadas en este sentido para desacelerar el ritmo de explotación de recursos no renovables, mal uso de recursos renovables y respetar los ciclos de los distintos ambientes. Es una forma de no genera más catástrofes ambientales que afectan el normal funcionamiento de las poblaciones y  el desarrollo. Convivir en armonía con el ambiente es una manera de limitar próximas pandemias.

*Edith Liquitay: Licenciada en Biología, Docente de la UNSJ. CIEESJ


[1] https://classactionsargentina.files.wordpress.com/2020/09/acuerdo-de-escazu.pdf

La huella ecológica china

Por Andrés Carignano y Germán Mangione*

El debate sobre la instalación de mega granjas chinas en nuestro país puso sobre la mesa el costo ambiental de la inversión extranjera. En esta nota repasamos la “huella ecológica” de la inversión china en América Latina y en particular en Argentina.


Se ha hablado mucho en los últimos meses sobre el impacto ambiental de las inversiones chinas en el sector porcino, un tema que todavía no se ha concretado, pero que reúne los grandes problemas estructurales de la República Argentina: la dependencia al extranjero, la concentración de la producción en pocas manos y una forma de producir poco sustentable ambiental y socialmente.

Sin embargo, el sector porcino no es el único que genera debates sobre los impactos de los negocios Chinos en Argentina y el continente. En América Latina, las inversiones chinas se concentran principalmente en tres sectores: extracción de recursos naturales, obras de infraestructura y exportación de materias primas. Y en tres productos: petróleo, minerales y productos agrícolas. Los proyectos son financiados por bancos privados y estatales del país asiático y son ejecutados por empresas chinas, muchas veces en consorcio con empresas locales.

Con el reciente anuncio de una posible incorporación de Argentina a la Iniciativa de La Franja y La Ruta, vale la pena repasar algunos antecedentes del gigante asiático en nuestra región.

De la semilla al puerto

China es el mercado de alimentos más grande del mundo. Concentra el 22% por ciento de la población mundial y una creciente clase media que cambia sus pautas de consumo.

Para el Gobierno Chino el abastecimiento de alimentos de calidad es un pilar fundamental de su política interna. Pero China tiene problemas para producir todo lo que necesita.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario

Además del atraso tecnológico de la producción agrícola china, el problema del autoabastecimiento tiene su raíz en el proceso acelerado de industrialización vivido en China en las últimas décadas que se hizo sobre la base del más absoluto desprecio del medio ambiente y los impactos ecológicos de ese desarrollo.

Nuestra región ya representa una tercera parte de los alimentos importados por China. En los 10 años anteriores, las exportaciones agroalimentarias de América Latina y el Caribe hacia China aumentaron a 13 por ciento desde 5.6 por ciento del total, tendencia que se explica principalmente por el aumento de los embarques desde el Cono Sur hacia China.

Según la FAO la agricultura intensiva y su impacto en el uso de la tierra (como la deforestación) son las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, con cerca del 21% del total mundial. Y las estimaciones proyectan que para 2050 se requerirá un incremento del 50% en la producción de alimentos, piensos y biocombustibles para suplir las necesidades de una población de 9.700 millones de personas

La producción de soja, como principal producto agrícola del mundo, forma parte de un sistema técnico-productivo integrado, que incluye semillas genéticamente modificadas, como la soja Roundup Ready (RR), siembra directa, cosechas mecanizadas, herbicidas (glifosato) y fertilizantes. El famoso “paquete tecnológico” que impulsa al monocultivo y ha implicado inocultables impactos ambientales en toda la región.

Desde los impactos directos a la salud provocados por las fumigaciones y la aplicación de los agroquímicos, hasta la modificación de los ecosistemas naturales que han cedido lugar al avance de la frontera sojera.

En este proceso China no es solo impulsor del monocultivo por ser el principal comprador de lo que produce nuestro subcontinente, sino que también es uno de los principales proveedores de los agroquímicos utilizados para este tipo de cultivo como es el caso del glifosato y el gran inversor en el desarrollo de toda la cadena de producción y exportación primaria.

China salió al mundo a buscar sus fuentes de alimento y el balanceado para sus animales y a su paso impulsó un modelo de agricultura que ha demostrado no ser sostenible ambientalmente. Pero no sólo lo impulsa como comprador sino que participa en todos los negocios de la cadena de suministro, modificaciones genéticas, producción, distribución y comercialización.

Las represas y las inundaciones

En la Patagonia Argentina se encuentra uno de los principales proyectos de obra pública gestados durante el kirchnerismo con un presupuesto de 4.770 millones de dólares. Hablamos de la construcción de represas hidroeléctricas en Santa Cruz, a cargo de un consorcio entre la empresa argentina Electroingeniería y la china Gezhouba Group Corporation. El 85% del financiamiento es realizado por el Estado Chino y bancos privados chinos. Es la inversión extraterritorial más grande de China en el sector hidroeléctrico.

Los cuerpos de agua potencialmente afectados por la obra son el Lago Argentino, los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala y el Parque Nacional Los Glaciares, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Desde el comienzo de la construcción se denunciarongravísimas deficiencias y omisiones técnicas e informativas de Evaluación del Impacto Ambiental”. A su vez realizado por una empresa que no estaba habilitada para hacerlo y cuyo ex Presidente, el Ing. Jorge Marcolini era, al mismo tiempo, funcionario del Ministerio que debía evaluarlo.

La aprobación se dio de manera tan apresurada que imposibilita que organismos técnicos como el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA) y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) tuvieran tiempo suficiente para efectuar un análisis de los impactos ambientales.

Macri insinuó al comienzo de su gobierno que iba a revisar esas adjudicaciones, a las que denominó “un monumento a la corrupción”, con la intención de desplazar al grupo económico Electroingenieria, vinculado al kirchnerismo, por grupos afines. En ese camino recibió a Cristine McDivitt, viuda del empresario fallecido Douglas Tompkins, y a Sofía Heinonen, referente de Conservation Land Trust, una ONG fundada por el norteamericano.

En ese encuentro, Macri les preguntó qué pensaban sobre las represas que se están construyendo sobre el río Santa Cruz y, luego de que ambas mujeres manifestaran su oposición, el Presidente supuestamente declaró: “Hicimos un estudio y vimos que las represas están en el puesto número veinte entre las mejores formas de conseguir energía. Es decir, antes hay 19 opciones más viables, limpias y económicas (…) Vamos a intentar pararlas”.

Pero la presión del gobierno chino hizo que los planes cambiaran. En la primera visita a China del ex-presidente, el gobierno de Xi Jinping afirmó que si no avanzaba la obra hidroeléctrica se caería el financiamiento del Belgrano Cargas, ya que ambos créditos estaban “cruzados” por una cláusula Cross Default.

Tras la vuelta a la argentina del ex mandatario, se realizaron a las apuradas las audiencias requeridas por los grupos ambientales, en las que la mayoría de las organizaciones se manifestaron en contra de la obra, y se reactivó la construcción.

Por otro lado Gezhouba, la empresa china que construirá las represas y se transformó en la contratista extranjera más grande de Argentina, fue sancionada por el Banco Mundial, tras reconocer “mala praxis” en proyectos sobre agua, recuperación tras terremotos y gestión de las inundaciones.

La sanción, por mal desempeño en proyectos de agua y gestión de las inundaciones, cobra relevancia en Argentina si se tiene en cuenta que para la realización de la obra, es necesario inundar una gran parte del territorio que rodea el proyecto

Megaminería

La minería metálica a gran escala es una de las actividades más destructivas tanto ambiental como socialmente. Es responsable de la ocupación y militarización de territorios en todo América Latina, el desplazamiento forzoso de poblaciones y la contaminación de suelo productivo y fuentes de agua.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina registra 277 conflictos sociales abiertos en la región. La respuesta a la resistencia de los pobladores ha sido la sistemática criminalización de la protesta, la persecución y el asesinato de cientos de originarios y campesinos.

Las empresas y los financistas chinos son uno de los actores con más crecimiento de las últimas décadas y han generado enormes daños en todo el subcontinente. Un informe del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), estudió 18 proyectos de capitales Chinos en el sector minero, petrolero e hidroeléctricos. De éstos, 12 se encuentran en la región amazónica, 15 en territorios indígenas, 11 en áreas protegidas naturales y cinco en áreas declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.

Este informe fue presentado en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) realizado en 2019 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas donde China reconoció los reclamos.

En Argentina, donde se extrae principalmente Cobre, Oro y Plata, están abiertos 28 conflictos mineros. En nuestro país, China es el segundo inversor con mayor presupuesto exploratorio asignado a proyectos de minería, con un gran crecimiento en la adquisición y fusiones de empresas ya existentes.

Empresas como China Metallurgical Corporation y Jinchuan realizan actividades exploratorias en Neuquén, Catamarca, Jujuy y Salta. En 2017 Shandong Gold compró el 50% de la mina Veladero a Barrick Gold en San Juan, reactivando una mina que debió cesar actividades luego del derrame de agua cianurada con oro y plata e impulsando exploraciones en toda la zona del Cinturón de El Indio.

Devastación de la pampa azul

El Mar Argentino y la zona del Atlántico Sur es uno de los lugares con mayor pesca ilegal del planeta y con mayor concentración de barcos que operan de manera no regulada. Principalmente para la captura de calamares gigantes y merluza. Esta pesca no está registrada, no posee observadores ni respeta la temporada de pesca, tampoco acata regulaciones sobre tamaños, especies y métodos no destructivos.

Este año, se capturaron tres buques que se encontraban pescando ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina, dos de ellos pertenecientes a empresas chinas. Sin embargo, son la minoría los buques que ingresan al territorio argentino, la mayoría explota la zona justo a fuera del límite de la plataforma continental.

Esta región del Atlántico sur es de las pocas en el mundo que no está regida por ninguna Organización Regional de Ordenación Pesqueras (OROP), organismos intergubernamentales que establecen medidas de conservación y administración en zonas de altamar.

Esto implica la extracción de un millón de toneladas anuales de recursos pesqueros por parte de buques extranjeros subsidiados (chinos, españoles, taiwaneses, etc.) con o sin licencia ilegal británica. No sólo implica la explotación desmedida de nuestros recursos sino también pérdidas anuales aproximadas de unos 2 mil millones de dólares en alimento, equivalentes a 14 mil millones de dólares en su forma de producto final y unos 50 mil puestos de trabajo.

Y la situación para la Argentina va camino a empeorar. Según el Dr. César Augusto Lerena,  Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, “un puerto chino, próximo a inaugurarse en Uruguay, le facilitará la logística a los buques de ese país que capturan en la Zona Económica Exclusiva Argentina y fuera de ella en forma ilegal, y el acceso a la Zona Común de Pesca de Argentina-Uruguay a los buques chinos. Léase: el Atlántico Sur estará en manos de los chinos. Se profundizará la sobreexplotación del recurso y la contaminación ambiental, por la instalación del citado puerto en el Río de la Plata y por la falta de estudios ambientales previos de las licitaciones offshore petroleras de Argentina y las exploraciones que igualmente el Reino Unido realiza en las aguas ocupadas de Argentina”

Las intenciones y la realidad

El Estado Chino ha publicado innumerables lineamientos destinados a sus bancos y empresas en el extranjero con el fin de evitar y mitigar los impactos sociales y ambientales.  Sin embargo, hasta ahora ninguno de éstos han sido vinculante ni presenta límites concretos al accionar de las empresas, han quedado en la esfera de “recomendaciones”.

En la otra cara de la moneda, los gobiernos de los países receptores han privilegiado la llegada de las inversiones a cualquier costo, sin poner límites reales a la voracidad del extractivismo. El caso de las mega granjas porcinas en Argentina es un buen ejemplo del rol de la movilización social en empujar a los Estados a poner estos temas en la mesa de negociación. Se logró que se posponga el acuerdo para pedir que incluya cláusulas de protección medioambiental. Que probablemente sean también meras buenas intenciones.

Está claro que las inversiones chinas no son las únicas contaminantes en nuestra región, ni mucho menos. Sin embargo, es importante señalar que así como la primarización de la producción traslada el trabajo a los países centrales, las inversiones de las potencias como China en nuestra región trasladan costos ambientales de la producción primaria a nuestros territorios.

Datos a tener en cuenta a la hora de analizar los costos de las relaciones con China, que no se reduce al déficit comercial, la reprimarización, o la dependencia, sino que también alimenta una crisis ecológica, que es cada vez es más cercana y evidente.

*Miembros del Observatorio de Actividad de los capitales chinos en Argentina y América Latina.

www.chinaenamericalatina.com

Lagrimas de ceniza (Fotoreportaje)

Fotos: Sebastian Pancheri. Texto: Germán Mangione

Cuando llegan las imágenes del desastre, los mares de ceniza que deja el fuego en su paso por nuestro delta, por nuestras islas, algunos en la desazón que produce ver la destrucción de nuestros ecosistemas pueden olvidarse que allí también se consume la vida, y el modo de vida de los habitantes autóctonos: los isleños.

Una vida oculta muchas veces a la mirada del visitante, a los que vamos “un ratito” de la extensa vida del delta. Pescadores, puesteros de campos ajenos, pequeños productores.


Que aman con profundidad su ambiente, no solo para conservarlo sino porque es su fuente de vida, en el sentido más básico y esencial del término.
Pescadores de toda la vida, testigos fieles de tantas crecidas, ven atónitos la dimensión del fuego devorador que no deja nada vivo a su paso.

El fuego que se devora los humedales que calcina la flora y la fauna, amenaza también llevarse la vida, y lo que es peor, la fuente de vida de decenas de familias asentadas hace décadas en la zona.


El río bajo se llevó la pesca abundante y el fuego ahora se lleva la comida de los animales. Con mirada de plegaria, muchos de ellos nacidos y criados en ese “ecosistema”, repiten como un mantra “todo depende de la lluvia”.


Y para el que vive acompasando los ciclos naturales no es ninguna novedad, que la mano del hombre llega a veces solo para hacer daño. Y la mano del estado que se espera virtuosa y protectora, aparece lejana, ausente y tarde.


En muchos casos el fuego que amenazó los ranchos los agarró solos y desprevenidos. Pispeando de noche por la ventana que el viento no jugara una mala pasado y se llevara de un plumazo el esfuerzo de toda una vida.


Pero a la ausencia del estado en la emergencia la emparcho, como pudo, la solidaridad. La de los vecinos y la de los voluntarios que vinieron de a decenas con baldes, picos y palas a tratar de empatarle a la catástrofe y salvar lo que se pueda.

Todos, propios y extraños, a esta altura están claros que el islero no quema así, ni en esta época. El conocimiento que solo da el tiempo y el trabajo entiende que la llamas tienen su origen en un cóctel indiciario compuesto de un rió con una bajante histórica, una sequía de las bravas, algunos descuidos y también, por supuesto, malas intenciones.

Y ahí andan, con la esperanza de que el delta vuelva como el fénix, resurja como hizo siempre. Asfixiados por el humo, por la ceniza que quema el suelo, y quema el alma, todo el tiempo lagrimeando……y no solo por el humo.

Nos cuentan que el que no conoce la isla, viene cuando está bajo y le da ganas de invertir y hacer cosas. Pero pocos saben que cuando crece el agua los únicos que quedan son los isleños.

Y que cuando el agua baja (o en este caso el fuego se vaya) son los que vuelven a empezar de cero, con la mirada mansa que entiende de tiempo y de perderlo todo más que cualquiera.

*Germán Mangione: periodista, investigador de temas vinculados a la agroindustria y el comercio exterior. Editor del Observatorio de Actividad de los Capitales chinos en América Latina.

*Sebastián Pancheri. IG:@Bastian _ Baltazar

Ambiente y Covid ¿delfines en el riachuelo?

Por Edith Liquitay*

En el marco de la pandemia que atraviesa el mundo por el virus COVID-19, se abren profundos debates principalmente vinculados a la salud y la economía, en los distintos niveles; subyacen otros que es oportuno abordar como el impacto ambiental.

Planteo dos aspectos: uno tiene que ver con las consecuencias de la pandemia vinculadas al ambiente de forma directa y otro más profundo que es sobre el desarrollo sustentable en armonía con el ambiente. Consecuencias de esta pandemia aún no se puede determinar porque estamos en medio de su curso, la comunidad científica aún no puede determinar cuánto tiempo más la situación de alerta continúe.

Noticias sobre el ambiente han circulado en este tiempo, haciendo referencia a una cierta mejoría de la calidad del aire o la actividad de algunas especies animales que “invaden” centros urbanos o autopistas, los canales de Venecia en los cuales el agua se torna cristalina y retornan los peces, también sobre la capa de ozono y la reducción de gases denominados gases de tipo  invernadero. Es importante analizar algunos aspectos que circundan este tema y profundizar un poco más.

La situación ambiental en el marco de la pandemia

Podemos señalar dos aspectos uno principal y otro secundario. El principal hace referencia a lo que ocasiona en verdad el perjuicio al ambiente. En términos técnicos podemos decir que las principales causas de la contaminación del aire, están relacionadas con la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas. La combustión de estas materias primas se produce principalmente en los procesos o en el funcionamiento de los sectores industrial y del transporte por carretera. El agua -un recurso vital no renovable- es utilizada de forma desmedida y a su vez las grandes industrias vierten desechos tóxicos de forma directa a fuentes de agua potable, como ríos, y también efluentes líquidos en agua salada como el mar que contiene el 97% de agua del planeta tierra.

El aspecto secundario, considero, son los hábitos de los humanos o la forma de vida de las poblaciones en general, que van en desmedro de la utilización de los recursos naturales y está estrechamente ligado a la forma y condiciones de vida de grandes conglomerados urbanos.

Siguiendo el aspecto principal sobre este tema, podemos denominar de forma amplia “Deterioro del ambiente”, abro interrogante: ¿Quién o quiénes son los verdaderos responsables?

Dentro de un sistema integrado, cuando un elemento es afectado lo es el sistema en su totalidad, al igual que en todo sistema vivo, hay acciones y  efectos que pueden resultar mucho más nocivos que otros. Por este motivo considero aspecto secundario los hábitos de las personas y principal las acciones de la industria en desmedro del ambiente.

La situación ambiental es crítica y hay numerosos informes que ponen al cambio climático como elemento alarmante, que la temperatura global alcance un grado centígrado y que existe el riesgo de que se incremente a 1,5 entre 2030 y 2052 de continuar el ritmo actual de emisiones de gases de efecto invernadero, incumpliendo, por tanto, el Acuerdo de París.[1]

La producción y utilización, de las compañías de petróleo y gas, acapara más de la mitad de las emisiones mundiales, unas 17.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes al año, que están asociadas al consumo de energía, recoge un informe reciente de la organización sin ánimo de lucro Carbon Disclosure Project (CDP). El problema no radica tanto en la contaminación directa, sino en la indirecta: el 90% de la huella de carbono proviene del consumidor final, destaca el estudio como elemento clave de mejora de la sostenibilidad de esta industria, dado que la mayoría de las grandes petroleras cotizadas lo excluye de sus análisis ambientales.

Números concretos: gracias a la información obtenida a través del análisis de las huellas de carbono emitidas por 500 empresas gracias a la colaboración de The Carbon Disclosure Project y del Instituto de Responsabilidad Climática[2], se realizó un listado con 12 empresas que utilizan carbono, gas y petróleo. Considerando que emiten 8.4 billones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) y la utilización de estos elementos son responsables del 22% de las emisiones globales.

Las 12 empresas juntas emiten más dióxido de carbono que Estados Unidos, Japón y Rusia en conjunto.RTCC.org hizo una lista con pequeños datos relacionadas a ellas:

1. Gazprom – 10.7%  Esta empresa Rusa, propiedad parcial del Kremlin desde su privatización en 1989, es el más grande extractor de gas natural del mundo.

2. Coal India – 7% La mina de carbón estatal de India es el mayor productor de este mineral en el mundo. Produce cuatro quintas partes del total nacional de ese país.

3. Glencore Xstrata – 6,9% El operador anglo-suizo de materias primas es la mayor compañía del mundo en el sector minero, con 220 mil millones de dólares de ingresos en 2014.

4. Petro China – 6,9% El mayor productor de petróleo y gas de Asia, Petro China, ha invertido grandes sumas de dinero en África, con proyectos en Sudán y Angola.

5. Rosneft – 6% El mayor productor de petróleo de Rusia tiene operaciones de perforación desde Siberia a Chechenia.

6. Shell – 5,8% La anglo-holandesa Shell produce 3,1 millones de barriles de petróleo al día en más de 70 países. Recientemente fue criticado por sus planes de perforación del Ártico.

7. Exxon Mobil – 5,8% La empresa americana opera desde hace 125 años. Es una de más poderosas del mundo y está detrás de uno de los peores derrames de la historia de la costa de Alaska en 1989.

8. Total – 5,1% El gigante francés de petróleo y gas emplea a más de 100 mil personas en sus diversas operaciones, y obtuvo un beneficio 8,4 mil millones de euros en 2013.

9. China Petroleum & Chemical Corp. – 5,1% La mayor refinadora de Asia, Sinopec, cuenta con más de 30 mil estaciones de servicio en el país, y tuvo ingresos de 397 mil millones de dólares en 2011.

10. Petrobras – 4,9% El engrasador estatal de Brasil ha disparado a la cima de la agenda política del país en medio de una investigación de corrupción que infligió más de 7 millones de dólares de pérdidas en 2014.

11. BP – 4,1% British Petroleum bombeó 3,2 millones de barriles al día en 2014, mientras que su huella de carbono se redujo un 36% entre 2010 y 2013, según el informe. En el 2010, un escape provocó una explosión en la plataforma petrolífera semisumergible Deepwater Horizon en el Golfo de México. Tuvo graves consecuencias ecológicas en ocho parques nacionales de Estados Unidos, afectando a unas 400 especies, entre ellas algunas en peligro de extinción.

12. Chevron – 3,6% La empresa de aceite americana la segunda más grande en este rubro en Estados Unidos, luego de invertir 40 billones de dólares el año pasado. Fue fundada en 1879 después del descubrimiento de petróleo en California.

Estos son números concretos que muestran algunas de las industrias más nocivas para el ambiente, industrias que en su mayoría, no cesaron su producción. Las medidas tomadas en el marco de la pandemia: restricción en los vuelos aéreos, cese de la actividad en algunas otras fábricas, pasteras, mineras paralizadas, restricciones estrictas de colectivos de larga, media y corta distancia, cuarentena obligatoria y aislamiento social preventivo implica que cientos, miles y millones de personas en el mundo se encuentran aislados en sus casas y no circulen en sus autos, por lo tanto las emisiones de gases tóxicos, gases de efecto “invernadero”, disminuyen de forma considerable, también el transporte marítimo; todas actividades que emanan gases tóxicos al ambiente, gases con los cuales convivimos de forma cotidiana y pasa casi de forma desapercibida, pero producen consecuencias en nuestro organismo a mediano y largo plazo. Hay ciudades que conviven con el smog de forma mucho más acentuada y es alarmante.

Pero las industrias que tienen mayor incidencia económica no cesaron y lo principal para ellos es la economía y no la salud humana, ni la salud de sus trabajadores quienes son considerados un recurso más, recursos tecnológicos, humanos y energéticos son contemplados en el mismo rango de importancia y para las grandes industrias que ponderan sus producción todos los recursos utilizados son descartables en pos de generar sus enormes ganancias, en esto se resume es el sistema de producción capitalista en la actualidad.

Convivencia en un mismo ambiente

¿Somos los seres humanos la especie más nociva para el ambiente? NO. Si conocemos brevemente la convivencia que tienen las comunidades originarias con el ambiente, nos podremos dar cuenta que no lo somos. Porque al afectar el ambiente nos perjudicamos nosotros mismos. Los efectos del cambio climático en la salud han estado entre los principales temas de discusión en los últimos años e incluyen el aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, golpes de calor, problemas de salud mental, enfermedades transmitidas por vectores y desnutrición. Una parte de todos los efectos indirectos, sobre la salud es causada ​​por el aumento de la pobreza, la migración masiva y los conflictos violentos. El efecto de la pérdida de biodiversidad en la salud está mediado por mecanismos complejos. Entre ellos, la pérdida de polinizadores pone en peligro la seguridad alimentaria y nutricional.

En el marco de la situación mundial, hay avances no solo con debates sino también con algunas medidas, por ejemplo el tráfico ilegal de animales, algo que en países como China es parte de su cultura, por sus famosos platos exóticos, al generar marcos legales que regulan este tráfico de animales y prohibir algunas, se retrocede con el peligro de extinción de ciertas especies animales, saldo positivo para el ambiente. Esto no es un tema menor ya que aproximadamente, la mitad de las enfermedades infecciosas emergentes de origen zoonótico que ocurrieron en el siglo pasado fueron el resultado de cambios en el uso de la tierra, las prácticas agrícolas y la producción de alimentos

Previo a la pandemia se generó un interesante debate a nivel mundial sobre el deterioro ambiental y las acciones de los Estados respecto a regular actividades consideradas más contaminantes. La actual situación mundial hizo, por supuesto, que este debate pasara a segundo plano. Pero merece un análisis la utilización de los recursos presentes en el ambiente y las consecuencias de acciones humanas, diferenciando desde ya el peso que tiene dejar de utilizar el auto particular y dejar sin funcionamiento a las industrias más contaminantes en el mundo.

Hay avances en este plano, el compromiso generado por ejemplo en el Acuerdo de París que tiene por objeto aumentar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático y lograr que las corrientes de financiación sean coherentes con un nivel bajo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y una trayectoria resistente al clima. Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, es preciso establecer un marco tecnológico nuevo y mejorar el fomento de la capacidad, con el fin de apoyar las medidas que adopten los países en desarrollo y los países más vulnerables, en consonancia con sus propios objetivos nacionales, y movilizar y proporcionar los recursos financieros necesarios.

Estos son acuerdos internacionales que dictan normas muy ambiciosas y requiere un concreto compromiso por parte de los Estados, invertir en energías alternativas es una línea, exigir a las empresas respetar ciertas condiciones de producción, contemplando los perjuicios que pueden generar a corto, mediano y largo plazo, al ambiente y a sus propios trabajadores.

El restablecimiento de la economía es la preocupación de todos, las vidas no se recuperarán y el ambiente solo tuvo un respiro, pasada esta pandemia retomar el curso a la “nueva normalidad” implicara replantear muchos aspectos, entre ellos la distribución versus la concentración de las riquezas, el uso descomunal de los recursos naturales, la utilización de mano de obra al menor precio, la calidad de vida de las personas, esto y mucho más.

Desarrollar la producción y el avance tecnológico en armonía con el ambiente ¿Es posible? Este es un gran debate, que merece un análisis posterior.

*Edith Liquitay. Licenciada en Biología. Docente en la Universidad Nacional de San Juan. Integrante del CIEESJ (Centro Integral de Estudios Estratégicos San Juan)

Ilustración: Ana Clara Reinhadt (IG: @aclaradibuja)


[1] Acuerdo de Paris: El Acuerdo de París se basa en la Convención y, por primera vez, hace que todos los países tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a hacerlo. Traza un nuevo rumbo en el esfuerzo climático mundial.

[2] https://www.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/corporate/Reports/global-500-greenhouse-gas-report-fossil-fuel-energy-sector.pdf

La llama que rebalso el vaso (Fotoreportaje)

Fotos: Sebastian Pancheri. Texto: Germán Mangione

Rosario no es en estos momentos, uno de los lugares más fáciles de vivir. Al aumento de los caso de COVID-19, que hasta ahora mirábamos bastante de lejos, el reinicio de la guerra narco policial tras el relajamiento de la cuarentena y el record de femicidios y denuncias de violencia contra la mujer….se le sumó el humo.

Ese humo al que ya estábamos acostumbrados algunos días al año, emanándose desde gigantescas columnas de fuego sobre las islas entrerrianas que pueblan el Paraná frente a nuestras costas.

Pero esta vez fue demasiado. No solo porque en medio del encierro de la cuarentena aparece como un enemigo invasor de los hogares, que hace aún más difícil y menos llevadero ese único remedio que hemos encontrado al coronavirus. Sino porque además se ha prologando al infinito y crece, casi con visos de provocación, a cada semana. Las imágenes de la devastación del ecosistema isleño queman no solo pastizales secos sino las conciencias de cientos de rosarinos y rosarinas, jóvenes en su mayoría, que ven en aquel hecho la prueba más fehaciente de que la lógica del capital puede arrasar con todo, incluso con la casa común que es el ambiente.

Con una mezcla de consignas, sin mucha seguridad de dónde encontrar los responsables, ni como detener lo que consideran un ecocidio, se lanzaron a la calle (esa que hoy nos es esquiva gracias a la enfermedad invisible) para organizarse y decir “acá estamos”.

Cientos de bicicletas se desplazan como un enjambre por la costa rosarina hasta llegar al puente que une la ciudad de Rosario con la localidad entrerriana de Victoria. Allí se planta bandera. O mejor dicho se plantan banderas. Las de Argentina flamean junto a las de los pueblos originarios, y se adosan a los carteles que piden el fin de las quemas, el fin del ecocidio, el fin de un modo brutal de producir. Que piden en resumidas cuentas el comienzo de otro mundo, en el que nuestro ambiente deje de ser vista tan solo como un commoditie.

Entre las incertidumbres crecen algunas certezas. Algunos deciden por lo que es de todos y todas. No tenemos soberanía sobre los bienes comunes. Quienes deciden como producir lo hacen sin tener en cuenta más lógica que la de la ganancia.

Y ahí en las asambleas, sin mate compartido, se comparten y se mezclan ideas sobre las soberanías perdidas comunes.

Vicentin, los chanchos chinos, la hidrovia, la ley de humedales y hasta los cuerpos femeninos que algunos piensan pueden tomar y destrozar como si fuesen de su propiedad.

Lo que se abre paso entre el humo y es cada vez más claro es que “defender el ambiente, es defender la soberanía”. Y hacia allá van organizándose.