Remachar la dependencia

*Por Luciano Moretti

Remachar la dependencia

Actualmente Argentina se encuentra rediscutiendo un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno argentino sostiene que es “el mejor acuerdo” al que se podía llegar y que esto nos permitirá crecer y exportar más para poder salir de este problema.

Es importante comprender que el FMI, como institución, es la expresión económico-política encargada de garantizar el funcionamiento del sistema financiero internacional. Este correcto funcionamiento posibilita que las empresas monopólicas de los países imperialistas puedan realizar negocios y superganancias en cualquier país, contando con ciertos respaldos o resguardos. Así, el directorio del FMI está bajo control de un conjunto de países imperialistas de los cuales EE.UU. es el socio mayoritario. Para cumplir su misión, el FMI se encarga de que los países posean la “suficiente liquidez” para ser sometidos al saqueo por parte del capital trasnacional. Sin el flujo suficiente de divisas y sin la libertad de circulación de las mismas entre las naciones, los capitalistas corren el riesgo de que sus inversiones y ganancias queden “atrapadas” en un solo país. Es por eso que, en el caso de la renegociación de la deuda argentina el miedo más grande de los empresarios, los terratenientes y de actores políticos de peso en ambas coaliciones, es caer en la “cesación de pagos”.

Reconocer la deuda y sus compromisos implica, inexorablemente, reafirmar el modelo agro-minero-exportador, aumentando las exportaciones (para eso es necesario aumentar la producción de aquellos bienes y servicios que demanda el mercado internacional, en el caso de Argentina mayoritariamente productos primarios como la soja, minerales e hidrocarburos). Esto, junto con el paquete de ajuste de recorte del gasto público, liberará mayores cantidades de materias primas y alimentos para los países centrales en un contexto inflacionario mundial producto de la recuperación económica post-covid y de la guerra en Ucrania. Una mayor presión extractivista implica una depredación mayor de nuestros bienes comunes, una mayor contaminación de nuestros ambientes y la creciente criminalización de las luchas de los pueblos que resisten este tipo de proyectos. Todo esto sumado a una economía mundial al borde del colapso sistémico producto de la creciente externalización de pasivos ambientales que amenaza con terminar con las condiciones materiales de existencia de la civilización humana.

Por el lado de los actores locales, la oligarquía terrateniente, la burguesía intermediaria y financiera, quienes controlan estos segmentos de la producción, celebran el acuerdo con el FMI como una victoria, dado que el mismo les permitirá aumentar la producción (y sus superganancias). La aprobación del acuerdo les garantiza a estos grupos que se reafirma el rumbo económico del gobierno de sostener este modelo productivo. En poco tiempo veremos cómo se direccionan los escasos recursos públicos en obras que esos sectores demandan.

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara el acuerdo con el FMI, el ministro de Economía, Martín Guzmán, detalló los principales puntos del entendimiento logrado, que demandará un programa de dos años y medio. El Fondo efectuará revisiones trimestrales de las metas acordadas y desembolsos de dinero que la Argentina utilizará para cancelar el acuerdo contraído por el gobierno de Macri y que supone para la Argentina una deuda de alrededor de US$ 44.500 millones. Luego, se abrirá un período de 10 años para cancelar esa refinanciación, que comenzaría en 2026.

Esta renegociación nos somete a revisiones periódicas por parte del FMI (diez visitas del organismo durante los próximos tres años). No se extienden los pagos a futuro, sino que nos otorgan financiamiento a “cuenta gotas” para que podamos hacer frente a los vencimientos por venir, por lo que recién se comienza a pagar los intereses, las sobretasas y el total de la deuda a partir de 2026. Esto tiene el problema que los vencimientos de deuda con el FMI coincidirán con el plazo de renegociación con los bonistas privados, por lo que el problema del default sólo se aplazó por un par de años. El hecho más grave del acuerdo es la convalidación de la estafa (incluso admitida) realizada por la gestión de Mauricio Macri. A su vez, el gobierno ha abandonado la discusión respecto a las sobretasas que el FMI cobra a los países sobre endeudados, mediante las cuales el Fondo se capitaliza como si fuera un banco privado.

Aparentemente el acuerdo (veremos cuando se conozca la “letra chica”) no se realiza a contrapartida de reformas estructurales de la legislación argentina (privatización de activos públicos, reformas laborales y jubilatorias regresivas, desregulación de mercados financieros). Aunque debemos afirmar que ya se hicieron ajustes en la formula jubilatoria en perjuicio de los jubilados ni bien iniciada la actual gestión. La oposición de JxC dice ahora que “ellos hubieran negociado en 5 minutos”. No podemos ni imaginar el nivel de entrega que eso hubiera implicado. Además, ahora se acordaron que debe pasar por el Congreso y agitan esa consigna cuando ellos nos endeudaron con el FMI sin discutirlo con nadie. Es importante saber, que, respecto a la discusión del acuerdo en el Senado, es una exigencia de los negociadores del Fondo que quieren que todos los actores principales de la política convaliden el acuerdo.

El gobierno afirma que esta fue una negociación dura pero exitosa. Sin embargo, en este pre-acuerdo no figuran casi ninguna de las exigencias centrales que el gobierno fue planteando en estos dos años, a saber: No va a existir ningún tipo de quita de capital a pesar de que el mismo Fondo reconoció que el préstamo fue para la fuga de capitales, tampoco habrá condonación parcial, no se logró estirar los plazos a 20 años (como dijo en su momento CFK y Wado de Pedro), no se logró eliminar sobre tasas del 4% que pagamos por recibir un crédito extraordinario, tampoco va a existir ningún tipo de canje de deuda por acción climática, por último se solicitó estirar el plazo de la meta déficit cero a 2027, lo cual no se logró. El FMI y el gobierno habían prometido que habría nuevos desembolsos y préstamos de otros organismos financieros para realizar obras de infraestructura, eso por ahora no se nombró.

Como observamos, las “soluciones” que plantea el gobierno sólo contribuyen a profundizar el problema de fondo que son la dependencia financiera y tecnológica de la argentina como resultado de su estructura productiva desequilibrada. Sin romper con los mecanismos de la dependencia no hay salida posible, y cualquier acuerdo con el FMI sólo pospone un inevitable default. Para comprender esto, proponemos un breve recorrido sobre el funcionamiento de la economía capitalista mundial y del lugar que ocupan los países dependientes y periféricos en la misma.

El sistema imperialista y la deuda

Como punto de partida debemos comprender que, el sistema capitalista es y siempre fue una economía mundo. Una economía-mundo es una gran extensión geográfica en la cual existe una división del trabajo, y, por lo tanto, un nivel significativo de intercambio comercial de mercancías, así como flujos de capital y trabajo (Wallerstein 2004). En su espacio geográfico operan cadenas de producción, las cuales a través del comercio proveen diversas mercancías (tanto insumos como bienes finales) y organizan diferentes dotaciones de recursos naturales, capital y trabajo que explican las desigualdades espaciales económicas y sociales entre los países. Dichas cadenas se dividen en actividades núcleo (o centrales) intensivas en capital y con alto contenido tecnológico, y en actividades periféricas, generalmente intensivas en trabajo y asociadas a la extracción o procesamiento de materias primas (Hopkins and Wallerstein 1994). Así encontramos que existen economías centrales y economías periféricas que cumplen distintas funciones al interior de una sola economía mundial. Una de las características distintivas de una economía-mundo es que no está integrada bajo una estructura política unitaria. Por el contrario, existen multiplicidad de estructuras jurídicas políticas en el sistema. Lo que mantiene unida a esta estructura heterogénea es la división del trabajo que la constituyó en un primer momento.

Esta lógica de centro-periferia opera sobre un eje divisorio de la producción dentro de la economía-mundo capitalista entre los productores dedicados a actividades centrales y aquellos dedicados a actividades periféricas. Centro-periferia es un concepto relacional. Lo que divide a ambas actividades es el nivel de rentabilidad de cada proceso productivo. Dado que la rentabilidad está directamente ligada al grado de monopolización, lo que se entiende por actividades centrales son aquellos procesos productivos controlados por pocos productores, es decir cuasi-monopolios u oligopolios. Por su parte, los procesos periféricos son aquellos verdaderamente competitivos.

Las desigualdades económicas entre los distintos espacios que conforman la economía-mundo se producen en el intercambio comercial, los productos con mucha competencia se encuentran en posiciones de debilidad. Como resultado, existe un flujo constante de excedente desde los productores de la periferia hacia los productores del centro. Esto se llama intercambio desigual y se expresa a través de las diferencias de productividad, la remuneración del trabajo y la atomización de la oferta de los productores de la periferia.

Las economías centrales generalmente son (o han sido en el pasado reciente) países imperialistas. Durante el período colonial los países europeos diseñaron un sistema en el cual dependían de la extracción de riqueza de las colonias para garantizar su crecimiento, desarrollo y su participación en la economía mundial. Por ejemplo, la revolución industrial que tuvo su epicentro en Gran Bretaña necesitó del algodón que se producía en las colonias americanas sobre la base de trabajo esclavo traído del continente africano. Así es imposible entender la industrialización de los países de altos ingresos sin hacer referencia al patrón de extracción de recursos de la periferia que lo apuntaló (Frank 1998).

El sistema colonial imperial era el contexto perfecto para el desarrollo de la economía de mercado capitalista en Europa. Por un lado, proveía de trabajo y mercancías prácticamente gratis a los países centrales, que luego podrían ser utilizadas en el proceso de manufactura reduciendo el costo de los factores de producción, o ser revendidos en el mercado internacional para equilibrar la balanza comercial. Por el otro lado, les garantizaba a los capitalistas europeos el acceso a mercados a disposición en los cuales colocar el excedente de producción que no podían realizar en otros mercados más competitivos. La extracción de materias primas y alimentos gratis desde la periferia permitió la rápida urbanización e industrialización de las naciones europeas mediante el desplazamiento de los trabajadores desde el campo hacia la ciudad. Las colonias de poblamiento en América del Norte, Australia y Nueva Zelanda constituyeron espacios en los que relocalizar población “excedente” que no encontraba trabajo en las nacientes industrias (Patnaik and Patnaik 2021).

Estos “servicios” que prestaban las colonias a los países centrales, tales como mantener o reducir los costos de producción de los suministros necesarios para la producción industrial a la vez que mantener mercados cautivos que funcionaban como mecanismos contra cíclicos frente a la caída de la demanda agregada de los países capitalistas fueron centrales en la acumulación de capital necesaria para motorizar la industrialización. Bien señalaba Rosa Luxemburgo que, la única forma de estabilizar el sistema capitalista era mediante su avance sobre economías pre-capitalistas, de ahí que el imperialismo sea la fase superior del capitalismo como señalara Lenin.

Desarrollo, comercio desigual y deuda externa en el siglo XX

Luego de la descolonización gracias a las luchas de liberación nacional que sacudieron al mundo durante todo el siglo XX, la extracción de riquezas desde la periferia continuó con nuevos mecanismos. El comercio desigual, las inversiones extranjeras directas y la deuda externa son tres de los mecanismos que el sistema posee para continuar con el drenaje de recursos y riquezas en favor del centro. Las economías de ingresos altos continúan apropiándose del trabajo y los recursos de la periferia. En 2015 esto equivalió a 10.1 miles de millones de toneladas de materias primas (un 50% del consumo total de países desarrollados), y 182 millones de años de trabajo por persona. La periferia ha sufrido pérdidas anuales de 14.000.000.000.000 (1.4 billones) a través del comercia desigual, 486.000.000.000 (486 billones) en repatriaciones de ganancias, y 1.1 billones en flujos financieros ilícitos, en total suma 3 trillones. Esto sucede porque los precios son sistemáticamente más bajos en la periferia que en el centro. Los salarios de la periferia son en promedio 1/5 del nivel salarial del centro. Por cada unidad de trabajo incorporado y recursos que el sur importa desde el norte, deben exportar muchas más unidades para pagarlo (Hickel, Sullivan, and Zoomkawala 2021).

Desde mediados de siglo, y luego de la descolonización, los nuevos gobiernos nacionales que se instalaron en las excolonias condujeron políticas de desarrollo económico centrados en la industrialización y en la mejora del ingreso de los asalariados de sus países. Para llevar adelante estas políticas, las economías de la periferia necesitaban generar una enorme cantidad de ahorro para sostener el nivel de inversión de industrias intensivas en capital. Dado que, las economías periféricas están sujetas al mecanismo de drenaje que les impone el intercambio desigual sufren de déficits crónicos y cíclicos en sus balanzas de pagos. Es decir que, las exportaciones no alcanzan para cubrir las importaciones, muchas de ellas insumos claves para los nuevos sectores industriales. Esto es una forma de dependencia financiera tecnológica que se impone sobre las periferias. Para sortear este problema se recurrió al llamado de inversiones extranjeras directas y eventualmente a la toma de deuda externa con organismos internacionales de crédito.  

En su gran mayoría estas estrategias de desarrollo fueron impugnadas por los países imperialistas y por las clases dominantes locales asociadas al comercio y los negocios con las burguesías de los países imperialistas (en muchos casos mediante dictaduras sangrientas o intervenciones militares). Sin embargo, a pesar de esta puja, para la década de 1970 la mayor participación de los asalariados de la periferia en las ganancias y su mayor poder de consumo generaron procesos inflacionarios en los países centrales. Esto fue muy evidente durante la crisis que sacudió a las economías centrales producto del alza en los precios del barril de petróleo. Además, la recuperación de la economía alemana y de los países del Este asiático como Japón y otros, generó una mayor competencia por colocar los productos manufacturados generando una caída de la demanda agregada que, combinada con el aumento de los precios de insumos claves, generó un ahorcamiento de la tasa de ganancia de los grandes monopolios. Al no disponer de insumos gratis desde la periferia por la pérdida del dominio colonial y al no contar con mercados cautivos a disposición las economías centrales entraron en un proceso de estancamiento económico con inflación. La espiral inflacionaria amenazaba con impugnar el predominio del dólar como moneda de reserva internacional.

La respuesta a este problema por parte de los países imperialistas comandados por Estados Unidos fue la ofensiva neoliberal. Debido a la debilidad externa y a los déficits crónicos que presentaban los países periféricos y dependientes, los organismos financieros internacionales pudieron imponer las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas recetas han implicado el recorte del gasto público, los salarios estatales y la pérdida de derechos laborales, reduciendo la capacidad del sector público para incentivar la demanda. Dichas políticas de ajustes cumplen con dos funciones, por un lado, al reducir el poder de compra del Estado y al recortar los salarios reducen el poder adquisitivo de las economías como un todo por lo que cae el poder de consumo “liberando” una mayor cantidad de bienes para la exportación (que de otra forma habrían sido consumidos por el sector asalariado). Esto se conoce como deflación de ingresos. Por el otro lado, el desmantelamiento de las políticas de incentivo y protección a la industria, así como de los subsidios (debido al recorte del gasto público) generan un proceso de desindustrialización que profundiza la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados y aumenta la demanda de productos que deben ser adquiridos en los países centrales. Así se logra reducir la inflación de insumos y la caída de la demanda agregada en el centro a la vez que se perpetua la extracción de recursos de la periferia.

Conclusiones

El gobierno y el FMI sostienen que al evitar el default y plantear un programa económico “serio” que equilibre los valores macroeconómicos se otorga un sendero de previsibilidad para los negocios y las inversiones. Sin embargo, las revisiones trimestrales a las que nos somete el FMI generaran presiones devaluatorias constantes frente al peligro de que el organismo decida cortar el financiamiento en caso de que no se esté cumpliendo con sus exigencias. La presión devaluatoria proviene de los monopolios exportadores, grandes terratenientes y sector financiero que son quienes determinan el tipo de cambio. Este punto se encuentra ligado directamente al modelo agroexportador como señalamos previamente.

Sin mediadas que apunten a resolver la dependencia financiera y tecnológica que revierta la especialización productiva del país en la exportación de recursos naturales los desbalances en la balanza de pagos continuarán. Las políticas del gobierno y el FMI sólo lograran el superávit a costa de un ajuste y su consecuente recesión económica, materializando la deflación de ingresos de las clases populares y aumentando las exportaciones de recursos naturales. El excedente de esa ecuación ira a parar al pago de la deuda externa.

Este escenario de acuerdo no hace más que remachar la dependencia de la economía argentina con los mercados internacionales, fortalecer el poder de negociación de actores concentrados que controlan palancas claves (como terratenientes o el sector agroexportador) como acabamos de ver con el no aumento de las retenciones, impide al país tener una política soberana respecto al manejo de sus recursos financieros y nos estira la agonía del pago de intereses, sobretasas y capital de la deuda por años lo que constituye un drenaje permanente de riquezas que no podrá ser utilizado para atender la enormes emergencias sociales de nuestro pueblo.

Además, perpetua la extracción de recursos y riqueza de nuestra economía en favor de los países centrales, profundizando la depredación del ambiente y la presión eco-sistémica e impidiendo la implementación de políticas de mitigación de la emisión de gases de invernadero o de transición energética hacia un matriz más limpia, ambas necesarias en términos climáticos-ambientales y en las posibles ramificaciones en empleo que podrían generar.

Si bien, como señalamos anteriormente el gobierno se “comprometería” a no llevar adelante una reforma laboral ni jubilatoria, la piedra de toque sigue estando en el valor de los salarios. Mientras que en 2015 el salario promedio valía U$D 500 hoy se encuentra en valores de USD 233. La clase trabajadora perdió más del 50% del valor de su salario, sumado a la inflación que carcome el poder adquisitivo de los hogares y ese es el problema principal. Llevamos cuatro años de caída sistemática del poder real de los salarios. Las jubilaciones y pensiones atraviesan una situación similar. La mínima está en niveles de indigencia.

Que el FMI entendiera que es importante mantener el gasto social no es un elemento nuevo. Al gobierno de Macri también le permitió aumentar las partidas sociales. Esto generó la idea de que “el Fondo cambió”, que ahora entiende la importancia de la política social. Esto es una vil mentira, lo único que entiende el Fondo es que necesita de “gobernabilidad” (estabilidad política y social) para que el país pueda hacer frente a sus obligaciones y por eso es más laxo con el gasto social. Sin embargo, aunque el gasto social es sumamente importante en el contexto de emergencia en que se encuentra el país, lo que verdaderamente necesita cambiar es el plan económico. Debemos poner en el centro dos elementos: la generación de empleo y la reducción de la desigualdad social. Sin estos dos horizontes podrá haber recuperación económica (como la hubo durante el 2021) pero esta no llegará a la gran mayoría de los hogares.

*Luciano Moretti es Licenciado en Ciencia Política. Doctorando en Estudios Sociales. Universidad Nacional del Litoral.

Referencias:

Frank, André Gunder. 1998. ReOrient: Global Economy in the Asian Age. Berkeley: University of California Press.

Hickel, Jason, Dylan Sullivan, and Huzaifa Zoomkawala. 2021. “Plunder in the Post-Colonial Era: Quantifying Drain from the Global South Through Unequal Exchange, 1960–2018.” New Political Economy 26(6):1030–47. doi: 10.1080/13563467.2021.1899153.

Hopkins, Terrence, and Immanuel Wallerstein. 1994. “Commodity Chains in the Capitalist WorldEconomy Prior to 1800.” in Commodity chains and global capitalism. Praeger Publishers.

Patnaik, Utsa, and Prabhat Patnaik. 2021. Capital and Imperialism: Theory, History, and the Present. Monthly Review Press.

Wallerstein, Immanuel. 2004. World-Systems Analysis: An Introduction. Duke University Press.

Foto: Reuters

Rosario: ¿De cuna de la bandera a capital de la entrega?

Por Germán Mangione

Ayer en Rosario funcionarios nacionales y provinciales se reunieron con las principales entidades del empresariado agrario e industrial de la provincia de Santa Fe para “dar explicaciones” sobre el rumbo que tomarán las negociaciones por la nueva concesión del Paraná. Pocas veces se ve tan claro el andamiaje de subordinación de la política al poder real como en la foto, y los dichos, que quedaron del encuentro

Cuna de la bandera

La ciudad de Rosario ha sido en nuestra historia protagonista de grandes capítulos en la construcción de nuestra soberanía y en la creación del cuerpo fundamental de las ideas de la nación.

El 27 de febrero de 1812,  cuando Manuel Belgrano inauguró en las costas de la actual ciudad de Rosario una nueva batería, a la que llamó Independencia, formó a sus tropas frente a una bandera que había cosido doña María Catalina Echeverría, una vecina de Rosario.

Belgrano ordenó a sus oficiales y soldados jurarle fidelidad diciendo «Juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la Independencia y de la Libertad.».

La respuesta que obtuvo desde el primer triunvirato asentado en Buenos Aires fue el pedido de “reparación de tamaño desorden (la jura de la bandera)”. El Triunvirato, y sobre todo su secretario, Bernardino Rivadavia, estaba preocupado en no disgustar a Gran Bretaña, ahora aliada de España con ideas sobre independencia y soberanía.

¿Capital de la entrega?

Hoy, 210 años después, Rosario vuelve a ser protagonista del destino del país y es acá donde se desarrolla una nueva batalla por la orientación de nuestros destinos como nación, una similar a la de aquellos años,  que opone dos conceptos y dos intereses contrarios: patria o colonia.

El protagonismo de nuestra región tiene, como en aquel momento, un fundamento económico. Es aquí, en la zona, donde se asientan los principales puertos y empresas multinacionales que hoy tienen en su poder la porción del comercio exterior más importante del país. Por los puertos del gran Rosario, llamados del Up River, sale el 80% de la producción agroindustrial argentina que representa más de la mitad de todo lo que exporta el país.

Y es sobre esa base que cimentan su poder e intentan a través de sus órganos e instituciones orientar las políticas del país hacia sus propios intereses.

Pocas veces en la historia reciente asistimos a actos de coloniaje tan claros como los que estamos viviendo en el marco de la discusión del destino de la administración y control de nuestro río Paraná.

Sin ningún velo (o ya con muy pocos) de soberanía política funcionarios nacionales y provinciales se desvelan por ver quien se muestra más disciplinado, quien es el alumno más aplicado, de los designios de las oligarquías locales y sus socios extranjeros.

“Lo felicito. Estuvo muy bien. Dijo lo que tenía que decir y tiene todo nuestro apoyo”, aseguran los medios locales que le dijo el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, al ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, mientras se retiraba de la reunión que ayer tuvieron empresarios y funcionarios provinciales con los funcionarios nacionales a cargo del flamante Ente de Gestión y Control de la Hidrovía.

La felicitación tenía que ver con que el ministro hizo propia la postura y los reclamos de los hombres de la Bolsa de Comercio rechazando la posibilidad de que el estado reduzca el diferencial de retenciones que pagan hoy las aceiteras multinacionales agroexportadoras y que les permite embolsar millones de dólares mensuales. Un subsidio que hoy hacen indirectamente los productores a las empresas que procesan la soja.

Postura que por otra parte esta semana compartió el mismo gobernador Omar Perotti en sus redes sociales.

Pero eso no es todo. El episodio además se da en el marco de una reunión que deja cada vez más al descubierto una cuestión mucho más lacerante de la soberanía nacional, la posible nueva entrega de nuestro río Paraná a manos privadas y extranjeras, como piden los sectores agroexportadores y de la gran producción agraria agrupados en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Y se da en Rosario porque es el lugar elegido para ser la sede del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, presidido por Ariel Sujarchuk, que será el encargado de elaborar y lanzar el pliego para la licitación larga de la Hidrovía, que se espera esté listo hacia fin de este año

La reunión de ayer, en la que el ministro Costamagna fue palmeado por el poder real de la provincia, tenía como objetivo que los funcionarios del nuevo ente informen sobre la marcha de las gestiones para la constitución del organismo y que de precisiones sobre cómo será la licitación que decidirá el destino del Paraná, y así de gran parte de la economía Argentina, los próximos 25 o 30 años.

Además de los funcionarios que fueron a “dar explicaciones”,· de la reunión participaron los representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Federación de Industriales de Santa Fe.

Según las notas de prensa Ariel Sujarchuk presidente del Ente “se mostró abierto al diálogo prometiendo estar bien cerca de los intereses de todos los actores”

Ante esto nos preguntamos: ¿Se puede estar bien cerca de los intereses de actores como los que representa la Bolsa de Comercio de Rosario y Santa Fe y a la vez estar cerca de los intereses de la patria y de las grandes mayorías?

En la misma semana que ante el mínimo intento del Gobierno Nacional de capturar, con un cambio impositivo, parte de las ganancias extraordinarias y con récord históricos que están teniendo (y que van a ir teniendo en aumento por la situación mundial) estos sectores, son las mismas entidades las que se niegan rotundamente y amenazan con hacer peligrar la estabilidad laboral en el polo aceitero más grande del mundo ubicado en la zona.

En la misma semana que el gobierno plantea la necesidad de ponerle freno a la inflación, que va sumiendo a millones de argentinos y argentinas bajo la línea de la pobreza cuando no de la indigencia, desacoplando los precios internacionales de los del consumo interno para que las ganancias de esos monopolios exportadores no sea lo único que importe a la hora de ponerle precio al plato de comida local.

En la misma semana los funcionarios nacionales y provinciales hablan de estar cerca de “todos los intereses”.

Es hora de que estén cerca de los intereses de las mayorías, que en temas como las retenciones o la concesión del Paraná, son contrapuestos con los de las entidades que representan a los terratenientes y los agroexportadores.

No alcanza con que la sede “del debate” del destino del Paraná, y de nuestra soberanía sea Rosario, o que las oficinas estén acá y no en Buenos Aires, si el camino elegido va a ser la entrega. O se está con los intereses de la patria y de las mayorías o se está con los intereses de las minorías y los de afuera.

Porque si siguen el camino que vienen transitando solo estarán transformando a la cuna de la bandera en la capital de la entrega.

Y si esto sucede nosotros, los que sentimos la patria bien adentro, los que entendemos que lo principal son los intereses de las mayorías y que vemos en nuestra zona con indignación como las cosechas récord y ganancias récord de unos pocos conviven con la pobreza y la desocupación récord, seguiremos organizándonos y luchando para transformar a Rosario y todo Santa Fe en la capital de la lucha por la recuperación de nuestra soberanía.

Porque como escribió Bernardo de Monteagudo, secretario de San Martín y pluma de la Revolución de Mayo: “sería un insulto a la dignidad del pueblo americano, el probar que debemos ser independientes: este es un principio sancionado por la naturaleza, y reconocido solemnemente por el gen consejo de las naciones imparciales. El único problema que ahora se ventila es, si convenga declararnos independientes, es decir, si convenga declarar que estamos en la justa posesión de nuestros derechos. Antes de todo es preciso suponer, que esta declaración sea cual fuese el modo y las circunstancias en que se haga, jamás puede ser contraria a derecho, porque no hace sino expresar el mismo en que se funda” Mártir o Libre, domingo 29 de marzo de 1812.

*Germán Mangione: Editor de revista Lanzallamas y miembro del Foro por la Recuperación del Paraná

Foto: Rosario3.com

Argentina y China, 50 años de una relación asimétrica.

Foto de portada: https://nuso.org/articulo/argentina-y-china-los-actores-del-comercio-sojero-y-el-flujo-migratorio/

Por Germán Mangione

Cuando el imperialismo no recurre a la guerra, sino a medios relativamente moderados, medios políticos, económicos y culturales, para llevar adelante su opresión, la clase dominante del país semicolonial en cuestión capitula ante el imperialismo y forma con él una alianza para oprimir conjuntamente a las masas populares.

Mao Tse Tung, SOBRE LA CONTRADICCIÓN. Agosto de 1937

Febrero de 2022 será un mes en que las relaciones entre Argentina y China vuelvan a estar en boca de todos y todas, más allá de los círculos de poder y los claustros de estudio de las relaciones internacionales. Es que el 19 de febrero se cumplirán 50 años dela normalización de las relaciones diplomáticas y el reconocimiento de la República Popular China por parte de Argentina. Pero además se anuncia que el presidente Alberto Fernández viajará a Pekín  a concretar una serie de acuerdo con impulso de larga data y muy esperado por los inversionistas chinos y los sectores locales que ven en el gigante asiático un pulmotor ante la presión financiera de las potencias occidentales.

Sin embargo, estos nuevos acuerdos vuelven a poner sobre la mesa cuales son los beneficios de la relación para cada nación y si se ajusta a la realidad la caracterización de relación “sur-sur” o “win-win” que pregonan desde los centros de poder chino y repiten (muchas veces acríticamente) los estudiosos locales del tema.

En un mundo multipolar en el cual Estados Unidos sigue siendo la superpotencia militar, económica, política y financiera más agresiva, y con mayor peso en el mundo y en nuestra región, otras potencias disputan activamente su influencia.

En esa disputa China aparece como la potencia emergente de mayor crecimiento económico en los últimos años, que ha penetrado profundamente en África y América Latina.

Para afrontar esa disputa las potencias se asocian a los sectores de terratenientes y del empresario local que tiene sus negocios atados a las potencias extranjeras, y que funcionan de polea de tracción del saqueo y la dominación extranjera. Es por eso que cualquier análisis del movimiento de los capitales e inversiones chinas en el país debe estar enmarcado en la disputa de este naciente imperialismo con los que históricamente han dominado nuestro país.

La disputa por el control del mundo que China lleva adelante con Estados Unidos, enmascarada en una “guerra comercial” (pero que es mucho más profunda que un problema de compras y ventas) pesa enormemente sobre todas las acciones políticas y económicas que la potencia oriental lleva adelante en nuestra patria y en la región.

Sin esa perspectiva es imposible concebir algunas “concesiones” o manifestaciones del “soft power” chino en las relaciones de los últimos 20 años con Argentina y con todas las naciones oprimidas del mundo.

En algunos sectores, como el de los bienes intermedios (maquinarias y herramientas), es notable como China ha logrado desplazar a Estados Unidos como principal proveedor de la Argentina. Sectores estratégicos como la exploración espacial o los puertos agroexportadores son otros de los espacios que la RPCH se ha abierto camino en el pasado reciente.

Sin embargo, por envergadura e historia sigue siendo EEUU quien pesa decisivamente en el control de los resortes claves de la política y la economía argentina, así como en el mundo. Predomina cuantitativa y cualitativamente todavía en el país y posee una larga historia de relaciones e intereses en Argentina, lo que condiciona el avance chino.

El reciente acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, con el control decisivo de EEUU, que incluye revisiones trimestrales de la economía (y la política) del país es un claro ejemplo de estos condicionamientos que llevan décadas de desarrollo.

50 años de historia (asimétrica)

Desde el comienzo de la relación bilateral el aspecto comercial fue el hilo conductor de una relación que débil al comienzo, fue fortaleciendo un vínculo que se intensificó hasta hacerse central para nuestro país en los últimos 20 años.

El crecimiento de esos vínculos a través del tiempo impone una reflexión sobre el lugar que cada una fue ocupando en relación a los beneficios y necesidades que se fueron priorizando.

Como explica el investigador Eduardo Oviedo en su trabajo “Historia de las relaciones internacionales entre Argentina y China, 1945-2010” la relación entre ambos países pasó  “de una relación favorable a la Argentina respecto de la RPCH (y más aún de la República de China), a una situación de equilibrio en las décadas siguientes, donde el esquema de la “cooperación Sur-Sur” describió con acierto la relación de poder en gran parte del tiempo histórico. Pero la modernización de la RPCH condujo al incremento de sus capacidades de poder y revirtió la situación asimétrica, para mutar hacia el esquema de poder entre una gran potencia (China) y un país en desarrollo (Argentina), es decir, el “modelo Norte-Sur”.

Habría que agregar que paralelamente a la “modernización” en el campo técnico y económico,  la expansión china hacia la categoría de superpotencia, se dio la transformación política que significo la restauración capitalista tras la muerte de Mao Tse Tung y la llegada al poder de los sectores revisionistas y pro capitalistas del Partido Comunista Chino de la mano de Den Xiao Ping, en un recorrido que fue profundizando ese camino hasta nuestros días donde Xi Jimping es el máximo exponente de esa política de dos facetas, “comunista” en los papeles, capitalista en los hechos.

Sin cambiar de nombre ni de color aparente, impulsaron las reformas que transformaron a China en una nueva potencia mundial con su respectiva política imperialista hacía los países con los que estrechó relaciones con el objetivo de aprovisionarse de las materias primas necesarias para sostener su crecimiento.

Esta cuestión lejos de ser anecdótica o accesoria es central a la hora de pensar las asimetrías en las relaciones que la RPCH construyó desde su lugar de imperialismo en ascenso a partir de la década del 80, con países oprimidos como los de los continentes africano y latinoamericano, principales destinatarios de los esfuerzos por desarrollar un comercio fluido apuntado a la captación de materia prima indispensable para el desarrollo chino y de nuevos mercados para mercaderías e inversiones.  Relaciones internacionales diametralmente opuestas a las preconizadas y llevadas adelante durante la etapa socialista.

En la forma en que China se relaciona internacionalmente advertimos varios de los rasgos con los que Lenin caracterizo a la actual fase del capitalismo, el imperialismo:

  • 1) la concentración de la producción y del capital llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo que ha creado los monopolios,  que desempeñan un papel decisivo en la vida económica;
  • 2) la fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de este “capital financiero”, de la oligarquía financiera;
  • 3) la exportación de capital, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia particular;
  • 4) la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y
  • 5) la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes.

Salir afuera

En el año 2002, luego de una etapa en la que se privilegió y fomentó el consumo interno y el desarrollo industrial (a base de la superexplotaciones de millones de trabajadores para la producción de mercancías baratas), China lanza su estrategia de “Go Out” (salir afuera) dando impulso a la creación de gigantescos monopolios globales en todas las áreas de interés chino (alimentos, químicas, financieros, mineros, energía, transporte, etc)

A partir de esta nueva etapa de desarrollo capitalista chino la exportación de mercaderías fue cediendo lugar a la exportación de grandes masas de capital, con la creación de gigantescas corporaciones financieras, que a diferencia de los de las potencias occidentales, son estatales o controlados por el Estado Chino.

América Latina ha sido una gran receptora de los capitales financieros chinos, utilizados además para solventar en nuestros países la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda china, y Argentina no ha sido la excepción.

En las últimas décadas, China ha exportado cantidades récord de capital al resto del mundo. Antes de 2005 casi no se registran prestamos chinos a América Latina, pero desde allí en adelante el Banco de Desarrollo de China (CDB), el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (EIBC) y algunos otros otorgaron más de US$1,6 billones. Esta cifra equivale al 2% por ciento del PIB mundial y supera ampliamente los créditos brindados por el Banco Mundial y el BID (Banco Interamericano de desarrollo) históricos prestamistas de la región vinculados a las potencias occidentales.

Gallagher, Kevin P. y Margaret Myers (2021) «China-Latin America Finance Database», Washington: Inter-American Dialogue.‎

China disputa los mercados y ha perfeccionado sus políticas de préstamos y compra de deuda para interferir en los distintos territorios. Los préstamos y las inversiones están atados en la mayoría de los casos a la compra de insumos industriales chinos (caso Belgrano Cargas donde además de las locomotoras y vagones Argentina compró hasta los rieles y durmientes en China), o a condiciones de nuevas inversiones con “prestamos cruzados”.

Un buen ejemplo de la influencia política de esto se dio durante el gobierno de Mauricio Macri, quien si bien en un comienzo orientó su política hacia la alianzas con otras potencias, terminó acudiendo a pedir financiamiento al gigante chino ante la restricción externa, previa al préstamo del FMI que hoy condiciona a la Argentina.

En esa oportunidad y en el marco de la disputa con el kirchnerismo y sus grupos empresario afines, Macri viajó a China. En aquel momento el ex presidente tenía una política de enfriamiento del desarrollo de la construcción de las represas de Santa Cruz, llevadas adelante por el grupo Electroingeniería (afín al kirchnerismo) en sociedad con la China Ghezhouba. Pero al llegar a China las autoridades orientales fueron claras: si no se reactivaba la obra de gran interés para el estado chino no solo no habría nuevo financiamiento sino que se detendría el del Belgrano Cargas ya que los préstamos para ambas obras estaban “cruzados” y dependían uno del otro.

A su regreso al país y tras algunas audiencias formales para escuchar los argumentos ambientales que se oponen al desarrollo de la obra el gobierno volvió a darle impulso.

La historia que vuelve

Para una parte de la gran burguesía local que se desarrolla mirando hacia afuera y atenta a los intereses de las grandes potencias, el acercamiento con China representa una gran oportunidad de negocios, pero repitiendo el histórico patrón de dependencia que ha sumido al país en un crecimiento deformado que no termina de ser.

Como explicitaba con gran entusiasmo hace unos años el canciller de Néstor Kirchner, Rafael Bielsa, las inversiones  chinas son “algo parecido a lo que Gran Bretaña implementó en la Argentina a fines de siglo XIX y comienzos del XX con los ferrocarriles y los frigoríficos”

Algo similar repetiría unos años después el ex embajador Eduardo Sadous, miembro Consejero Argentino para las Relaciones Internacionales y director del Comité de Asuntos asiáticos desde 2011: “Tenemos que pensar en China como nuestra Gran Bretaña del siglo XXI”.

Sin embargo, esta política de acercamiento a países como el nuestro, que durante la pandemia incluyo ayuda sanitaria en lo que se denominó la “política de las mascarillas”, no entusiasma solo a aquellos sectores económicos que ven buenos negocios y un lugar que hoy otras potencias les vedan o disputan localmente, sino que también sectores políticos progresistas y de izquierda ponen la mirada en la potencia asiática como posible contrapeso político a la histórica influencia estadounidense en la región.

A la caza de materias primas para su desarrollo y mercado para su producción

Otra característica de la relación de China con el mundo periférico o “del sur” es el sostenimiento de la inundación de mercancías, lo que refuerza además la división internacional del trabajo, impidiendo el desarrollo soberano de los países dependientes y deformando nuestras economías.

Habría que agregar que no solo provoca el cierre o impide el desarrollo de ramas enteras de la producción por la llegada de sus mercancías sino que la superexplotación de los trabajadores chinos condiciona las relaciones de trabajo de los obreros en el resto de los países, al avanzar las políticas de flexibilización laboral, como una “necesidad” de las burguesías dominantes de compensar la gigantesca tasa de ganancia que obtenían en China.

El repaso de algunos casos concretos de inversiones y relaciones comerciales chinas en el país ayuda a desentrañar como, más allá de los discursos que ubican el ida y vuelta comercial en el marco de las relaciones sur-sur, se va construyendo un vínculo a medida de las necesidades chinas y truncando la posibilidad de un verdadero desarrollo soberano e independiente de nuestro país en áreas claves como la industria, los bienes intermedios o la infraestructura.

En la mayoría de los documentos oficiales chinos sobre las relaciones con América Latina, como los Documentos Blancos emitidos en 2008 y 2016, se impone la idea de una política exterior orientada al beneficio mutuo (o win-win), a la cooperación sur-sur y a una complementariedad armoniosa, ideas que por otro lado son muchas veces absorbidas acríticamente como verdades indiscutibles por los interlocutores locales.

Sin embargo y entendiendo que, como el resto de los estados, China parte de sus necesidades a la hora de entablar relaciones con otros países, es muy importante poder analizar las relaciones reales, en casos de intercambios reales entre nuestros países y el gigante asiático.

Casos que, por otro lado, no se encuentran en el ámbito de las proyecciones, sino que llevan ya varias décadas de desarrollo permitiéndonos hacer algunos balances parciales de sus resultados acercándonos bastante a la esencia de esas relaciones.

Relación que tiene al comprador como el actor más poderoso y que a medida que avanza y se concentra como tal ejerce más poder comercial y político. Como corroboró al inicio de su relación el gobierno de Néstor Kirchner cuando intento cuestionar el dumping (cuando un producto se exporta a un precio inferior al que se vende en el mercado interno del país de origen, en el caso de China la mejora de los precios se da a través de subsidios estatales) a algunos productos que ingresaban a la argentina provenientes desde la RPCH y a cambio recibió “el apriete chino” en forma de devolución de dos buques con aceite de soja argentinos con alguna excusa sanitaria. No se volvió a hablar del tema”

Desde que  en 2004 Argentina firmó el acuerdo de “Alianza Estratégica” con China, elevado a “Alianza Estratégica Integral” en 2014 cuando el presidente chino Xi Jinping visitó oficialmente Buenos Aires, las inversiones asiáticas crecieron remachando la dependencia y el modelo productivo actual.

China se consolidó en los últimos años como principal socio comercial de la Argentina, representando 11,3 por ciento de las exportaciones y 21,9 por ciento de las importaciones totales del país (julio 2020) según informó el Instituto de Estrategia Internacional (IEI) de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

El gigante asiático va desplazando incluso a Brasil, principal socio comercial histórico de Argentina, impulsando la competencia intramercosur.

La estatal china COFCO fue creciendo como un jugador en la exportación de cereales y oleagionas hasta transformarse en el mayor exportador en el país de granos de soja, desplazando a la estodunidense Cargill quien históricamente encabezaba el podio. En el camino adquirió la infraestructura necesaria con el puerto de Noble y la compra de Nidera.

Con esta última compra de la empresa holandesa accedió a toda la cadenas de producción (semillas, investigación biotecnológica, agroquímicos, etc) desarrollada hace años en el país. Y con la compra de Syngenta, también con presencia en el país, por parte del gigante estatal ChemChina se aseguró el primer lugar en el mundo de la producción de agroquímicos.

El circulo completo de toda la cadena de producción que se complementa con las inversiones en infraestructura (Belgrano Cargas, Hidrovia, Paso Bioceanico) que intentan abaratar la salida de la producción hacia China.

Pero Argentina y nuestra hidrovia no solo es una puerta de salida para las materias primas rumbo a China sino que como explica Luciano Orellano en su libro “Argentina Sangra por las Barrancas del Río Paraná” también es un “embudo inverso” por donde nos inundan de mercaderías que hechas en las fábricas chinas no son otra cosa que horas de trabajo que no se realizan en Argentina.

Presentación de PowerPoint (inversionycomercio.org.ar)

Las importaciones argentinas de bienes de la República Popular China han aumentado rápidamente, desde poco más de U$S 1.000 millones, a principios de la década pasada, hasta un promedio anual de U$S 10.000 millones en 2011-2012, siendo desde el 2011 el segundo principal origen de las importaciones de nuestro país. El 83,2% son importaciones de bienes de capital y sus piezas y accesorios y bienes intermedios.

Entre los productos más importados desde China se encuentran automóviles, maquinaria pesada y ligera, motores, piezas electrónicas, indumentaria, calzado, productos de computación e informática, partes eléctricas y juguetes; recientemente, debido a la pandemia, aumentó la demanda de accesorios médicos como tapabocas, guantes de látex, entre otros. El total es un aproximado de 5000 productos.

En contrapartida desde Argentina se exportan alrededor de 500 tipos de productos, comenzando por la soja en diferentes presentaciones. Solo los porotos de soja representan un 66% de las exportaciones del país, le sigue el aceite de soja, y en tercer lugar la carne bovina.

El resultado de este intercambio es una balanza comercial que es deficitaria para Argentina desde 2008 y un reforzamiento del lugar de proveedor agrícola para nuestro país que traba el desarrollo en otras áreas como la industria.

Los socios locales

El rol que las grandes potencias imperiales (entre ellas China) asignan históricamente a nuestro país como proveedor de materia prima principalmente agrícola, pero también energética y minera, ha permitido que la relación sobrepase los aspectos partidarios y sectoriales para transformarse en una “política de Estado” impulsada principalmente por los sectores terratenientes y del empresariado local beneficiado por la misma, y llevada a cabo por las más diversas dirigencias políticas de extracciones a veces “opuestas” como es el caso del kirchnerismo y el macrismo. 

Estos sectores encuentran un punto central de coincidencia en impulsar la adaptación de la economía Argentina a la complementación con las necesidades de China. Esto también explica la buena sintonía de los sectores de la gran propiedad de la tierra y de las burguesías exportadoras con el acercamiento a la potencia asiática.

Las instituciones que las representan como la Bolsa de Comercio de Rosario o el Concejo Agroindustrial Argentino son encargados de fomentar y estrechar esas relaciones, sin dejar de impulsar las históricas relaciones de dependencia con potencias como EEUU.

Gustavo Idigoras, representante de las agroexportadoras y uno de los voceros del CAA expresaba hace un tiempo que “es necesario tejer alianza con China, se sabe que no es fácil venderles. Una negociación puede demorarse 5 años, porque las normas son cambiantes y no hay tanta previsibilidad, con lo cual los beneficios son a largo plazo. Vale la pena el esfuerzo de transitar ese camino para tener socios estratégicos en China. Actualmente, las relaciones económico políticas bilaterales entre ambos países, si bien a nivel industrial no son buenas, a nivel agrícola son espectaculares, con gran cantidad de misiones comerciales agroindustriales recíprocas entre ambos países que quintuplican las misiones de Europa y Estados Unidos que han llegado al país en los últimos años”  Argentina y China, una alianza natural – (uba.ar)

Fue la Bolsa de Comercio de Rosario (donde anualmente se realiza el China Day para fomentar la relación) allá por marzo del 2019 la anfitriona del viceprimer ministro de China Hu Chunhua quien mantuvo allí un encuentro con el secretario de Agroindustria del macrismo Luis Miguel Etchevehere, el gobernador Miguel Lifschitz y autoridades de la Bolsa donde se anticipó el creciente interés de una empresa asiática que presentarse a la licitación en 2021 del dragado y balizamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay, una de las discusiones centrales de la soberanía por estos días.

El rastro de las continuidades, o de la alianza con China como “política de estado” puede encontrarse en políticas públicas vinculadas a los sectores exportadores, como el desarrollo de la infraestructura ferroviaria al servicio de la agro exportación con el Belgrano Cargas o los proyectos de pasos bioceánicos para abaratar los fletes con una salida por el pacífico, en el impulso al desarrollo de la sojización a cualquier costo para abastecer la necesidad China o en inversiones (que más allá de la discusión de que grupo local de burguesía intermediaria fuese el más beneficiado) continuaron en todos los gobiernos, como el caso de las represas de Santa Cruz.

Y en Santa Fe se mantuvieron después con la salida de Miguel Liftchitz y el cambio de signo del gobierno provincial. Algo que era de esperarse con la asunción del actual gobernador Omar Perotti, quien durante su gestión como diputado nacional tuvo la presidencia del Grupo Parlamentario de Amistad con la República Popular China

¿alianza para el desarrollo o salvavidas de plomo?

El otro lado de la supuesta complementariedad, o relación sur-sur, pregonada por las fuentes oficiales chinas y repetida por obnubilados referentes sociales y políticos locales de las más variadas procedencias ideológicas, ha sido el avance de  las grandes empresas estatales y privadas chinas, que en mayor o menor medida han tomado posesión de algunas de las palancas claves de nuestra economía y han avanzado en su influencia en los círculos de poder y decisión política local, influyendo directamente sobre la orientación del modelo productivo local y las definiciones de políticas públicas. Dejando a Argentina en el lugar de lo que de define comúnmente como un país dependiente.

En estos días con el viaje del presidente Alberto Fernández a China, y la posible firma por parte de nuestro país del mega plan mundial de obras de infraestructura y transporte impulsado por China bajo el nombre de “La Ruta de la Seda”, seguramente se reabrirá el debate sobre qué tipo de relación tenemos con la potencia mundial y quizás (ojalá) también comience a discutirse qué tipo de relación necesitamos y queremos para que nuestro país pueda desarrollarse autónomamente.

Más allá de los discursos y las formas, es fundamental poder analizar en concreto las relaciones comerciales y políticas que  en los últimos 50 años han desarrollado ambas naciones, para poder pensar en el futuro.

La reprimarización de las exportaciones, la degradación ambiental relacionada con el sector extractivo, la competencia intraindustrial con productos manufacturados importados, la competencia entre los precios para el mercado interno y la exportación que impulsan la inflación (caso de la carne), se presentan como las consecuencias de un vínculo que reedita viejas relaciones de dependencia que América ya conoce y ha sufrido a lo largo de su historia.

La vieja relación norte-sur parece querer reeditarse bajo el signo de oriente-occidente. La reedición de lo que Horacio Ciafardini denominaba “complementariedad subordinada”, que no es otra cosa que la relación económica entre naciones basada en la super especialización productiva de los países dependientes en bienes primarios y la de los países desarrollados en bienes industriales.

Algo que los socios locales del saqueo justifican bajo la idea de las “ventajas comparativas” de nuestro país para este tipo de rol, enfoque utilizado también para la alianza histórica con otras potencias como Inglaterra y que oculta la traba y el atraso que implica en lo concreto para nuestro desarrollo pleno como nación independiente.

A esto habría que agregarle que paralelamente a la profundización de estas relaciones y el rol que nos asignan como proveedor de materia primas China impulsa internamente una política que dependa cada vez menos del mercado externo, por razones principalmente geopolíticas (Estados Unidos es hoy uno de sus principales proveedores), lo que hace tambalear a la economía Argentina atada a la especialización agrícola.

El ministro de Agricultura chino, Tang Renjian, anunció este mes que subirá 40% su producción mundial de soja en los próximos cuatro años, pasando de los 16,4 millones a los 23 millones en 2025, con el fin de lograr la autosuficiencia en materia de granos.

A la luz de los hechos, y analizando el desarrollo de las relaciones entre ambas naciones en estos 50 años (pero sobre todo en los últimos 20), es muy difícil pensar que no es la misma dependencia que Argentina sufre con las potencias que históricamente oprimen el país como Inglaterra o Estados Unidos, pero con nuevo socio y mejores modales.

*Editor de Lanzallamas y director del Observatorio de Actividad de los Capitales Chinos en Argentina y América Latina.

El FMI y el chantaje financiero: breve historia de una deuda inmoral

Por Luciano Moretti*

En el contexto de una enorme crisis mundial generada por la pandemia de la Covid-19, Argentina se encuentra renegociando una vez más un acuerdo de refinanciamiento de pagos con el Fondo Monetario Internacional. El contexto no puede ser más desfavorable para el país que viene de cuatro años  de políticas pro-mercados caracterizadas por la “timba de bonos” y “la libre circulación de capitales” del gobierno macrista, que luego de dos corridas financieras, consecuentes devaluaciones y completa liberación de la cuenta capital nos dejara como saldo el salario en dólares más bajo de toda la región, la inflación más alta desde 1989 y un acuerdo “extraordinario” con el FMI por 47.000 millones de dólares a pagar en cinco años. Sobre llovido mojado, en 2020 se desató la pandemia de la Covid-19 y la recesión económica mundial, sumada a catástrofes climáticas extraordinarios producto del calentamiento global.

El gobierno argentino tenía la oportunidad de encabezar los reclamos de un club de deudores internacional para renegociar con el FMI. Sin embargo, esto no parece haber estado entre sus planes, y la derrota electoral de las elecciones de medio término sólo complica el escenario aún más.

En esta situación el gobierno se apronta a cerrar una renegociación con el FMI, lo que está en debate es si como consecuencia de este acuerdo se relegarán las urgencias de las grandes mayorías populares de aprobarse el presupuesto de ajuste del 2022. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué cada diez o quince años el país vuelve a repetir siempre la misma historia? ¿Qué elementos estructurales explican esta situación? ¿Qué implica un nuevo acuerdo con el fondo?

El largo fin del siglo XX

El “nuevo” rol del capital financiero

Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias. Esto el gran capital financiero lo sabe bien. Han sido expertos en destruir el sistema para salvar al sistema, como hicieran durante la década del 70. El fin del patrón oro, la caída Bretton Woods y la consecuente reforma de los organismos internacionales de crédito, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, constituyeron una enorme contraofensiva de clase a nivel mundial para recomponer la tasa de acumulación de capital en favor de los grandes monopolios del Norte Global, recuperar la tasa de crecimiento y salvar al sistema. Para ello fue necesario disciplinar a las clases obreras de los países centrales. Las políticas neoliberales fueron el instrumento que empuñara el gran capital financiero para alcanzar dicho fin. Este proceso se profundizó durante la década del 90 con la creación de la Organización Mundial del Comercio. Estas tres organizaciones, creadas y respaldadas por EE.UU. principal potencia hegemónica mundial y garante del sistema imperialista, fueron la triada utilizada por el capital financiero del Norte Global para imponer nuevas reglas en el sistema interestatal.

Como consecuencia, el capital financiero se “liberó” de las ataduras y regulaciones impuestas por los Estados nacionales, sobre los cuales se impone una estricta disciplina fiscal que actúa en favor de los intereses del primero. De lo contrario existe el riesgo de una fuga de capitales que cause una severa crisis interna. El principal objetivo de los Estados es prevenir que esto suceda manteniendo lo que se conoce como “la confianza de los mercados”. Una variopinta calaña de aseguradoras de riesgo y agencias crediticias se han convertido en jueces del buen comportamiento de los Estados, socavando aún más la autonomía estatal y su soberanía. Bajo este tipo de orden, incentivar la demanda agregada mediante el accionar estatal se vuelve imposible, debido a que se imponen políticas de equilibrio fiscal y es muy dificultoso gravar la riqueza de los grandes monopolios para financiar el gasto. Tanto el capital financiero, como los organismos internacionales son reacios a los programas de financiamiento de la demanda agregada. Por demanda agregada entendemos al total de bienes y servicios demandados por un país, a un nivel de precios determinado por el período de un año. Las políticas que incentivan la demanda requieren de un mayor gasto público y tienen como objetivo el pleno empleo de los factores de producción. El rechazo generalizado a este tipo de políticas se explica por la reticencia de los grandes monopolios a pagar impuestos y porque constituyen políticas distributivas en favor del trabajo, es por ello que pregonan “el déficit fiscal cero”, lo que se traduce en mayores medidas de austeridad y recorte de gasto público, a la par que impiden el cobro de impuestos bajo el justificativo de que son una amenaza para la inversión.

América Latina y Argentina: casi un siglo de marchas y contramarchas

Para aquellos que vivimos en Argentina y en los países de la periferia, algunas de estas cosas no nos parecen novedosas. Nuestros Estados nunca fueron plenamente soberanos y su capacidad para financiar la demanda agregada mediante el gasto público ha sido limitada por diversos condicionantes estructurales, siendo el principal de ellos la dependencia económica y el comercio desigual. Si bien, hemos gozado de derechos en el sistema interestatal, esto se ha limitado solamente al plano formal. La independencia política fue lograda durante las luchas anticoloniales del siglo XIX, pero la independencia económica no estuvo en los planes de aquellas elites que se encargaron de construir “Estados naciones” donde previamente hubo colonias. Si bien, durante el siglo XX existieron diversos proyectos populares que buscaron recuperar el control de los recursos económicos y colocarlos al servicio de las grandes mayorías, como por ejemplo el primer peronismo, o previamente de manera más tímida el gobierno de Yrigoyen.

Durante el período de industrialización por sustitución de importaciones la restricción externa aparecía principalmente asociada a desequilibrios en la balanza comercial. El modelo de industrialización motorizada por el Estado se basaba en la protección de la industria nacional mediante la implantación de tarifas a los productos importados y subsidios a sectores industriales claves para destinarlos al consumo interno. Sin embargo, debido a la dependencia tecnológica, muchos de los bienes de capital y los insumos necesarios para la industrialización debían ser importados desde los países desarrollados. Esto significaba un drenaje de recursos y por ende la necesidad de contar con las reservas internacionales suficientes para afrontar estos costos crecientes. Dado que la industria no era competitiva internacionalmente se debía compensar esta necesidad de divisas mediante el fomento de las exportaciones agropecuarias. Para ello, el Estado administraba el comercio exterior mediante la junta nacional de granos y obtenía las divisas necesarias para financiar la industria.

Sin embargo, debido a la caída en los términos de intercambio de los productos primarios y a su baja elasticidad, a medida que la industria demandaba más productos importados la cuenta comercial se volvía más deficitaria. Durante este periodo de desarrollo del capitalismo la cuenta de capital permanecía cerrada, los desbalances en la cuenta comercial solían afrontarse mediante la toma de deuda con el FMI y la implementación de un paquete de ajuste que recortara salarios, redujera la demanda y devaluara la moneda nacional. A pesar de estas restricciones, durante este periodo se registraron las tasas de crecimiento más altas en la historia de la región latinoamericana y se desarrolló una poderosa industria con su consecuente clase obrera urbana y florecieron los sectores medios.

Figura Nº1: Crecimiento del PBI de América Latina
 PeríodoCrecimiento del PBICrecimiento del PBI per cápita
Modelo Agroexportador1870-19293,41,5
Industrialización por sustitución de importaciones1930-19804,92,2
Neoliberalismo1980-20022,40,5
Post-neoliberalismo2003-20133,62,4
Fuente: Gallagher, 2016.

En ese contexto, la crisis económica internacional de la década del 70 implicó una profunda restructuración del sistema capitalista mundial. En el marco de una ofensiva de clase reaccionaria contra los derechos de los trabajadores, las políticas neoliberales desmantelaron la capacidad de los Estados para intervenir en la economía dando fin al sistema de bienestar. Las nuevas formas de acumulación financieras requerían que los países se abrieran a la inversión extranjera por lo que debían eliminar toda restricción a la circulación de bienes y servicios y en particular al capital financiero.  En el caso de la región latinoamericana, los países se encontraban afrontando un proceso de endeudamiento producto del reciclaje de los petrodólares que se generaron luego del shock petrolero de 1973, estas altas tasas de endeudamiento generarían una profunda crisis de deuda que abriría paso a las reformas estructurales propulsadas por el Consenso de Washington. Como consecuencia de esto, Argentina adoptó por completo el paquete neoliberal, que además de las privatizaciones de los bienes públicos a precio vil y la retirada del Estado como administrador de la demanda, desmanteló por completo la estrategia de industrialización y se adoptaron nuevas políticas económicas. Las dictaduras militares jugaron un papel clave en hacer pasar estas mediadas a sangre y fuego. Entre ellas se impuso el conservadurismo fiscal, altas tasas de interés para controlar la inflación, apertura total de la cuenta de capital, tipos de cambio libre y libre comercio e integración al mercado mundial. Este periodo estuvo signado por un crecimiento muy bajo y la región quedo más expuesta a los shocks externos.

Debido a la completa apertura de la cuenta de capital y al nulo control del Estado sobre los flujos de bienes, servicios y capital cuando la tasa de interés global y los bienes primarios tiene precios al alza el capital financiero extranjero fluye hacia el país y la región. Sin embargo el tipo de inversiones suele ser de corto plazo en bonos y mercados derivados, más que a inversión en infraestructura o emprendimientos productivos. Estos flujos suelen apreciar el tipo de cambio volviendo a las exportaciones menos competitivas y fomentando la des-industrialización. Esto genera mayores déficits en la balanza de pagos que lleva a la toma de más deuda externa. Cuando las condiciones externas se vuelven desfavorables, el capital emigra hacia otras regiones, el tipo de cambio se desploma y en algunos casos se genera una crisis financiera. En este momento es cuando interviene el FMI con sus préstamos de “facilidades extendidas”, interviniendo para salvar al capital financiero para que no quede “atrapado” en el país e imponiendo un paquete de ajuste y restricción del gasto que profundiza la crisis. Como resultado la región atravesó el peor período de crecimiento de su historia, alcanzando cifras de pobreza record, destrucción del empleo, pérdida de capacidad industrial y aumento de la deuda externa.

Las diferencias entre ambos momentos son significativas. Mientras que en el periodo de la ISI la restricción externa se generaba por la necesidad de adquirir insumos por parte de la industria en el marco de un proyecto que buscaba el desarrollo y la generación de empleo, en el periodo actual la restricción externa se manifiesta en la cuenta de capital. Esto es producto de la vulnerabilidad externa de la economía nacional que se encuentra a merced de los caprichos del capital financiero que utiliza los países como medio para valorizarse mientras genera desempleo y mayor desigualdad, profundizando la desindustrialización y desincentivando las exportaciones.

El total libertinaje y descontrol de las cuentas nacionales y el desmedido poder que tienen hoy las grandes empresas exportadoras (particularmente aquellas ligadas al sector agrícola) son la causa detrás del constante péndulo en el que vive la economía argentina. Sin controlar lo que entra y lo que sale, asistimos a un saqueo permanente de nuestros recursos, su aprovechamiento por un puñado de empresarios, y la condena a la miseria estructural de millones de argentinos/as.

Debido a las características estructurales de la economía argentina y al rol que la misma ocupa en la división internacional del trabajo esta ha sido vulnerable a los shocks externos. Estos shocks se manifiestan principalmente como escases de divisas conocido como restricción externa. Estos ciclos de crecimiento económico seguidos de endeudamiento, explican las marchas y contramarchas de la economía. Fue así que el endeudamiento durante la dictadura nos llevó a la década perdida de los 80, y se repitió durante la década de 1990, luego el “blindaje” con De La Rúa hasta el estallido social del 2001 que logró imponer el no pago de la deuda que permitió la recuperación de principio del siglo XXI. Sin embargo, si bien esta ha sido una característica que se manifestara durante casi toda la historia contemporánea del país, los endeudamientos cobran diferente sentido dependiendo del modelo de desarrollo imperante en cada momento.

El acuerdo con el Fondo

El gobierno nos repite hoy la frase de Margaret Tatcher “no hay alternativa” más que negociar con el FMI, pagar “lo que se debe” y dejar que el ciclo de crecimiento y endeudamiento vuelva a comenzar.  Hoy el Estado se encuentra limitado en sus funciones y capacidades por la constante amenaza del garrote del capital financiero. El gobierno nacional se presta al juego del gran capital y acepta co-gobernar con el FMI. La reactivación económica que tanto pregona el gobierno, “poner a la Argentina de pie”, va a ser imposible sin librarse de los costos que nos impone pagar la deuda externa. A medida que aumenta la capacidad utilizada de la industria esta requiere de mayores insumos (muchos de los cuales son importados) por lo que los dólares que irán para el pago de la deuda son los que van a faltar para sostener el crecimiento industrial y la generación de empleo. El gobierno busca evitar esto posponiendo los pagos con el FMI para “crecer primero y pagar después”, por lo que, de lograrse este acuerdo, la economía nacional y los trabajadores deberán hacer un esfuerzo desmedido que irá a parar a manos del fondo y de los acreedores externos.

A cambio el FMI demanda déficit primario (sin contar la deuda) cero para el año 2022, lo cual es un objetivo que requiere ajustar las cuentas nacionales, es decir reducir las partidas presupuestarias destinadas al gasto social, educación, salud y seguridad. El gobierno dice que no será necesario dado que la mayor recaudación producto del crecimiento económico compensará el déficit. Sin embargo, mediante esta cláusula el gobierno está resignando la capacidad de estimular la demanda de la economía en un contexto donde más que nunca es necesario aplicar medidas económicas de política expansiva. Con tasas de desempleo del 9,6% y de subempleo del 12,4% y con un 40,6% de la población bajo la línea de pobreza es prácticamente imposible salir de esta situación si el Estado se retira de su función de financiar la demanda. El ajuste ya estuvo en marcha durante el corriente año donde el gobierno sub-ejecutó partidas económicas claves dentro del gasto presupuestado para el corriente año, se negó a continuar con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y en los hechos aplicó una política de recortes que le costó las elecciones de medio término.

La inmoralidad del sistema de la deuda

El gobierno reniega de plantear la inmoralidad que implicó este acuerdo con el FMI, el cual se realizó de manera completamente viciada, incluso violando el propio estatuto del organismo. El ex presidente Macri admitió en diversas ocasiones que el préstamo tuvo fines electorales y que la gran mayoría de esos fondos fueron destinados a pagar la fuga de capitales producto de sus políticas de desregulación. El gobierno de Macri generó un festival de bonos permitiendo el ingreso de capitales golondrinas que aprovechaban las altas tasas de interés en pesos para obtener ganancias extraordinarias, una vez “hecho el negocio” estos capitales se retiraron del sistema drenando los dólares al Banco Central. Fue tan grande la “bicicleta financiera” que para 2018 el FMI tuvo que intervenir para garantizar que los capitales extranjeros que habían ingresado al país pudieran salir, es decir, el FMI fue cómplice del saqueo a las reservas internacionales, algo que su estatuto prohíbe. Sin embargo, el actual gobierno nacional se niega a dar esta discusión y busca negociar “el mejor acuerdo” posible.

En el contexto de la crisis sanitaria y económica mundial el FMI ha decidido mantener y reforzar su yugo sobre las economías más vulnerables del planeta. Para ello posee diversos mecanismos, uno de ellos es el uso de sobretasas. Las sobretasas se imponen a aquellos países que piden fondos por sobre su contribución inicial al organismo. Estas sobretasas buscan que los países paguen sus deudas de manera rápida, sin embargo, en un período recesivo como el actual, el pago de los préstamos, más los intereses más las sobretasas son un instrumento de apalancamiento inmoral que impone severas políticas de ajuste y recorte a economías vulnerables como la de Argentina.

Existen dos tipos de sobretasas, por un lado, están aquellas que se imponen cuando un país solicita un préstamo que supere en un 187,5% la cuota base que aportaron al organismo, por otro lado, se imponen cuotas en base a la extensión temporal del préstamo para aquellos que superen los 36 o los 51 meses dependiendo del acuerdo. La imposición de tasas y sobretasas también depende de cual sea el origen de los fondos. El FMI tiene dos fuentes princípiales la Cuenta de Recursos Generales (CRG) y el Fondo para la reducción de la pobreza y fomentar el crecimiento. La cuenta principal es la CRG y es la que se encarga de los préstamos a los países de ingresos medios y altos, como el caso de Argentina. Los primeros 14 países que aparecen en la figura 2 están sujetos a sobretasas por superar la cuota base, entre ellos Argentina.

Figura Nº2:

Fuente: elaboración propia en base a Eurodad

En este contexto de crisis económica mundial generada por la pandemia del Covid-19 el FMI se prepara para recibir un aluvión de fondos desde los países más endeudados sólo en conceptos de tasas y sobre tasas. Los intereses proyectados para el período 2021-2028 implican que el FMI recaudará un total de 13000 millones de dólares. De este total el 69% provienen de las sobretasas y la mayoría deben ser pagadas durante los años 2022 y 2023, por lo que en los hechos el FMI está dificultando la recuperación de los países más vulnerables en un contexto económico completamente adverso.

Para el caso de Argentina nuestro endeudamiento con el FMI es previo a la pandemia de la Covid-19. En Junio de 2018 el país recibió un préstamo extraordinario de facilidades extendidas por 42776 millones de dólares, lo cual implicó exceder su cuota en un 960% por lo que se encuentra sujeto al cobro de sobre tasas. Estas sobretasas representan el 53% del costo del prestamos por lo que elevan el costo total de endeudarse con el FMI en un 113%. Como se observa en la figura 3, el peso de las sobretasas en los pagos a futuros constituye una carga inmoral sobre el pueblo argentino.

Figura Nº3:

Reflexiones finales

Producto de la restructuración del capitalismo en la década del 70 el capital financiero se convirtió en el sector hegemónico que motoriza la acumulación de capital. Para los países dependientes y periféricos como el nuestro, esto implicó un duro proceso de disciplinamiento económico, del cual las dictaduras fueron protagonistas principales, para imponer sobre nuestro pueblo un modelo de acumulación de capital centrado en recursos primarios y de valorización financiera. Como consecuencia se abandonó el modelo de desarrollo industrial y se destruyó la capacidad del Estado para motorizar la demanda imponiendo en los hechos una deflación del ingreso de las grandes mayorías populares y una enorme pérdida de derechos de los trabajadores.

El FMI jugó un papel predominante en ser el impulsor del nuevo régimen de regulación que el capital financiero necesitaba, imponiendo sobre las periferias las políticas neoliberales de desregulación financiera y apertura comercial. Este crecimiento de flujos internacionales de bienes, servicios y capitales volvió extremadamente vulnerables a la economía de países como Argentina que quedaron a merced de los vaivenes del capital financiero.

El sistema de deuda internacional es inmoral por los costos crecientes que impone a los países más débiles y endeudados. Esta inmoralidad se acrecienta en el escenario actual marcado por la pandemia de la Covid-19 y la profunda recesión económica que atraviesa el mundo. Es en este contexto que FMI aprieta más el estrangulamiento sobre las economías en vías de desarrollo mediante el cobro de tasas y sobretasas que encarecen el costo de endeudarse.

El gobierno de Argentina tiene la oportunidad de encabezar una cruzada internacional formando un club de deudores para denunciar este tipo de abusos por parte del FMI. Sin embargo, el gobierno adoptó la estrategia de renegociar en soledad para conseguir en el mejor de los casos alargar la cadena de la dependencia y aumentar el peso de los grilletes sobre una sociedad empobrecida que no está dispuesta a aceptar un nuevo ajuste.

Fuentes:

Eurodad, (2021) A Guide to IMF Surcharges en https://www.eurodad.org/a_guide_to_imf_surcharges

Gallagher, K (2016) The China Triangle: Latin America’s China Boom and the Fate of the Washington Consensus, Oxford University press

*Luciano Moretti es Licenciado en Ciencia Política. Doctorando en Estudios Sociales. Universidad Nacional del Litoral.

Terrorismo mapuce: un invento a la medida de la derecha

*Por Sabrina Aguirre

A raíz de los eventos recientes en El Bolsón, en los que una vez más se endilga la responsabilidad por hechos de destrucción al pueblo mapuce, los medios de comunicación se han vuelto nuevamente una caja de resonancia de un conjunto de falacias. El invento del “mapuce terrorista” no es nuevo, pero se reactualiza cada vez que resulta conveniente para la derecha. La negación de la preexistencia y los derechos indígenas van de la mano con la negación de la historia profunda de los conflictos territoriales actuales.

Raíces históricas del conflicto: un juego sucio

En el siglo XIX, la Patagonia no era ni chilena ni argentina, era indígena. Pero el Estado argentino avanzó anexando estas tierras para destinarlas a la actividad ganadera que, para generar mayores ganancias, ya no podía restringirse a la pampa húmeda. Cuando el Estado anexó las tierras patagónicas, estableció nuevas condiciones de juego en un espacio que tenía reglas propias.

Por la fuerza se eliminó y expulsó a una importante porción de la población preexistente. Esta operación se constituyó como un verdadero genocidio. El exterminio físico no solo era uno de los objetivos, sino que se hicieron carne situaciones que hoy claramente podemos caracterizar como violaciones a los derechos humanos: el traslado forzoso, la conformación de campos de concentración, la violencia sexual, el desmembramiento de familias, entre otros. Con la población sobreviviente, se trató de que las familias se volvieran sedentarias y se insertaran como mano de obra barata para los nuevos “dueños” de la Patagonia. Para esto se les dio las tierras más marginales de la época: las de difícil acceso, las faltas de agua, las más yermas.

Se dictaminó así su existencia subordinada. Además, posteriormente se instaló el terror como forma de que la identidad de quienes fueron masacrados o expulsados no pudiera resurgir para aglutinar los remanentes. En este sentido, todo el clima posterior a las campañas militares fue en sí mismo una prolongación del genocidio. La reconstrucción de esa identidad, la reconexión con el pasado del pueblo, fue algo que no se logró con inmediatez luego de la anexión del espacio por parte del Estado argentino, justamente por esta imposición del terror, que se traducía en la persecución, la estigmatización y la exclusión para quienes abiertamente se reconocieran como indígenas.

Esto venía de la mano de estas nuevas reglas del juego que el Estado imponía con su avance. Entre ellas, reivindicarse abiertamente como mapuce significaba virtualmente quedar excluido de la posibilidad de titularizar las tierras habitadas, mientras estancieros extranjeros o amigos del poder no encontraban ninguna traba para privatizar grandes extensiones. Así fueron los indígenas arrinconados a tierras marginales.

Todo esto formó parte de las nuevas reglas de juego impuestas a los pueblos indígenas. A ellos se les dio, para empezar a jugar en este nuevo escenario, una mano de cartas bastante pobre. El juego fue, desde entonces, un juego sucio. Los buenos pobladores eran, en la mente de los sectores dominantes que buscaban ofrecer la Patagonia como destino turístico a los europeos, los blancos.

Para ellos hubo facilidades y agilidades en la titularización de las superficies. Para los indígenas, hubo desplazamientos forzados y casi nulas seguridades legales para el uso de sus tierras. Tierras a las que, recordemos, se los había desplazado antes. Esta desventaja histórica configura de nuestro lado, el de quienes nos identificamos como parte de la nación argentina, una deuda pendiente con los pueblos indígenas. Con el paso del tiempo y el desenvolvimiento de diferentes intereses, estas tierras antes marginales se volvieron el foco de quienes buscaron desarrollar el turismo, o los hidrocarburos allí donde se descubrían. Y allí resurgió la violencia del despojo, aunque también el dolor funcionó como una chispa que animó a algunos a recuperar lo históricamente perdido.

Las sagradas escrituras

Existe una idea bastante arraigada en nuestra sociedad, y es que el título de propiedad individual determina quién tiene “la razón” para ocupar un territorio. No importa el origen, no importa qué había antes. Ese documento se vuelve sacrosanto y nadie osa cuestionarlo. En el caso de las disputas territoriales en las que toma parte el pueblo mapuce, estas sagradas escrituras parecen tener la última palabra.

No es de extrañar que ante la re-emergencia de los conflictos territoriales indígenas, los medios de comunicación manejados por sectores que responden a intereses económicos concretos funcionen como caja de resonancia de argumentos racistas. “Los propietarios versus los usurpadores” parece ser la versión actualizada de “civilización versus barbarie”. Se acusa a los mapuce de reconocerse como nación e inmediatamente de querer construir un Estado dentro del Estado argentino. Se les imputa la “grave falta” de no reconocerse como argentinos e inmediatamente se los señala como chilenos.

En lo primero hay una grave confusión entre nación y estado. No todas las naciones conforman estados y no todos los estados tienen dentro de sus tierras a una sola nación. Los estados y las naciones no son hechos que se dan de una vez y para siempre: en mucho, depende de nosotros construirlos, modificarlos o destruirlos. En lo segundo hay otro problema, que es el mirar al pasado pensando que encontraremos en él una copia del presente. Pensamos que un grupo que dominaba un espacio -antes que el Estado argentino o chileno llegaran- debería considerarse argentino o chileno. Así se está haciendo la vista gorda al hecho de que lo argentino y lo chileno llegaron a este lugar después de que toda una civilización se desarrollara aquí.

De la misma forma se hace la vista gorda en torno a los procesos por los cuales las propiedades se conformaron como tales. Estas auténticas varas para medir la “legitimidad” de la ocupación del espacio tampoco existieron siempre. Ni se construyeron en un juego limpio y democrático. De hecho, durante la última dictadura militar se avanzó bastante en el corrimiento de los mapuce, tanto en la zona de la Cordillera como en la meseta donde hacía poco se había descubierto petróleo y gas.

Mapuce separatistas y terroristas: un invento a la medida de la derecha

Los argumentos que estos días se han vertido en la prensa acerca del conflicto territorial, que más que argumentos son falacias, son enarbolados por sectores para quienes la Argentina ideal es “blanca y pura”. Para estos actores, la Argentina solo puede ser de ellos y para ellos. No es para el pueblo mapuce. Pero tampoco es para nosotros, quienes nos entendemos como parte del pueblo argentino.

En este contexto, hay que pensar en la utilidad que los argumentos racistas contra el pueblo mapuce tiene para estos sectores con posicionamientos políticos reaccionarios. Por una parte, hay una concreta exageración periodística. Mientras se grita a los cuatro vientos que los mapuce son una amenaza mortal para el orden y la seguridad en la Argentina, no se da cuenta en ningún momento de que los referentes de las organizaciones mapuce más importantes de la Patagonia han repudiado estos hechos violentos que se les imputan careciendo de toda prueba que pudiera esclarecer responsabilidades.

Muy por el contrario, los hechos de violencia son presentados en un contexto en el cual resultan sumamente útiles para dar rienda suelta al ataque contra los indígenas. Este proceso ocurre cuando Cambiemos está en plena campaña, buscando ganar los favores de quienes desde siempre reclaman la mano dura como una solución a todos los problemas sociales y de los desprevenidos que crean sus maquinaciones.

En el terreno electoral, esta campaña es funcional a estas expresiones de la derecha que responden a determinados intereses económicos. Sirve como estrategia para acusar al gobierno de defender “terroristas”. Al mismo tiempo resulta en una presión efectiva sobre ese gobierno que inicialmente planteaba que no se iban a enviar fuerzas represivas a Río Negro y que terminó llevando a la Gendarmería.

En el terreno de los intereses económicos defendidos, las falacias sirven para deslegitimar y frenar la prórroga a la ley de relevamiento territorial indígena que incluya un presupuesto propio para ejecutarse eludiendo así las detracciones de algunos gobiernos y sectores reacios a que se conozca la extensión precisa de las tierras reclamadas por los mapuce. Intenta obstaculizar, también, el camino de la aprobación de una ley de propiedad comunitaria indígena.

Además de todo ello, la campaña sirve como espacio de encuentro de diferentes expresiones de la derecha que no necesariamente provienen de idénticos espacios políticos. En este sentido funcionan las expresiones de la gobernadora Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) de que el pueblo mapuce busca “socavar el orden constitucional” y su reclamo de una mayor intervención nacional, llegando a acusar al gobierno nacional de una supuesta “complicidad” con la “violencia mapuche”.

La hipótesis del “terrorismo” suele venir acompañada de la del “separatismo”, o del crimen de secesión. No existe mejor prueba contra estos argumentos que el derrotero mismo de las organizaciones indígenas en la actualidad. Sin ir más lejos, la Confederación Mapuce de Neuquén viene transitando hace años un camino de progresivo acercamiento intercultural al pueblo argentino con el fin de defender causas que atraviesan a ambos de formas igualmente graves. En palabras de Jorge Nawel, coordinador de esta institución mapuce:

“La bandera argentina representa en el pasado al Ejército de Roca que cometió el mayor genocidio en la historia de la Argentina, pero hoy representa a esa enorme masa popular de argentinos que aspiran a un mundo mejor, a un mundo más justo, por lo tanto, todo nuestro respeto a ese símbolo”.

Así se ha defendido el bosque nativo en la cordillera, y se ha luchado junto a los pueblos como Añelo por la provisión de agua potable y mejor infraestructura urbana. En los barrios populares de las ciudades más grandes de nuestras provincias, el pueblo mapuce tiene una presencia enorme, y tiene su destino atravesado por las mismas problemáticas y carencias que quienes se reconocen como argentinos. Desde allí se han construido luchas por techo, tierra y trabajo, se han levantado comedores para paliar la crisis que la derecha misma nos dejó y se trabaja todos los días por la dignidad de los pueblos.

La división que se quiere propiciar con el pueblo mapuce es una reinvención del mito del enemigo interno, con el cual nos separaría una frontera ideológica que justificaría la represión absolutamente desmedida que reclaman las derechas en los medios. Esta frontera imaginaria busca apelar a lo rancio del nacionalismo argentino, desempolvando argumentos de superioridad racial disfrazados de visiones objetivas sobre la historia. Son “bárbaros”, porque vienen por nuestras propiedades. Quieren “toda la Patagonia”, son “indios al ataque”.

La verdadera frontera ideológica está entre quienes desean el territorio para desarrollarse en convivencia y dignidad, y quienes lo quieren acaparar para colmar sus propios intereses, presentando su defensa como una defensa del bien común. Incluso cuando estos intereses objetivamente están en contra de los del pueblo argentino como tal. Alcanza con recordar la enorme propiedad privada a manos del empresario inglés Lewis en la margen del Lago Escondido que ha anulado el libre acceso a la costa del lago para cualquier otra persona.

El camino de trabajo y lucha intercultural abre posibilidades que, claramente, preocupan a quienes hoy se empecinan por mostrar a los pueblos indígenas como la nueva amenaza interna del país. Lejos del mito del “mapuce terrorista”, los senderos transitados nos llevarán a profundizar la pregunta por la deuda con los pueblos indígenas, y las salidas para reparar una histórica situación de despojo, terror y negación de quienes hoy nos acompañan en la pelea por un país más justo. Los destinos del pueblo mapuce y argentino, como pueblos oprimidos, más que separados, se hallan inexorablemente unidos.

*Sabrina Aguirre: Doctora en Historia. Docente del área de Historia Argentina de la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén.

FOTOGRAFÍAS: Juan «Negro» Ramírez. IG: @negrodeneuquen

EL ATROPELLO DE LA HISTORIA

Por Ignacio Pizzo*

Sofía Luján de 15 años quien vivía en la villa 21-24 de Capital Federal, apagó su vida bajo una locomotora de la empresa Ferrosur del ex Ferrocarril Roca. Hasta ese día pasaba por uno de los incontables pasillos de la villa 21-24. Así es, por allí pasaba un tren.

El plusvalor genera muerte a cambio de divisas. Y a Sofía de 15 años, quien intentó salvar a su hermano de tres, no la reclama el tiempo.  Pero sí la atropella la historia.  Esa historia argentina que cuenta crímenes, con responsables estatales, empresariales y políticos.

Ferrosur, la empresa a la cual pertenece el tren, transporta cemento de la empresa Loma Negra hasta un centro de distribución cercano a la ciudad de Buenos Aires, el principal mercado del país. Dicen que ahí atiende Dios, pero sus oficinas no se emplazan en ninguna periferia de los suburbios de la ciudad más rica del país como la villa 21-24,  donde cerca de 80.000 conciudadanos son pisoteados en cada corrida de bolsa .

 Las dos unidades Loma Negra y Ferrosur pertenecen al holding “colaborativo” brasilero Camargo Correa.

Loma Negra, símbolo histórico del vampirismo capital, fue vendida por el clan Fortabat a este grupo empresario en 2005 por mil millones de dólares.  Sin embargo, no cuenta en su mochila histórica únicamente con un tren desguarnecido que atropella a una adolescente en un pasillo de una de las villas más grandes del país.  No será la primera muerte que cuente en su contador de estrellas sin sentido, como aquel que visitó El Principito.

Ferrosur y su tren, es sólo uno de los tentáculos de ese símbolo vivo, ese aterrador lobo con piel filantrópica que se instaló en 1927 como pionero del extractivismo, y atraía obreros con casas y donaciones de asfalto, para que se instalaran en localidades alejadas de las urbes, para extraer piedra caliza. El mentor fue Don Alfredo Fortabat, un magnate de corte argento-europeo, casado luego con María Amalia Sara Lacroze Reyes.

Durante la última dictadura cívico-militar- eclesiástica y económica, Loma Negra fue proveedora en la construcción de las autopistas porteñas ideadas por el brigadier Osvaldo Cacciatore y en la remodelación de los estadios de fútbol con miras al Mundial ´78.  Desde la planta de producción hasta Buenos Aires, el tren que lleva el nombre del inescrupuloso conquistador del desierto, llevaba el cemento.

No obstante, la empresa supo ser más que un mero proveedor de concreto de aquella asociación ilícita instrumentada para devorar desaparecidos a cambio de instalar el hambre como perpetuador de la especie liberal y empresaria.

En 1976 una enfermedad laboral respiratoria, la silicosis, era investigada por el abogado Mario Daniel Gubitosi, asesor del Gremio Ladrillero, quien fue detenido en 1976. Posteriormente, otro abogado laboralista asesor del gremio de los trabajadores de cal y piedra, Carlos Moreno, tomó el caso. El sindicato había tomado conocimiento de la existencia de la silicosis en 1976 y realizó una encuesta a sus afiliados descubriendo que sólo el 5% de los operarios de la sección embolsadora llegaba a jubilarse, pues muchos morían antes.  Carlos Moreno tomó algunas demandas por silicosis contra Loma Negra. A fines de abril de 1977, el abogado fue secuestrado en Olavarría.  En la sentencia que dictamina condena por su secuestro, tortura y asesinato se ordenó continuar investigando el rol de la empresa. Esto esclareció una serie de hechos represivos en los que directivos de Loma Negra estuvieron involucrados de manera directa.

En 1983, el plantel obrero de la fábrica Loma Negra estaba reducido a la mitad respecto del número aproximado de 1500 que eran en 1976. Pero eso es apenas un detalle, apenas un agujero negro en la galaxia del magnicidio económico que hasta hoy se sigue cobrando víctimas.

 Tras el fallecimiento del patriarca Fortabat, su viuda, asumió la conducción de Loma Negra, multiplicando por tres el patrimonio empresarial en apenas tres años. Supo hacer uso de la opulencia y tuvo más poder que un presidente.  Cercana con Arturo Frondizi.  Embajadora plenipotenciaria , título otorgado por Carlos Saúl Menem.

A lo largo de 25 años, la empresaria posicionó a Loma Negra en lo más alto, consagrándose como “la reina del cemento”. Fue en 2001 que termina el reinado   por deudas millonarias y en 2005 concretó la venta de su coloso al grupo brasilero. Otra historia conocida que atropella a nuestra historia. El empresariado local convirtiendo a su empresa en transnacional. Oportunidad en cada crisis. Símbolo de nuestros días para la aceleración de la caía libre, para no afirmarse en la vida.

Llegado al 2020 la empresa Ferrosur S.A., integrante del mismo holding que Loma Negra, pidió la apertura de un proceso «preventivo de crisis» ante el Ministerio de Trabajo…la excusa: la pandemia. Por lo tanto, la actividad del transporte de carga que realiza, estaba paralizada en un 80% y con la intención que este proceso le habilite a pagar solo el 70% de los salarios el Grupo Camargo Correa intentó imponer un esquema de «suspensiones rotativas» y reducir el salario en un 30% a más de 1200 trabajadores.

Esta firma empresarial utiliza más de 3000 kilómetros de vías del ex ferrocarril Roca (en las cuales nunca invirtieron para su mejora) y atraviesa Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro. De las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, el miércoles 15 de abril del 2020, fue una de las ganadoras con un 5,7% de aumento de ganancias, junto al Grupo Financiero Galicia (+6,5%); Banco Supervielle (+5,6%); Banco Macro (+5,5%); y Mercado Libre (+4,7%).

 La historia conecta  los atropellos de nuestro país, desde el tradicional empresario oligárquico que se desprende de su monumento, dejando tras de sí   generaciones de víctimas, para luego ceder a un  gran holding sus dones. Amos y señores de nuestros días.

Ayer con trabajadores ahogados por la silicosis y con la complicidad para desaparecer, torturar y matar a sus abogados laborales. Complicidades históricas donde Loma Negra es un ícono entre tantos. Hoy con otros dueños pero la lógica genética sin cambios.

Con un culto empresarial victimizándose con el exilio y un culto político que se permite hacer campaña electoral con 6 de cada 10 niños cercados bajo la línea de pobreza, se va consolidando el hecho, la obra maestra más oscura, que rinde culto a la ética del mercado. Entre esas estadísticas está Sofía, escondidita entre los números, cuya vida se apagó debajo de una locomotora de Ferrosur la transportadora de Loma Negra. 

Mientras los terremotos generados por las vibraciones del tren acechan las casas como la de Sofía, y mientras se culpabiliza al maquinista o al habitante del barrio por edificar lindando con las vías, el cuerpo de Doña Amalia Lacroze de Fortabat, permanece en el panteón familiar del cementerio de la Recoleta. Fue sepultada con todos los honores luego de su muerte a los 90 años, el 18 de febrero del 2012.  

A dicho cortejo habían concurrido , entre otros, el actual Jefe de gobierno porteño y por entonces jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, el diputado de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay y el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, así como empresarios, artistas y diplomáticos. Larreta quien era amigo personal de la familia afirmó que Lacroze de Fortabat «fue una mujer de una fuerza bárbara», mientras Prat Gay sostuvo que fue «una mujer extraordinaria y generosa que le hizo muy bien al país». Mitre, por su parte, la definió como «una mujer solidaria en todo sentido, una gran persona, una gran amiga que se fue».

Ninguno de los concurrentes a ese entierro, conocía a Sofía.  Ella es el alma viva de la historia por venir. Aunque su cuerpo ya no esté por el acto reflejo de salvar a su hermano, su última acción nos demuestra que es prioritario el hecho de cuidar a la pequeñez, mientras otros son los portadores de los privilegios. Sofía, nos dio una trompada de vida. Para bloquear las vías e impedir que el tren cargado de historia siga atropellando, para recordarnos que debemos atesorar niños y niñas como ética del devenir. Nuestro futuro sigue naciendo incompleto por la falta de Sofía.   

La causalidad que otorga  el certificado,  intentará establecer el diagnóstico de accidente vial o lesión no intencional. Todos y todas sabemos que a Sofía la atropelló la historia acarreada en un coloso de cargas. Se otorga significado cuando un país puede ser pensado en clave de niño, mientras tanto los vencedores seguirán exhibiendo placas de mármol o llevarán nombre de Ferrocarriles.  La partida de Sofía se produjo cuando fue embestida por el tren, pero empezó a gestarse cuando como sociedad decidimos darle un domicilio en la indigencia.  al fondo del mapa bien al sur de la ciudad.

*Ignacio Esteban Pizzo es Médico Generalista del Cesac 8  de la Villa 21-24 y de la Casa de los Niños de Avellaneda (Fundación Pelota de Trapo). Además es docente de  la Universidad Nacional de La Matanza (carrera de Medicina) y de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (carrera de Nutrición )

Reformular el sistema de salud para construir una sociedad más igualitaria

*Por Pablo Maciel

La salud debe ser concebida como un derecho universal y, por lo tanto, una responsabilidad indelegable del Estado. No es desconocido por nadie que en nuestro país hay groseras inequidades, y en materia de salud esto es una realidad indiscutible.

En el campo de la salud la obra de Ramón Carrillo fue revolucionaria, no solo por la tremenda amplificación del sistema público de salud, sino también por el rol que jugó el Estado y la concepción con la que se desplegó su gestión: todas las personas tienen derecho a la vida y a la salud.

Su gestión fue interrumpida, pero además las sucesivas oleadas neoliberales posteriores, con golpes y elecciones, debilitaron la obra de quien fuera el primer ministro de salud quien años después terminara sus días en la pobreza y el exilio. Injusticias de nuestra historia como tantas otras. La desinversión, descentralización, desregulación y la autogestión hospitalaria, fueron medidas regresivas que concentraron a gran escala el negocio de la salud profundizando la inequidad. Medidas que se tomaron siempre con la misma idea gastada y mercantilista de la salud, que expone sin tapujos la esencia de lo que la derecha argentina piensa sobre el tema: la salud debe tener precio.

La mayoría de nosotros y nosotras, desarrolla la profesión en los diferentes subsistemas al mismo tiempo. El pluriempleo nos permite observar con nuestros propios ojos la desigualdad que aún persiste en nuestro país cuando se trata de salud y enfermedad. Pacientes haciendo colectas para pagar un tratamiento o una cirugía, personas pululando por los hospitales buscando una respuesta adecuada, enfermos que mueren en lista de espera o reclamando a su obra social. Situaciones que las elites de nuestro país claramente no padecen. 

Vemos todos los días como nuestros compañeros y compañeras del equipo de salud están mal pagos, precarizados y con un altísimo desgaste laboral. Sin mencionar el impacto y la sobrecarga que trajo la pandemia. Y que a pesar de todo eso, son ellos y ellas quienes ayudan a los pacientes a sortear los obstáculos burocráticos y las falencias de un sistema caótico y fragmentado.

¿Es posible pensar un sistema de salud más justo y equitativo?

Entonces, ¿es posible pensar un sistema de salud más justo y equitativo? La pandemia nos empuja a discutirlo, si es que queremos evolucionar en una sociedad más justa e igualitaria.

El plan de vacunación ha demostrado que el Estado, cuando tiene la decisión política de hacerlo, es capaz de llevar adelante la atención de toda la comunidad. Y también ha evidenciado que es posible garantizar el acceso a un bien social tan importante como la vacuna sin hacer distinción de clase social.

Los primeros chisporroteos de esta discusión pública ya hicieron evidente que la derecha va a resistir con el cuchillo entre los dientes defendiendo el “status quo” y los negocios de prepagas y grandes laboratorios. El gerente de Swiss Medical Group declaró en su canal de TV que el sistema funciona muy bien, así como está (sic). Una parte del sindicalismo empresarial también se puso en pie de guerra frente a cualquier amenaza de perder el control total de los fonos de las obras sociales sindicales.  

Ahora bien, ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos para emprender un camino tan complejo y lleno de obstáculos? Sin dudas la apertura del debate es un primer paso, aunque claro que tiene un costo político para quiénes se atrevan a impulsarlo. La discusión sobre cómo garantizar el acceso universal a la salud debe ser protagonizada por toda la sociedad.  Si realmente comprendemos que la salud es una sola, entonces tendremos que reformular nuestro sistema de salud.  

Es hora de que los trabajadores de la salud seamos escuchados ya que nuestro conocimiento “desde adentro del sistema” es un insumo valiosísimo para este debate. Somos los primeros interesados en mejorar nuestro sistema de salud, porque además de ser el ámbito en donde desarrollamos nuestra profesión, es el mismo sistema en donde nacemos, nos enfermamos y morimos. Seamos conscientes de que los cambios sustanciales sólo serán posibles si hay lucha social que los empuje. Nuestro desafío de época será entonces ligar nuestros reclamos gremiales a los reclamos de una sociedad que necesita, y con urgencia, una medicina más humanizada y equitativa.

*Pablo Maciel: Presidente de CICOP. Medico MP 116386. Tw: @PabloMacielLP