Brasil en la encrucijada

ENTREVISTA

Por Matías Rodríguez Gianneo1

Joaquín Torres, marplatense y profesor de historia, viene recorriendo América Latina y el mundo desde hace una década. Actualmente residente en Brasil donde vive en primera persona la crisis que atraviesa ese país. Dialogamos sobre la política brasilera desde una perspectiva que contempla no sólo elementos de la política coyuntural, sino parte de la historia reciente.

Hace dos años Bolsonaro se presentó como un “outsider” de la política, que aprovechando la coyuntura conectó con el descontento de un sector grande de la población. Podemos ubicarlo como parte de una tendencia global donde crecen expresiones de extrema derecha ¿Cuáles son las particularidades de Brasil dentro de estas tendencias?

En principio pienso que es necesario ubicar esa tendencia global en el campo sociopolítico brasilero, y el cambio en las tácticas de las potencias, en el campo geopolítico de América Latina. En ese sentido el año 2013 es clave. La oleada de movilizaciones que exigían cambios en el modelo que representaban los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), abrió camino para que nuevos sujetos sociales salieran a las calles y se organizaran. Por otro lado, el triunfo de Trump en el 2016 es un elemento fundamental para entender la elección de Bolsonaro y el cambio en la estrategia regional de Brasil de ser la potencia que encabezaba la unidad y autonomía latinoamericana, a pretender liderar la región para salvaguardar los intereses de Washington. Pero sumado a esto, es imprescindible que sumemos un tercer factor: el lugar de la Fuerzas Armadas.

La derrota de la dictadura militar en 1985 no significó la subordinación de las Fuerzas Armadas al sistema democrático. Conservaron un rol determinante en asuntos estratégicos de defensa, seguridad nacional, desarrollo de sectores industriales y en la represión al pueblo a través de las policías militares estatales. No existió un proceso de democratización de las Fuerzas. Incluso la tendencia nacionalista que dominaba en los 70s y 80s hoy es minoritaria y predominan los liberales de relación estrecha con el Comando Sur de los Estados Unidos. Durante los años 90 y 2000 no intervinieron directamente en el sistema democrático. La crisis económica y política a partir del 2015 creó las condiciones para que vuelvan a escena. El gobierno de Bolsonaro significó el regreso de los militares al gobierno y su incidencia directa tanto en la política internacional, constituyéndose en un factor de contrapeso a las instituciones democráticas.

En cuanto a las movilizaciones del 2013, dieron origen a distintas expresiones políticas, tanto de izquierda como de derecha. En el 2014 el poder judicial inició la operación Lava-jato comandada por el juez Sergio Moro, quien jugó un papel importante para que se organizara una corriente política anticorrupción, anti-PT. Le dio contenido a las manifestaciones masivas de sectores de clase media que comenzaron en marzo de 2015. De ahí se formaron movimientos organizados que se presentaron como liberales, conservadores, evangelistas, algunos pro intervención militar, con un discursos de indignación, anti-izquierda, anti-comunista y formaron la base social para impulsar el golpe a Dilma, el bolsonarismo y para encarcelar a Lula. Así, en Brasil, esa tendencia global de fuerzas de derecha alternativa llegó a organizarse en la sociedad civil e interrelacionarse con el poder judicial y un dirigente político militar como Bolsonaro.

La ofensiva de estos sectores junto a los partidos de derecha, golpearon al campo popular, dividido en política en relación al gobierno del PT primero y para lograr un acuerdo electoral en 2018 luego.

Llegamos así al 2019, que fue un año de luchas defensivas frente a las iniciativas del gobierno. El pacto entre fracciones de las clases dominantes se mantuvo, expresado en la unidad entre el grupo de Bolsonaro, los militares, el lavajatismo, los evangélicos y los partidos políticos del denominado «centrão», un bloque parlamentario de derecha oportunista y corrupto que ha hecho negocios con todos los gobiernos de turno.

En simultáneo, el gobierno rompió rápidamente con los bloques regionales como la Unasur, la Celac, tomó una posición agresiva contra Venezuela y apoyó al gobierno golpista en Bolivia. Siguió el camino de Trump de romper con el multilateralismo internacional y se distanció de China. En marzo de este año, Bolsonaro se convirtió en el primer presidente de la historia de Brasil en visitar el Comando Sur de los Estados Unidos para reunirse con altos mandos de éste y del Departamento de Defensa.

¿Qué situación se abre con la pandemia en Brasil tanto en el bloque de gobierno como en la oposición?

El pueblo brasilero y sus organizaciones están enfrentando la situación política más crítica desde el fin de la última dictadura en 1985. El avance de las posiciones autoritarias y antidemocráticas del gobierno representa un peligro para las libertades, la democracia y los derechos sociales y humanos del campo popular. La combinación de crisis sanitaria, económica y política, está aumentando las desigualdades sociales, raciales y de género, y pone en riesgo la vida misma en las comunidades más vulnerables. A su vez, Bolsonaro está impulsando el programa económico ultraliberal del ministro de economía Paulo Guedes.

Pero al mismo tiempo podemos ver que la política frente a la pandemia agudizó todas las diferencias y contradicciones en el bloque del gobierno. Se expresa en los graves enfrentamientos político-institucionales abiertos por Bolsonaro contra el Supremo Tribunal Federal, el Congreso y los gobernadores. Estos conflictos significan una crisis en el seno del Estado mismo. También generó una ruptura con partidos antes aliados en el parlamento. Un hecho trascendental del quiebre en el gobierno, fue la renuncia de Sergio Moro como ministro de Justicia, máximo representante del grupo que impulsó la operación Lava-jato. Bolsonaro se apoya cada vez más en las fuerzas armadas y concede más posiciones a los militares. Hoy ocupan la vicepresidencia, 10 ministerios de un total de 22 y cerca de 2500 puestos de funcionarios públicos.

Tengamos presente este hecho y concepto, es un gobierno militarista, y está buscando armar a sus bases de apoyo y a las milicias que controla en Río de Janeiro. Bolsonaro ya promulgó 6 decretos que liberan la venta y portación de armas. Participó de movilizaciones de sus bases reclamando el cierre del congreso y del Supremo Tribunal Federal y reivindicando la dictadura. Veamos su política frente a la pandemia. En medio de la crisis sanitaria tomó una posición negacionista anti-cientifica, subestimando la gravedad del Covid-19, contrariando a la OMS y especialistas de la salud, oponiéndose a las medidas de cuarentena, desinformando a la sociedad, poniendo trabas al financiamiento y funcionamiento del Sistema Único de Salud (público), despidió a dos ministros de salud y puso en el cargo a un militar sin experiencia en el área. Por decreto reglamentó el uso de hidroxicloroquina en pacientes con coronavirus, siendo que la OMS desaconsejó su uso por sus efectos adversos. Todos estos elementos demuestran que es un gobierno que atenta intencionadamente contra la vida de miles de brasileras y brasileros. Hoy el número de infectados por Covid superó el millón de personas y el de muertes llegó a 50.000

Ahora, la mayor gravedad de esta política es que el Covid está golpeando principalmente a la clase trabajadora informal y desocupada, mayoritariamente de población negra que vive en las periferias y favelas, comunidades vulnerables por las condiciones de hacinamiento, higiene y saneamiento. En estos barrios de la ciudad de San Pablo la letalidad del coronavirus es diez veces mayor que en los barrios ricos. Entre el 11 de abril y el 25 de mayo, el número de muertes de blancos bajó un 35% mientras que el de negros subió un 66%. También está afectando duramente a las comunidades indígenas. Podemos decir que la política del gobierno tiene un carácter genocida.

Además, las mujeres en particular, sobre todo las negras, sufren por ser mayoría en los trabajos de enfermería, expuestas al contagio directo, y por el aumento de la violencia de género y femicidios.

La pandemia y la política del gobierno agudizan todas las contradicciones de clase, raza y género. Sin embargo, se rompió el bloque de gobierno y Bolsonaro ha perdido apoyo social, las condiciones para que se una la oposición y avance con la consigna “Fuera Bolsonaro” están dadas, razones y argumentos no faltan.

¿Está planteada la idea de un gran frente de las fuerzas democráticas, de las izquierdas y movimientos sociales?

Es el tema central que se está debatiendo en las fuerzas populares. Estos últimos días se formaron movimientos en las redes que lanzaron campañas en este sentido, contra el gobierno y sumaron miles de seguidores en pocos días. Son iniciativas de artistas reconocidos, intelectuales, grupos de juristas y profesionales. Son indicios de que se están acelerando los tiempos del debate para armar un frente democrático.

Por otro lado, tenemos a las organizaciones populares que han estado a la cabeza de las luchas y acciones de solidaridad desde que empezó a golpear la pandemia. Los dos grandes frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, que unen a las centrales sindicales, movimientos sociales urbanos y rurales, y partidos de izquierda, han desplegado una tarea inmensa en el país para ayudar a las comunidades vulnerables con alimentos, materiales de higiene y prevención, y educación en salud. Los partidos como el PSOL, PCdoB, PT y PSB lucharon en el congreso por la renta básica de emergencia para millones de trabajadores informales afectados por la crisis y la consiguieron por un monto importante de 600 reales. Las centrales sindicales están en la trinchera en defensa de los puestos de trabajo, el salario y las medidas de seguridad sanitaria en las empresas.

Ahora, un hecho político que lograron estas fuerzas, junto con más de 400 organizaciones de la sociedad civil, fue la presentación en el congreso de un pedido de impeachment contra Bolsonaro. Las condiciones para que prospere en el parlamento no son favorables, pero la campaña Fora Bolsonaro está marchando.

Todos estos hechos pueden ser embriones del posible armado de un gran frente de fuerzas como el que planteas en la pregunta. En la práctica se está avanzando, están las condiciones dadas y pienso que es una necesidad de las masas. En los debates políticos se plantea ¿Frente amplio o Frente antifascista? ¿O frente por la democracia? ¿El gobierno es neofascista o populista de derecha?

¿Cómo ubicas al gobierno de Bolsonaro en la trama geopolítica global?

Bolsonaro se ha alineado con Trump, con posiciones en común frente a la crisis causada por la pandemia. Principalmente contra las medidas de cuarentena que implementaron los gobernadores, con el fin de reactivar rápidamente la economía en ambos casos. Brasil ya estaba atravesando un estancamiento económico desde el 2014, y esta crisis pone en riesgo la continuidad de Bolsonaro. Para el imperialismo norteamericano el éxito de este gobierno es muy importante siendo el país de mayor peso en la geopolítica regional, por sus planes de dar un golpe en Venezuela contra Maduro y por su disputa interimperialista con China. Los gobiernos del PT abrieron las puertas del país al imperialismo chino, tanto como fuente de commodities, para inversiones directas en áreas estratégicas y como destino de exportación de capitales en concepto de préstamos financieros. Bolsonaro busca limitar la dependencia de China al comercio de commodities y moderar la incursión de sus capitales en las demás áreas. En un contexto mundial en que China comienza a recuperarse de la crisis generada por la pandemia, la disputa interimperialista se agudiza. EE.UU. necesita reactivarse, no perder espacios de influencia, al mismo tiempo que entra en la carrera electoral. La pieza de Brasil y la subordinación de Bolsonaro son claves en la región.

En Estados Unidos se está viviendo una crisis de envergadura, la violencia racista de la policía con el asesinato de George Floyd despertó la indignación en un momento donde se combinan millones de nuevos desocupados, más de cien mil muertos por coronavirus y una división política que crece. ¿Este escenario tiene puntos de contacto con la realidad brasilera?

Pienso que por su composición social, étnica-racial, Brasil es el país latinoamericano más parecido a EE.UU. Comparten la historia de un pasado esclavista, opresor del pueblo negro, que continúa hoy en día con distintas leyes y métodos. El racismo es muy fuerte acá. Alcanza con observar que la gran mayoría de la población de los barrios pobres periféricos y favelas es negra. Es ahí donde el Estado ejerce la mayor opresión por medio de las policías militares. Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, decenas de personas negras son asesinadas a diario en el país y la justicia casi nunca condena a los culpables. En el 2019 la policía mató a 5.804 personas, de las cuales el 75% eran negras (4.533 del total). Y si lo comparamos con EE.UU. durante el mismo año, el número de muertos allí fue de 259. Es decir, en Brasil la policía mató 17 veces el número de negros que en EE.UU.

La consigna «Basta de genocidio al pueblo negro» en Brasil lleva años en las calles. Organizaciones por la igualdad racial existen en todos los espacios sociales, de estudiantes, profesionales, sindicales, en las favelas y periferias. Quien mas lejos llegó en la expresión de esa lucha fue Marielle Franco, mujer negra, joven, madre y lesbiana de la favela la Maré, en Río de Janeiro, que logró graduarse como socióloga y ser elegida como legisladora del estado de Río por su militancia feminista y en defensa de los derechos humanos. Su asesinato en el 2018 por parte de un grupo de las milicias que están relacionadas con el clan Bolsonaro, representa nítidamente el peligro que significa para los gobiernos el avance de la lucha de las comunidades negras y las mujeres. Luego del asesinato de George Floyd, se realizaron manifestaciones contra el racismo y el fascismo del gobierno en las grandes capitales de Brasil, por las víctimas negras de la violencia policial y la crisis sanitaria. El reclamo «vidas negras importan» se expresó con carteles y gritos.

Así como Brasil se convirtió en un nuevo epicentro de la pandemia en el mundo después de EE.UU., también puede serlo por las luchas contra el racismo y el fascismo que representa Bolsonaro. La resistencia en defensa de la democracia y por consolidarla son los primeros pasos necesarios para acabar con toda esta opresión.

1 Prof. de Historia (Universidad Nacional de Mar del Plata), docente de escuela secundaria y adultos, investiga la historia del movimiento obrero argentino, co editor de la Revista Lanzallamas.

FOTO: Antonello Veneri/ AFP

TRABAJADORAS (Fotoreportaje)

En los últimos años la fotógrafa Hebe Rajneri (@hebehache), recorrió ocho países de América Latina y el Caribe. En su andar se fue encontrando con mujeres realizando las tareas domésticas: ese trabajo no remunerado -y no reconocido como tal- que sostiene la vida diaria.  También las labores remuneradas que completan su doble jornada de trabajo. Una mirada transparente de las mujeres de nuestramerica.

1. Entre tres y seis meses pueden tardar esta doñita en concluir su telar de cintura, hilando y tiñendo artesanalmente. La tortilla de maíz se cocina todos los días a leña en la cocina de adobe y las ollas cubiertas de ollín. Un niño mira con atención a su madre mientras ésta realiza el bordado. En las tierras rebeldes de Chiapas, las mujeres de la comunidad originaria de Zinacantan, continúan a diario con sus tareas productivas. (MEXICO-2019)

2. En un país con mayoría de población afrodescendiente y una larga historia revolucionaria,  la vida doméstica pareciera inmutable. Mujeres cuelgan las ropas en los balcones, otra asiste todo los días a su puesto frente a la máquina de coser en el taller textil.  (CUBA: La Habana Vieja-2019)

3. Las orillas del lago Atitlan son un punto de encuentro diario para estas mujeres que se acercan a lavar la ropa. Mientras ellas realizan su tarea, les niñes aprovechan para entretenerse y refrescarse en el agua. (GUATEMALA: San Pedro La Laguna -2019)

4. Camino al salar de Uyuni, una familia detenida al borde del camino repara su automóvil. En la Isla del Sol, una joven hila el algodón mientras arrea a las ovejas.  Al borde del camino, rumbo al hogar tras hacer las compras. (BOLIVIA-2015)

5. A diario, mujeres de Chinchero muestran el proceso de tintura de la lana de oveja y alpaca. El mantenimiento de las técnicas ancestrales es parte del patrimonio cultural peruano. (PERÚ-2015)

China, detrás de los barbijos

Por Gustavo Gutscher (@gus_guts)*

La pandemia de Covid-19 incentivó la escritura de una infinidad de artículos que interpretan el presente y el porqué de la proliferación del virus. Algunos incluso se animan a vaticinar futuros pos pandemia. Señalan que lejos de verse amainados por la pandemia, los conflictos entre países se ven acentuados en la puja por adquirir insumos médicos y por la creación de una vacuna o medicamento que permita paliar el avance del virus.

Son diversos los autores que como Sandro Mezzadra (2020) resaltan dos o más modelos de abordaje de la pandemia. Podríamos pensar que por un lado se encuentra el modelo Estados Unidos, que mostró a las claras una subestimación del alcance de la pandemia en su territorio, donde ya se superan las 100.000 muertes; dilató la implementación de la cuarentena para garantizar la continuidad del funcionamiento de la economía; y sostuvo un sistema de salud, que ya demostraba ser ineficaz y desigual antes de la llegada del Covid-19, sin aplicar ningún paliativo.

Por otro lado podemos ubicar el modelo China, en donde la salud se presenta como valor máximo a defender; por lo que el Estado refuerza el sistema de salud con grandes inversiones en la construcción de hospitales e insumos médicos. Se aplican de medidas de cuarentena que atentan con derechos individuales básicos y extienden el alcance de los sistemas de seguridad y vigilancia. Las medidas se llevan a cabo, siendo conscientes que van en detrimento de la economía. Podríamos pensar que entre estos dos modelos se posicionan –en un continuum- los diferentes países.

Pero la pandemia de Covid-19 no sólo afectó la política doméstica, sino también la proyección internacional de los Estados, sobre todo de las grandes potencias. Acusaciones cruzadas sobre la supuesta implantación del virus; sobre la eficacia de los métodos de prevención; y por la carrera hacia la obtención de una vacuna que permita terminar con la pandemia, fueron atizando la trifulca preexistente entre Estados Unidos y China. Sumado a esto, las organizaciones internacionales y multilaterales de todo tipo (ONU, Cruz Roja Internacional, G7, G20, FMI, OTAN, Banco Mundial, OMC, etc.) no han estado a la altura de la tragedia, por su silencio o por su incongruencia (Ramonet, 2020); revalorizando el rol de los Estados.

La confrontación entre Estados Unidos y China no es para nada nueva ni mucho menos es nata de esta pandemia, pero si se tensó aún más en estos tiempos. El presidente Trump no escatimó en ataques directos e indirectos que apuntan hacia el origen y el tratamiento del virus (“virus chino”); en disputas acerca del papel de la OMS, acusándola de “prochina” para luego disponer retirarse de ella y desfinanciarla. La salida propuesta de Estados Unidos, entonces, apunta a salvar su propia economía de un enemigo bacteriológico introducido por China en un mundo anárquico.

EL presidente chino, Xi Jinping, en cambio desarrollo una diplomacia de barbijos que le permitió mejorar su reputación en ciertos países mediante su ayuda humanitaria otorgada a 89 países1 y la renegociación de préstamos, sobre todo en países latinoamericanos2. China continuó con su política internacional basada en los Ocho Principios para la Ayuda Económica y la Cooperación Técnica para otros países3, de entrega de ayuda con respeto a la soberanía de los países.

La afirmación de Evo Morales de que China había ganado la tercera guerra mundial sin disparar da un indicio de lo que se esta discutiendo4. En un principio parece al menos apresurado determinar que China ha dado el golpe de suerte a la EE.UU.. Sí, resaltamos que la pandemia demostró la crisis de hegemonía en el cual nos encontramos.

América Latina puede pensarse como un territorio de disputa entre ambos países. China ingresa con fuerza luego del “No al ALCA” (Área de Libre Comercio de las Américas), ocurrido en la IV Cumbre de las Américas de 2005. Este posicionamiento fue presentado de manera conjunta por los dos países con más peso de la región (Argentina y Brasil) y Venezuela, contra la propuesta de Estados Unidos. Esta negación a un organismo liderado por la potencia norteamericana puede entenderse como una apertura de iniciativas de relaciones del carácter intra e inter regional alternativas a la órbita de Estados Unidos y “fue casi indiscutiblemente una condición facultativa en el empeño de China de establecer acuerdos bilaterales” (Ellis,2016:34).

China fue tejiendo alianzas estratégicas integrales con algunos países de la región – Argentina, Brasil, México, Perú y Venezuela-5 presentándose como una contrapartida a las alianzas con Estados Unidos por su respeto a los Ocho Principios para la Ayuda Económica y la Cooperación Técnica para otros países. La impronta china es de gran atractivo para países latinoamericanos con un vívido recuerdo de las crisis por deuda y la presión de los organismos de crédito para aplicar políticas de ajuste.

A su vez la región inviste una complementariedad comercial con China muy fuerte. El país asiático posee un gran apetito de alimentos y energía para lograr sus objetivos de tener una industria moderna hacia el 2030 (Lechini y Dusort) y de posicionarse entre los primeros puestos mundiales (Moneta). Y a comienzo de siglo divisó en la región un mercado con capacidad de abastecerlo de productos primarios. Del mismo modo, América Latina encuentra una gran posibilidad de viraje de su comercio y de entrada de divisas. El aprovechamiento de este punto se denota al situarse el país asiático como uno de los principales socios comerciales de la región, y el principal para muchos países.

Para Argentina, China es el segundo socio comercial -luego de Brasil-, aunque ante la situación de pandemia y los nuevos acuerdos con el país asiático, lo catapultaría a ser el principal punto comercial argentino hacia el final del 20206.La diplomacia de barbijos es bien recibida por el gobierno de Alberto Fernández, que con diferentes de mostraciones muestra un alineamiento cada vez más cercano a China7.

Es por ello que nos parece interesante aportar tres casos para sumar para entender esta nueva etapa. El primer en el 20010, se da en Argentina durante el gobierno de Cristina Fernández –actual vicepresidenta-; el segundo, venezolana, data del mismo año; y el tercero del 2015, también en Argentina, pero durante el gobierno de Mauricio Macri.

Primer Caso

Medidas antidumping

La interacción China-Argentina se presenta complementaria a una Argentina del Siglo XXI, en donde ambos países sostienen un desarrollo autónomo y soberano, la no intervención en cuestiones internas, el apoyo mutuo en temas de interés nacional –léase Malvinas y Taiwán-, el equilibrio de las relaciones comerciales, mediante la inserción en valor agregado, el encadenamiento productivo, el apoyo financiero y un fortalecimiento científico de ambas partes en clave Sur-Sur.

Estos principios esperanzadores en términos desarrollo soberano, permiten proyectar una relación bilateral favorable e industrializadora para la Argentina. Pero si nos permitimos analizar el comercio entre ambos países desde el comienzo de la relación 1972 a 2014, la relación comienza a tener relevancia económica desde fines de la década de 1990, posicionándose China entre los primeros cinco puntos comerciales del país. Es recién hacia 2007 que el país asiático escala hasta ser segundo socio comercial –sólo superado por Brasil- y ahí se sostuvo durante todo el gobierno de Cristina Fernández.

La relación comercial históricamente presentó ciclos de déficit y superávit. Desde el 2008, se sostiene un gran déficit contra Argentina que acumula 54.386 millones de dólares, siendo la etapa más desigual en términos comerciales. (Ver tabla 1).

Rubro200820092010201120122013201420152016201720182019
Exportaciones6.3973.6685.7996.1735.1655.7624.6505.3874.6694.6064.4977.053
Importaciones7.1044.8237.64910.5739.95211.31210.76111.86110.48712.33112.0929.267
Comercio total13.5018.49113.44816.74615.11717.07414.41117.24815.15616.93716.58916.320
Balance Comercial-707-1.155-1.850-4.400-4.787-5.550-6.111-6.474-5.818-7.725-7.595-2.214










 Total período-54.386

Tabla 1: Comercio argentino-chino (2008-2019) (millones de dólares). Fuente: INDEC.

Estos resultados comerciales ponen en jaque los principios de equidad comercial que bregan alcanzar los acuerdos bilaterales sucedidos en este período, pero para ahondar más en las relaciones comerciales entre estos países, analizamos el carácter del intercambio. Sobre todo para dilucidar qué ocasiona el sensible aumento del déficit hacia el 2009 y su crecimiento en los años posteriores. Porque, si bien la caída en el comercio total y de las exportaciones argentinas pueden haberse visto afectadas por el impacto inmediato en las importaciones chinas de la crisis mundial del 2008; no explica que siga aumentando los años posteriores. Para analizar ello, acudimos a un análisis de las exportaciones argentinas (ver gráfico 1) por conglomerado. Cabe aclarar que para formarlo tuvimos en cuenta el total de las exportaciones y los cuatro rubros más exportados.

Gráfico 1: Exportaciones argentinas en miles de dólares. Fuente: Aladi.

Los números evidencian que los principales productos exportados durante este período eran porotos de soja, aceite de soja y petróleo. Al contrario de lo estipulado no encontramos un crecimiento en el peso específico de los productos con contenido de valor agregado. Por el contrario, el poroto de soja sin procesar incrementó su peso relativo contra el aceite de soja. Aquello se debe a medidas antidumping aplicadas por China en 2010 contra el aceite de soja. Los valores de exportación de este producto, si bien fueron aumentando progresivamente en los años posteriores, nunca se volvió a los niveles anteriores al 2009.

Como explica Oviedo (2012), si bien las medidas de antidumping aplicadas por China argumentaron causas técnicas ante la calidad de parte del aceite de soja exportado por Argentina; deben entenderse como una búsqueda de contrarrestar déficits en su balanza comercial proocado por la caída de sus exportaciones pos crisis del 2008. Las perdidas, entonces, fueron trasladadas a gran parte de los países de América Latina mediante la aplicación de este tipo de medidas a sus exportaciones. Siguiendo al autor, también es necesario comprender los intereses chinos de concentrar la industrialización del poroto de soja, para asegurarse empleos, impuestos y valor agregado.

Es necesario comprender el carácter disciplinario de estas medidas en la búsqueda de China de reforzar el carácter desigual de la relación con Argentina. Y ese esfuerzo lo efectúa en una de las ramas productivas en dónde las asimetrías son menores. China hace valer con estas medidas su rol de gran potencia, deteniendo el desarrollo en el sector del procesamiento de aceite. Por último, es necesario resaltar que las importaciones argentinas desde China sí son productos con valor agregado, principalmente relacionados con reactores nucleares, material electrónico, glifosato y vehículos y autopartes8.

Segundo caso

China y el oro negro venezolano

Si bien el proceso político progresista que se sucedió en Venezuela comienza antes (1999) que el kirchnerismo en Argentina (2003), se puede exponer un modelo similar al anterior. Venezuela también es un gran productor de commodities –principalmente petróleo y minerales- y también responde a una relación de dependencia con Estados Unidos. Pero tanto por posición geopolítica como por la impronta de sus elites locales, la relación con el país norteamericano es algo más distinguida que la que sostiene Argentina.

Existe un conflicto histórico debido al gran peso que Estados Unidos posee sobre las exportaciones venezolanas y al abastecimiento que el país norteamericano presta de elementos esenciales de consumo. Conflicto que se agudiza en el “caracazo” de 1989 contra la aplicación del plan económico recomendado por el Fondo Monetario Internacional anunciado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez9. Este conflicto puede tomarse como hecho fundacional y formativo de una oposición que llega al poder con Hugo Chávez diez años después.

El triunfo electoral de Hugo Chavez y su llegada a la presidencia de Venezuela, lejos de amainar los ánimos del movimiento, lo muestra cada vez más confrontativo a Estados Unidos. En el año 2002, se recrudece el altercado, y Venezuela concibe al país norteamericano como un enemigo, cuestionando severamente al establishment económico y financiero transnacional, al tiempo que intentó impedir la implantación de un área de libre comercio continental en los términos promovidos por Estados Unidos. (Russell y Tokatlian, 2009: 232).

El “No al ALCA” del 2005 tiene un impacto especial en Venezuela, porque logra cimentar un apoyo de peso en Sudamérica para su oposición política a la injerencia comercial de Estados Unidos en la región. Esta especie de “frente de contención” al avance comercial del país norteamericano en la región, le fue como un pulmón para llevar a cabo una política confrontativa hacia Estados Unidos. Con iniciativas de estrategias intra e inter regionales como el Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Es en este contexto es que toma relevancia la relación entre China y Venezuela. Del lado venezolano hay intereses en garantizar la viabilidad del chavismo mediante fondos a corto plazo, de ayuda para extraer las materias primas venezolanas, en la diversificación de los mercados de exportación de Venezuela, en crear proyectos simbólicos para el consumo nacional y en servir como un proveedor alterno de productos militares de segundo nivel ( Ellis, 2016: 35).

A su vez el gobierno chino cuenta con intereses sobre su par venezolano. Sobre todo ganar el acceso a productos básicos, la venta de productos chinos en sectores de importancia estratégica y de valor añadido más elevado y mantener espacios políticos y económicos estratégicos en las Américas en los que China pueda operar. Además de acercarse al principal opositor de Estados Unidos en la región.

Siendo que al igual que los demás países sudamericanos, Venezuela tiene una matriz productiva basada en la extracción de materias primas, también se vio afectada por la caída del precio de los commodities y sobre todo del petróleo a fines del 2008. China comprendió que era el momento apropiado para insertarse de manera contundente en el país, concretando –al igual que Argntina- el status de “alianza estratégica”. Al analizar los objetivos chinos, comprendemos que la solución esconde una relación de mayor asimetría que la relación que antes analizamos entre Argentina y el país asiático.

La inserción china se manifiesta de forma activa en las explotaciones de petrolera y minera mediante empresas chinas o china-venezolanas –petrozumano-, dirección hacia donde van gran parte de los préstamos e inversiones chinas. Prestamos que en gran parte son devueltos, ante la falta de divisas, con petróleo extraído de esos mismos pozos que extraen capitales chinos. Es decir, China asegura su inversión ante cualquier inestabilidad venezolana.

Además, los préstamos se encuentran condicionados a la importación por parte de Venezuela de ciertos productos chinos con valor agregado, es así que el país sudamericano cubre su necesidad de productos con valor agregado y militares. A su vez se promueve la creación de empresas conjuntas para otro parte de los mismos.

Por último, es de destacar cómo gran parte de sectores estratégicos son condicionados por estos acuerdos. Tanto la minería, como la industria petrolera, la aeronáutica, el armamento militar y el sector bancario. Como señala Busso “China ha invertido en Venezuela unos USD 56.000 millones a través de distintos fondos conjuntos. De ese total, 45.000 millones fueron aportados por el Banco de Desarrollo de China y los otros 11.000 millones por el Fondo de Desarrollo Nacional. Con ellos se han impulsado 245 planes estratégicos de gran magnitud en los sectores de industria, petróleo, minería, vivienda, transporte terrestre, acuático y aéreo” (2017: 147).

Entonces, puede entenderse que China generó en Venezuela una especie de sistema circular de primarización: en China otorgó préstamos para el financiamiento de proyectos mineros o petroleros acordados a empresas chinas –con mayoría estatal-; estas empresas extrajeron los recursos; estos recursos se exportaron en crudo –y dejaron de procesarse en origen-; y mediante estos recursos se devolvieron estos préstamos en momentos en el que el gobierno venezolano no contaba con divisas para hacerlo. Un sistema que funciona más de resguardo del extractivismo que como incentivo a la desarrollo venezolano.

Por último, desde el plano geopolítico, es posible comprender el apoyo chino dado el peso simbólico que Chávez representaba para el progresismo y sectores de izquierda latinoamericanos. El entonces presidente venezolano se presentaba abiertamente opositor al gobierno estadounidense, siendo una especie de estandarte de esta confrontación.

Tercer caso

Políticas de Estado

“Yo también creo que también la adopción del Plan de Acción Conjunta 2014-2018, la firma de esta asociación integral pasa a conformar la relación entre China y Argentina en una verdadera política de Estado.

Ya no es una política de un gobierno, sino que es la política de un Estado que asume que hay un nuevo marco en las relaciones internacionales – afortunadamente- y que la aparición de nuevos actores, que modifica ese escenario internacional es provechoso para todos” (Fernández de Kirchener)10

Así se pronunció la entonces presienta Cristina Fernández de Kirchner luego de la Firma de convenios con la República Popular China durante 2014. Entre los convenios se destacan dos proyectos de gran importancia estratégica y económica: el Proyecto de Rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas (por un monto superior a USD 2.470 millones) y el de los Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz –represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Cepernic- (por USD 4.700 millones, que luego de ser revisado fue de USD 4.000 millones). Estos eran los principales proyectos de infraestructura que China desarrollaba por fuera de su país. A los que se sumó en el 2015 la construcción de la Central Atómica Atucha III (por una suma aproximada a los USD 5.000 millones).

En estos convenios se incorporan cláusulas Cross Default similares a los aplicados en Venezuela, con los que se enlaza el otorgamiento de toda la línea de créditos chinos a la concreción de las represas hidroeléctricas en el Río Santa Cruz. Los créditos eran de gran importancia dada la necesidad de divisas y la dificultad de obtener financiamiento internacional de Argentina.

La llegada de Mauricio Macri a la presidencia en 2015 hizo tambalear la concreción de los convenios firmados hacia el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Aún antes de asumir su cargo, envió una carta al embajador chino en Argentina Yang Wanming en donde se alertaba de la inconstitucionalidad de los proyectos que nombramos anteriormente así como de la instalación de la Estación de Espacio Lejano en Neuquén 11. Se alegaba además de que pretendía investigar a la empresa argentina adjudicataria de las obras – Electroingeniería- para disipar cualquier acto de corrupción.

Y es entonces cuando el gobierno de Macri se encontró en un dilema. Por un lado, quería realizar un ajuste presupuestario en la obra pública y avanzar en la denuncia hacia una empresa muy cercana al gobierno anterior; y por el otro, tenía la necesidad de continuar con los créditos otorgados por China para hacer frente a la falta de divisas. Por su parte, el gobierno chino se “dio cuenta de que las contradicciones internas de Argentina afectaban el ámbito diplomático y que la revisión de estos acuerdos y el malestar del gobierno de Mauricio Macri “apuntaba hacia el anterior gobierno y no a China”” (Oviedo, 2017).

La baja capacidad de maniobra con la que contaba el gobierno lo llevo a la renegociación del acuerdo en algunos de sus puntos sin despreciar la construcción de las represas como piedra angular. No le era factible, entonces, permitirse rechazar créditos y swaps provenientes de China. Aun cuando en años posteriores se ejecutaron políticas de apertura a otros mercados de crédito prevaleció esta necesidad de divisas del país asiático.

Conclusión

Desde la asunción de Alberto Fernández a la Presidencia se han dado señales de buenas relaciones con la República Popular China. Empezando con gestos simbólicos como la carta entre el Partido Justicialista y el Partido Comunista Chino, enviando su apoyo ante la aparición del coronoavirus en su país12; pasando por la ayuda humanitaria que China envió a Argentina con una calcomanía particular, en donde se estampaba la frase más conocida del Martín Fierro “Los hermanos sean unidos…”13; hasta llegar a avances diplomáticos como el nombramiento de Sabino Vaca Narvaja como segundo en la embajada argentina en China. Muy allegado a la concepción que Cristina Fernández de Kirchner tiene sobre China, Vaca Narvaja anunció la apertura de un nuevo consulado en Chengdu o en Chongqing y la intención de fomentar la exportación de carne y de integración entre entidades de alta tecnología14.

Hoy la frágil situación financiera y la falta de divisas es aún mayor que en el 2015. El Banco Central de la República Argentina cuenta con 130.000 millones de yuanes (una cifra equivalente a USD 18.600 millones) en swaps, representando el 41% del stock de sus reservas brutas. Cabe preguntarse si el camino a desandar seguirá siendo el de solventar el déficit comercial -que se tiene principalmente con China- con más swaps atados a proyectos de infraestructura; o si la relación entre ambos países permitirá e incentivará la incorporación de valor agregado a las exportaciones argentinas.

En los últimos días, mucho se habló de la empresa Vicentín y las grandes cerealeras exportadoras desde Argentina. Las más grandes de ellas son de capitales foráneos y los anuncios de expropiación de la empresa argentina presenta la posibilidad de un mayor control sobre la producción y la exportación de granos y oleaginosas en Argentina. Hay quienes se atreven de vaticinar un posible nexo entre Vicentín y la agroexportadora china COFCO, como Néstor Restivo que llevaría a una mayor presencia en el sector. Pero más allá de las especulaciones, cabe preguntarse si lo que se buscan son herramientas para la soberanía de divisas y comercial que tanto coacciona las decisiones en política exterior, o la profundización de un modelo ya conocido.

*Gustavo Gutscher, estudiante de Ciencia Política (UNL) @gus_guts

FOTO: https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/a%C3%B1o-nuevo-chino

1 http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2020/0327/c31614-9673418.html

2 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52238901

3 1). El gobierno chino siempre se basa en el principio de igualdad y beneficio mutuo al proporcionar ayuda a otros países. Nunca considera esta ayuda como una especie de limosna unilateral, sino como algo recíproco. 2). Al proporcionar ayuda a otros países, el gobierno chino respeta estrictamente la soberanía de los países en cuestión y nunca establece ninguna condición adicional ni exige privilegio alguno. 3). El gobierno chino proporciona ayuda económica en forma de préstamos libres de interés o a bajo interés y, cuando es necesario, prolonga el plazo de pago, a fin de aliviar en lo posible la carga de los países que reciben la ayuda. 4). Al proporcionar ayuda a otros países, el gobierno chino no percibe el objetivo de hacer dependientes de China a esos países, sino ayudarlos a tomar en forma gradual el camino del autosostenimiento y del desarrollo económico independiente. 5). El gobierno chino hace todo lo posible por ayudar a los países que reciben su ayuda a construir obras que requieran menos inversiones y rindan más rápidos resultados, para que los gobiernos de estos países puedan incrementar sus ingresos y acumular capital. 6). El gobierno chino proporciona equipos y materiales de la mejor calidad y de fabricación propia a los precios del mercado internacional. Si los equipos y materiales suministrados por el gobierno chino no corresponden a las especificaciones y calidad acordadas, el gobierno chino se compromete a remplazarlos. 7). Al proporcionar cualquier ayuda técnica, el gobierno chino se encarga de que el personal del país beneficiado domine totalmente esta técnica. 8). Los expertos enviados por el gobierno chino para ayudar en la construcción de los países beneficiados disfrutan del mismo nivel de vida que los expertos de esos países. A los expertos chinos les está vedado plantear ninguna exigencia particular ni gozar de ninguna comodidad especial.

4https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/04/13/evo-morales-sobre-el-coronavirus-china-gano-la-tercera-guerra-mundial-sin-disparar-un-solo-tiro/

5 Cari (2015). “El relacionamiento de China con América Latina y Argentina significado de la alianza estratégica integral y los recientes acuerdos bilaterales”

6 https://www.infobae.com/economia/2020/06/06/por-que-china-podria-desplazar-este-ano-a-brasil-como-principal-socio-comercial-de-la-argentina/

7 Previo a la pandemia se anunció la apertura de un nuevo consulado y el incentivo a la exportación de carne argentina al país asiático. (https://www.perfil.com/noticias/politica/sabino-vaca-narvaja-retomar-camino-china.phtml)

8 Fuente: Aladi

9Supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4500 millones de dólares en los 3 años siguientes; liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30 %; determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica; anuncio del incremento no inmediato, sino gradual, de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico; aumento anual en el mercado nacional, durante 3 años, de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100 % en el precio de la gasolina; eliminación progresiva de los aranceles a la importación; reducción del déficit fiscal a no más del 4 % del producto territorial bruto.

10 Discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al término de la firma de convenios de acuerdos con la República Popular China el 4 de febrero de 2015. Extraído de “Una política exterior soberana” (Cristina Fernández de Kirchner, 2018)

11 Según el artículo publicado por Walter Curia “Carta de Macri a China: los acuerdos podrían ser inconstitucionales” que puede consultarse en https://www.cronista.com/economiapolitica/Carta-de-Macri-a-China-los-acuerdos-podrian-ser-inconstitucionales-20150313-0052.html

12https://www.infobae.com/politica/2020/01/31/la-carta-del-pj-a-xi-jinping-por-el-avance-del-coronavirus-nos-sentimos-cerca-del-partido-comunista-chino-y-de-su-pueblo-en-este-dificil-momento/

13 https://www.ambito.com/opiniones/china/dona-equipos-las-fuerzas-armadas-la-emergencia-covid-19-n5107894

14 https://www.perfil.com/noticias/politica/sabino-vaca-narvaja-retomar-camino-china.phtml

Esa deuda eterna

Por  Tomás Paez*

Una problemática que nunca termina y un debate siempre vigente ¿Qué hacer con la deuda externa? ¿Pagar o investigar? Esta nota recorre la historia de uno de los mecanismos de la dependencia que se ha convertido en una permanente bomba de succión de nuestras riquezas y del esfuerzo productivo del pueblo argentino.

El gobierno de Alberto Fernández se encuentra en duras negociaciones frente a grandes bonistas privados en torno a la cuestión de la deuda pública, cuyo monto se incrementó gigantescamente durante la gestión macrista hasta llegar, nuevamente, a una situación de virtual default sobre el final de su mandato. La actual gestión procura obtener una drástica quita (en los intereses) y un plazo de gracia de al menos tres años en los pagos, sobre una deuda que resulta imposible de seguir afrontando, con una situación económica extremadamente frágil legada por el macrismo que posteriormente se ha agravado debido a la necesaria medida de la cuarentena.

La llamada “deuda externa” es un verdadero obstáculo para nuestro país desde hace décadas, que condiciona sistemáticamente todo el desenvolvimiento de la economía nacional y de la sociedad argentina. En realidad, se trata centralmente del problema de la deuda pública (en manos del Estado). Esta corresponde básicamente a tres tipos de acreedores: tenedores privados de bonos (fondos de inversión, individuos, etc); organismos públicos, como el Banco Central y la Anses (deuda intra sector público); y organismos internacionales, principalmente el FMI. La misma está nominada en moneda extranjera (77% del total), centralmente dólares, o en pesos; bajo legislación extranjera -con la pérdida de soberanía que ello implica- o bajo legislación nacional. La deuda pública con el sector privado puede ser con bonistas residentes en el país (deuda interna) o en el extranjero (deuda externa)[1].

Una parte de la deuda externa (con no residentes) también corresponde al sector privado local (empresas, bancos locales, etc). Si bien no es deuda del Estado nacional, su monto no deja de ser relevante, entre otros motivos, por la demanda potencial de divisas que implica para el mercado de cambios local y, en última instancia, para el Banco Central (BCRA). No menos importante, existen infames antecedentes de estatización de la misma, tanto bajo la última dictadura como por gobiernos constitucionales.

Dictadura militar y endeudamiento externo

El origen de la deuda como problemática central de la economía argentina se remonta a la dictadura instaurada en 1976. Previamente, con la restauración oligárquica impuesta por la “Fusiladora” que derrocó a Perón en 1955, la Argentina se incorporó al FMI y comenzó un ciclo de endeudamiento externo que, si bien fue gravoso en esos años, a la distancia resulta pequeño en comparación con lo ocurrido después. Entretanto, hubo períodos de contención del endeudamiento, sin apelar  al FMI, durante los gobiernos de Illia (1963-1966) y los de Perón e Isabel (1973-1976)[2]. Es luego del golpe militar de 1976 que se produce un gigantesco aumento en la deuda externa (pública y privada), que pasó de USD 7.785 M a USD 45.100 M, mientras el PIB permaneció estancado.

Durante todo ese período, la Argentina ya acusaba el crónico problema del “estrangulamiento externo”, que se fue agravando hasta el día de hoy, a la par de la profundización de la dependencia y la concentración latifundista. Se trata de la insuficiencia en el ingreso de divisas, centralmente por la vía exportadora, para hacer frente a las importaciones, la remisión de utilidades al exterior, los intereses de deuda y otras transferencias de capital, que ha derivado en recurrentes crisis de la balanza de pagos (cuentas externas). Los períodos de gran entrada de capital extranjero[3] y de endeudamiento externo sólo han pateado el problema para adelante, agravándolo en un plazo más prolongado. Frente a los episodios de crisis de las cuentas externas, la típica respuesta de política económica ha consistido en programas de ajuste clásicos, que incluyeron devaluación de la moneda nacional, suba de las tasas de interés y la consecuente caída de la demanda doméstica, a los fines de reducir las importaciones (por menor actividad industrial y consumo) y así ahorrar divisas para el pago de deuda y otras transferencias al exterior. Las versiones de ajuste “heterodoxas” también han incluido restricciones cuantitativas a las compras desde el exterior[4], así como “cepo” a la adquisición de divisas y a la remisión de utilidades.

La inversión extranjera, lejos de contribuir a la acumulación de capital interna y al desarrollo de una industria nacional asentada sobre bases que puedan ser en lo fundamental autónomas, se constituyó como un canal de permanente drenaje de fondos al exterior, agravando la situación de las cuentas externas a través de diversos canales; entre ellos, por el mayor requerimiento de importaciones de bienes de capital e insumos para el funcionamiento del aparato productivo local, y mediante la creciente remisión de beneficios al exterior, muy superiores las divisas efectivamente ingresadas originalmente.

Por su parte, los sucesivos procesos de endeudamiento generados a partir de 1976, si bien en un plazo más corto podían generar la ilusión de cierta abundancia relativa de dólares, se afianzaron como otra vía fundamental para generar una sistemática salida de recursos de nuestro país, primero financiando procesos de fuga de divisas[5], y luego mediante el pago del capital y los intereses “adeudados”. He aquí dos mecanismos centrales de la explotación y saqueo de los países dependientes como el nuestro a manos de las burguesías imperialistas, con la complicidad y subordinación de las clases dominantes locales que obtienen su tajada del botín[6].

En lo que Horacio Ciafardini denominó “la vuelta atrás”[7], la dictadura militar instaurada en 1976 puso en marcha un plan de desindustrialización que consistió en la liquidación de ramas enteras de la industria donde predominaban capitales nacionales, especialmente la pequeña y mediana empresa. De esta forma, a la profundización de la industrialización dependiente ensayada por el desarrollismo, le siguió la vía de la desindustrialización promovida por la dictadura, a la vez que procuró reinsertar plenamente a la Argentina como país agroexportador en el mercado mundial, en beneficio de la oligarquía terrateniente local. Había pasado el tiempo de la “atracción” de inversión extranjera directa del desarrollismo y se inauguraba una etapa de aceleración y consolidación de la fuga de capitales de la Argentina. El endeudamiento externo vino a jugar un rol fundamental en el financiamiento de esa fuga, es decir, proveyendo dólares para que grandes grupos económicos extrajeran sus enormes ganancias de la Argentina, adicionales a los que generaba el superávit comercial con el exterior. Quedaría en adelante la pesada carga de la deuda.

La “plata dulce”

En ese momento, el contexto externo era de una gran liquidez en los mercados financieros internacionales[8]. Cómo los países “desarrollados” registraban bajas tasas de crecimiento e inversión, esta abundancia de crédito fue canalizada hacia países como la Argentina. Es decir, la necesidad de la banca internacional de colocar los cuantiosos fondos excedentes empalmó, en el caso de nuestro país, con la complicidad de la dictadura y el proceso abierto de fuga de capitales.

Como parte de su política económica entreguista, la política económica de Videla-Viola alentó la llamada “bicicleta financiera”, gracias a tasas de interés locales que traducidas a dólares resultaban muy superiores a las vigentes a nivel internacional; y a la llamada “tablita cambiaria” (complementada luego por seguros de cambio), que garantizaba un dólar barato a futuro para la posterior fuga del país. Así, ingresaron masivamente capitales especulativos, a la vez que la “patria financiera” se endeudaba en el exterior a tasas bajas, para provechar los mayores rendimientos locales y luego sacar del país sus enormes ganancias nuevamente convertidas a dólares[9].Complementaban estas maniobras los autopréstamos de empresas extranjeras con sus casas matrices, que quedaban registrados como deuda (ficticia) del sector privado[10].

Estos grupos económicos fueron beneficiados por la estatización de la deuda externa privada perpetrada en 1982 y luego durante el gobierno de Alfonsín, constituyendo otro de los orígenes de la deuda pública argentina. Delincuencial salvataje estatal que resulta por demás contradictorio con el supuesto liberalismo económico que esos mismos sectores históricamente han propalado.

Naturalmente, este esquema de la dictadura comenzó a requerir muchos más dólares de los que entraban. Así fue que en una segunda etapa se forzó a empresas estatales como YPF a tomar créditos en dólares en el exterior, volcándolos luego al mercado libre de cambios para que pudieran ser adquiridos por quienes procuraban fugar sus ganancias. Cabe destacar que durante la mayor parte del período el saldo comercial con el exterior fue positivo, lo cual no justificaba el endeudamiento desde un punto de vista productivo. Es decir, la deuda no tuvo un origen comercial, sino financiero. La falta de registros contables suma argumentos en pos de la ilegitimidad de lo fundamental de esa deuda. Otra gran parte se utilizó para la compras ecreta de armamento destinado al intento de guerra fratricida con Chile.

Una deuda ilegítima y fraudulenta

La extensa investigación encabezada por el patriota Alejandro Olmos y el juicio promovido por él demostró que lo fundamental del endeudamiento externo iniciado durante la última dictadura era ilegitimo y fraudulento, lo cual fue confirmado por el fallo de Juez Ballestero del año 2000, que pasó a dormir en los cajones del Congreso.

El endeudamiento contraído bajo la dictadura fue reconocido e incrementado posteriormente por los sucesivos gobiernos constitucionales, que se negaron a investigarla. Pero esto no borra de ninguna manera la ilegitimidad de origen y, menos aún, las sucesivas maniobras de endeudamiento ilegítimo y fraudulento efectuadas durante la posterior etapa constitucional.

Un nuevo salto cualitativo se verificó durante el menemismo donde, dicho sea de paso, se aceptaron bonos basura como parte de pago en la entrega de las empresas estatales. Otro salto se verificó en el período macrista, que se endeudó brutalmente en los mercados voluntarios de deuda mientras disminuía impuestos a los grandes terratenientes y monopolios, y liberalizaba indiscriminadamente las importaciones; a la vez, reeditó el mecanismo de la bicicleta financiera. Finalmente, acudió al FMI como prestamista de última instancia, acordando un colosal préstamo a cambio de un severo programa de ajuste. Durante el macrismo, el grueso de los dólares provenientes del endeudamiento externo se destinó nuevamente a financiar una colosal fuga de capitales.

La deuda, bomba de succión

Estatizaciones de deudas privadas. Refinanciaciones, canjes y “megacanjes”, acumulando intereses sobre intereses. Salvataje a bancos y pesificación de gigantescas deudas en dólares de grandes empresas. Nuevas emisiones fraudulentas a tasas usurarias. Funcionarios ligados a los grandes bancos internacionales que se encontraban de los dos lados del mostrador. “Canje de monedas” del BCRA con el Banco Central de China. Ciclópeo endeudamiento con el FMI. Siempre en beneficio de los grandes usureros locales e internacionales; a menudo bajo severos condicionamientos del FMI y las potencias imperialistas, que utilizan el endeudamiento por ellos mismos promovido como herramienta de sometimiento y chantaje, para imponer políticas antipopulares y antinacionales en su disputa por nuestro país[11].

La popularmente denominada “deuda externa” ha sido una permanente bomba de succión de nuestras riquezas y del esfuerzo productivo del pueblo argentino. Esta forma parte de los tributos que paga nuestra dependiente economía al imperialismo y sus socios locales. Tributos que el pueblo argentino debe afrontar centralmente a costa de un esfuerzo exportador cada vez más dificultoso, en un mundo signado por un creciente proteccionismo de todos los países imperialistas, y de un recurrente ajuste del gasto para mejorar el resultado fiscal; de una larga depresión económica y un constante achicamiento del mercado interno; finalmente, de procesos de “endeudamiento” externo que han financiado la fuga de capitales, renovando el círculo vicioso de estancamiento prolongado y estrangulamiento externo que padece la economía argentina.

En la acuciante situación económica y social actual, no habrá salida posible a favor del pueblo y la producción nacional si se insiste en el camino de honrar esta deuda eterna, que crece y se paga a costa del hambre y el sacrificio del pueblo argentino. Cuanto más pagamos, más debemos. Un “buen acuerdo” en el mejor de los casos permitirá ganar tiempo. El único camino viable es el de suspender e investigar la deuda, a los fines de separar la parte legítima, que debe ser pagada, siempre privilegiando en primer lugar la deuda social, de la ilegítima y fraudulenta, que debe ser repudiada como corresponde a un país soberano; distinguiendo también en su tratamiento a los fondos buitres y grandes usureros, de los pequeños y medianos ahorristas, pero sin aceptar en ningún caso seguir abonando tasas usurarias.

* Tomás Paez es economista (Universidad de Buenos Aires). Integra el Grupo de Estudio de la Realidad Económica y Social (Geres)


[1]A diferencia de los países “desarrollados”, que emiten la deuda mayoritaria o totalmente en sus propias monedas a tasas muy bajas o incluso nulas, el grueso de la deuda pública argentina se encuentra nominada en moneda extranjera; moneda que obviamente nuestro país no imprime y debe conseguir, principalmente, a cambio de la exportación de bienes y servicios. Por consiguiente, está lejos de ser sólo un problema fiscal, sino que abarca también, con especial importancia, a las cuentas externas.

[2] Gastiazoro(2004).

[3]Ya sea inversión extranjera directa (predominante en los tiempos del desarrollismo) o capitales especulativos, de corto plazo (que en distintas etapas fue la forma preponderante, a partir del golpe de 1976).

[4]Estas restricciones aplicadas a los bienes de capital e insumos, al ser de carácter cortoplacista y al margen de un plan de sustitución de importaciones, muchas veces han terminado por afectar el funcionamiento del dependiente aparato productivo local, teniendo un efecto claramente recesivo.

[5] La fuga de divisas o de “capitales” refiere a la salida de divisas (comúnmente dólares) del sistema financiero local, ya sea mediante transferencias al exterior o la permanencia física en el país (en el “colchón”, cajas de seguridad, etc). En la actualidad, sobre todo en el ámbito periodístico, se utiliza usualmente el rubro “formación neta de activos externos del sector privado no financiero” (FAE) que reporta el BCRA como variable representativa de la fuga de capitales, aunque no sea estrictamente así. En realidad, una parte de la adquisición de divisas que contempla este rubro suele quedar depositada en el sistema bancario; no obstante sigue representando una fuga potencial en el futuro. Un concepto más amplio de fuga de capitales podría incluir también la remisión de utilidades al exterior. Adicionalmente, la fuga de capitales puede quedar encubierta bajo mecanismos ilícitos, como la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones, métodos especialmente redituables ante la existencia de un dólar comercial inferior aotras variantes financieras o al dólar “blue”.

[6]Esto de ningún modo ocurre de forma armónica o libre de contradicciones. Los diversos sectores de las clases dominantes locales (oligarquía terrateniente y burguesía intermediaria)se alían o subordinan a distintos imperialismos, que se disputan el control económico y político de la Argentina, como parte de su lucha más amplia por el reparto de los mercados y esferas de influencia a nivel mundial. Los acuerdos o negociaciones entre los distintos imperialismos y los socios locales son transitorios, relativos; son momentos dentro de una disputa que es permanente, durante la cual la lucha económica, política y -en su grado más elevado- militar fuerzan sistemáticamente nuevos repartos de los mercados y esferas de influencia global.

[7] Ciafardini (1984).

[8]Ya abandonado el patrón oro y dinamitado el régimen de Bretton Woods que reguló el sistema monetario internacional durante la postguerra, EE.UU. inundaba el mundo de dólares para financiar su enorme déficit externo; además, la escalada de precios del petróleo en 1973 provocado por la OPEP (cartel de países exportadores de petróleo) generó los denominados petrodólares, que fueron depositados en el mercado de “eurodólares”, alimentando la abundancia de fondos prestables. Para un mayor detalle  del contexto internacional se puede consultar Rapaport (2000).

[9] Para una explicación más detallada, ver Ciafardini (1984) y Gastiazoro (2004).

[10]En un inicio, mientras la dictadura tomaba deuda y las reservas crecían, esta las colocaba en varios de los mismos bancos prestamistas del exterior a tasas mucho más bajas que el costo original del endeudamiento, lo cual redundaba en grandes beneficios para estas entidades financieras que en paralelo conservaban los dólares(Echague, 2004).

[11] Los imperialistas no sólo presionan o condicionan desde afuera; el imperialismo también es un factor interno. Sus monopolios, sus representantes (públicos o encubiertos) y sus socios locales se encuentran y predominan adentro de países los dependientes como el nuestro (Echague, 2004).


Referencias

Ciafardini, Horacio (1984), “La Argentina en el mercado mundial contemporáneo”. En “Textos sobre economía e historia (selección de trabajos”, 2002.

Echague, Carlos (2004), “Argentina: Declinación de la soberanía nacional y disputa interimperialista”. Editorial Agora.

Gastiazoro, Eugenio (2004), “Historia Argentina. Introducción al análisis económico y social, Tomo IV, de 1930 a nuestros días”. Editorial Agora.

Rapaport, Mario (2000), “Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000).  Segunda edición, Ediciones Macchi.

ESTADOS UNIDOS, SÍNTOMAS DE ALGO MÁS

Por Matías Rodríguez Gianneo *

El rugido de la protesta derrumba el mito que intentó construir Donald Trump. Su idea de volver a la “América” de la posguerra: una nación triunfante, próspera y blanca se choca con una realidad de profundas desigualdades de clase, un racismo sostenido con cárceles y represión policial, un consumismo insatisfecho y un declive de su hegemonía-mundo. Esta bomba necesitaba un detonador: “no puedo respirar” fue la frase que hizo estallar a Estados Unidos en una ola de manifestaciones que tiene resonancia global. El caso se suma a una larga lista de violencia racial que sostiene la policía. El movimiento por los derechos civiles es un elemento central en la sociedad estadounidense y hoy parece recobrar fuerzas con identidades y agrupamientos novedosos. Pero la situación trasciende lo racial, hay síntomas de algo más.


El mundo cambió y Estados Unidos también. En el país donde el consumo fue elevado a la categoría de fuerza de primer orden. La fabricación incesante de necesidades choca con una población que se pauperiza al ritmo del declive de su poderío global. Necesidades insatisfechas, ya no sólo para las minorías sino también para un segmento de la población trabajadora blanca constituyen un elemento más para entender, en primer lugar, el triunfo de Trump en 2016, y luego, la crisis desatada.

A mediados de la década del ochenta, con las reformas neoliberales, la globalización financiera, los avances tecnológicos y la transnacionalización, las ganancias obtenidas de los países imperialistas se incrementaron fuera de sus propios países, según datos de Gabriel Merino[1], pasan de 50.000 millones de dólares a mediados de los ochenta para llegar a 500.000 millones de dólares en 2008, superando la masa de ganancias internas. En contraste, este proceso se traduce en Estados Unidos en la quiebra a 60.000 empresas, en la destrucción de cinco millones de puestos de trabajo industriales en los últimos 15 años, en la caída de la participación de los salarios sobre el PIB del 48,7% en 1980 al 42,7% en 2015. Sobre esta base se da el triunfo de Donald Trump.

Sin embargo, la relocalización-reindustrialización de Trump, con su “America First” estuvo acompañada de la superexplotación y la pauperización obrera. La puja de poder ha fracturado al bloque dominante por las diferentes estrategias y posiciones de cómo abordar la lucha por la hegemonía mundial. Agudizada por las presiones competitivas que ejerce el imperialismo Chino con su salto en la producción de ramas que antes dominaba Estados Unidos como el acero, los microchips o la informática y su mayor presencia en el comercio mundial, el avance del yuan y la infraestructura en todos los continentes. Estos enfrentamientos provocan una creciente pérdida de legitimidad de la clase dirigente.

Al mismo tiempo, Estados Unidos se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia, el país con más muertos por coronavirus y con millones de desempleados. El filósofo y teólogo, Cornel West sostiene “el catalizador ha sido, sin duda, el linchamiento público del hermano George Floyd. Pero los fallos son muy superiores: son los fallos que tiene la economía capitalista depredadora para satisfacer las necesidades básicas de comida, la asistencia sanitaria y la educación de calidad, trabajos salarios dignos”. En la población afroamericana el impacto del virus repite el patrón que vemos hoy en América Latina, se explica principalmente por motivos socio-económicos: la desigualdad y la pobreza. La población negra tiene mayores riesgos de contraer coronavirus por ser de las más empobrecidas, con mayores dificultades para acceder a la cobertura sanitaria por vivir en condiciones de hacinamiento. Pero una de las novedades fue la cantidad de blancos en las protestas, esto significa un salto cualitativo. Este fenómeno podría estar relacionado no sólo con el rechazo a la violencia racial, sino también a la situación económica: uno de cada cuatro trabajadores, (aproximadamente 40 millones) ha solicitado subsidios de desempleo y crecen los centros de asistencia alimentaria. La conjunción en las protestas de trabajadoras y trabajadores blancos, afroamericanos, latinos, de diferentes orígenes, muestran que el hartazgo es general. La historia y la narrativa de la construcción de la nación-imperio durante los siglos XIX y XX tuvo su propósito: borrar la discusión de las clases sociales.  El racismo es funcional a la explotación de clases ya que divide a los sectores populares y de la clase obrera, pero en las protestas antirraciales de junio aparecen rasgos espontáneos de que la pujante agenda racial y de género toma aspectos relacionados a dimensiones de clase, en la confluencia de personas negras, con blancas y latinas.

Heridas que no cierran

Los sufrimientos por violencia racial son heridas abiertas, luego de ser arrancados de sus tierras africanas de Camerún, Nigeria, Senegal, el Congo o Guinea, pertenecientes a diferentes culturas y tradiciones eran esclavizados y durante siglos sufrieron la negación de sus cultos, su educación, la desarticulación familiar y los más crueles maltratos y vejaciones. Tal vez, esas heridas no cicatrizan y vuelven año a año cuando Trayvon Martin, Michael Broen, Eric Garner o George Floyd son asesinados con el mismo odio de aquellos esclavistas.

Tras la abolición de la esclavitud mediante la sanción de la 13° Enmienda de la Constitución, luego de la Guerra Civil (1861-1865), el triunfo del norte sobre el sur termina con la esclavitud, pero el racismo y la supremacía blanca persisten. Con la 14° Enmienda se afirma que “ningún Estado (…) podrá negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección igualitaria de derechos”. Esta enmienda fue interpretada a favor de las fuerzas segregacionistas en el caso “Plessy contra Ferguson” de 1896, en donde Homer Plessy demandó al Estado de Louisiana por la segregación que sufría en el transporte ferroviario, el fallo inaugura la doctrina “Iguales pero separados”, podrían tener asientos separados siempre y cuando tuvieran calidades iguales. Esta doctrina dominó gran parte de las decisiones legales desde ese momento. 

En 1954 la doctrina sufre un golpe con el caso “Brown contra Board of Education of Topeka” cuando la Corte falló en contra del Consejo de Educación de Topeka (Kansas) que practicaba la segregación racial en la educación. Tal vez, el contexto y los tiempos colaboraron. Finalizada la Segunda Guerra Mundial se hundían los imperios coloniales y con ellos se resquebrajaba el mito de la superioridad. En 1955 en Montgomery, Alabama, Rosa Parks fue el fermento de lo que se venía gestando. Al negarse a ceder su asiento en el transporte público a una pasajera blanca, fue detenida y llevada a juicio. Grupos de afroamericanos se organizaron para llevar adelante acciones de boycot durante el juicio, se desencadenó un enorme movimiento que recorrería las décadas del sesenta y principios de los setenta. Las diferentes estrategias al interior del movimiento afroamericano en Estados Unidos tienen larga data, los contrapuntos dividieron aguas al interior del movimiento: integracionistas, como Martín Luther King y expresiones más radicalizadas como Malcolm X o las Panteras Negras, un movimiento revolucionario socialista, le dieron forma a una época de grandes luchas que conquistaron reformas a sangre y fuego como la Ley de Derechos Civiles y la Reforma electoral. 

Luego del auge de los sesenta, ya desde los años setenta, una parte considerable de la política afroamericana estaba buscando crecer por la vía de los canales institucionales y representativos. La Black Politics National Convention, en la década del setenta reunió a referentes políticos negros vinculados a expresiones muy heterogéneas, desde las posicionadas a la izquierda a los inscriptos en las estructuras del bipartidismo, que buscaban una agenda común en el ámbito institucional.  En la actualidad la presión por seguir los canales institucionales es muy fuerte. Obama llama a manifestarse políticamente con el voto a Joe Biden. Al rechazo a todo lo que representa Trump, con su retórica abiertamente racista, xenófoba y de codicia capitalista, se le suma la creciente desconfianza hacia el ala liberal del Partido Demócrata, esta combinación abrió paso a nuevas expresiones y corrientes políticas que se evidencian en el fenómeno Sanders que elevó el tono a un discurso con rasgos socialistas. Lo novedoso es la aparición de una nueva generación de activistas y organizaciones que van inscribiendo un programa de demandas que abordan, además de la violencia racial, la denuncia de los encarcelamientos y las desigualdades laborales, nuevas preocupaciones como las identidades de género y sexuales. Alicia Garza cofundadora de Black Lives Matter describe a este movimiento como “una intervención ideológica y política en un mundo donde las vidas son sistemática e intencionalmente apuntadas a su eliminación. Es una afirmación de las contribuciones del pueblo negro a esta sociedad, de nuestra humanidad y de nuestra resiliencia frente a la opresión mortal”. Este movimiento surge en 2013 como un hashtag en redes sociales ante la absolución de George Zimerman el asesino del joven afroamericano Trayvon Martin. Pero aparecen otras novedosas organizaciones como la ya mencionada Black Lives Matter,  Black Youth Proyect (2013), Dream Defenders (2012), BlackOUT Collective (2014), entre otras. En el mundo sorprende el nivel de activismo que se evidenció luego del asesinato de George Floyd. Ezequiel Gatto[2], en el libro Nuevo activismo negro, describe el cambio que hoy aparece como sorpresa: “luego de más de dos décadas durante las cuales la política negra pasó por carriles institucionales y electorales y por discursos predominantemente inclinados a desactivar los conflictos, es posible observar la estructuración de un nuevo activismo negro que, compuesto por una multiplicidad de organizaciones, colectivos, personalidades y movimientos, aborda y ataca el racismo valiéndose de recursos políticos acumulados pero también de innovaciones prácticas y discursivas notables”.

Semillas dentro y fuera

Frantz Fanon afirmaba en “Los condenados de la tierra” que para liberarse del colonialismo, la antigua colonia debía luchar contra sí misma. Esto podría adaptarse a una situación de luchas dentro de un país imperialista, es decir, para luchar por terminar con el racismo y las desigualdades, los movimientos populares, tendrán que cuestionar el carácter imperialista de su nación. Su nivel de vida, su desarrollo, se ha basada en el subdesarrollo de las naciones a las cuales oprimen. La afirmación de West de que existe una relación entre “las semillas de violencia que siembras fuera y dentro” conecta con las experiencias de oposición a la guerra de Vietnam dentro de Estados Unidos, esa fue la solidaridad internacional que permitió hacer retroceder al imperialismo.  Escuchar esta reflexión de West, estimula a que dentro de la agenda de estos novedosos movimientos se potencia este aspecto de crítica y oposición a la política exterior norteamericana, la opresión clasista y racial se da puertas adentro y fuera, no sólo exportan capitales sino también guerras, desestabilización de procesos democráticos y políticas económicas que provocan enormes sufrimientos. En América Latina el golpe en Bolivia del año pasado y la amenaza creciente la pueblo venezolano con la flota del Comando Sur son también semillas de violencia. En Francia, una gran movilización en París y replicada luego en varias ciudades, unió el #BlackLivesMatter al repudio por el asesinato policial en 2016 de Adama Traoré, joven negro de 24 años que vivía en los suburbios parisinos. En numerosas ciudades de Europa y Estados Unidos fueron derribadas estatuas de esclavistas, en Gran Bretaña la estatua del traficante de esclavos Edward Colston o  en Estados Unidos la de Cristóbal Colón. Las energías desplegadas en las rebeliones de junio, en el corazón del capitalismo mundial, despiertan esperanzas en los pueblos del mundo, son síntomas de algo más.

* Matías Rodriguez Gianneo es profesor de Historia (Universidad Nacional de Mar del Plata), docente de escuela secundaria y adultos, investiga la historia del movimiento obrero argentino. Co editor de Revista Lanzallamas.

FOTO: Agencia EFE


[1]      Gabriel Esteban Merino (comp), Estados Unidos contra el mundo: Trump y la nueva geopolítica, Bs As, CLACSO, 2018.

[2]      Ezequiel Gatto, Nuevo activismo negro, Bs As, Editorial Tinta Limón, 2016.

Violencias machistas, cárcel y pandemia

Por Paula Mañueco*

La cuarentena, como medida indispensable de prevención de propagación del COVID-19, agudizó y mostró crudamente la desigualdad social en todas sus formas. Y mientras mucha gente está pensando cómo mejorar día a día las estrategias para sobrellevar el momento, algunos sectores políticos arengan cualquier cosa para abonar a la confusión y al desánimo, aprovechando estos tiempos de hipercomunicación. A tal punto que ahora se habla de “infodemia” o distribución masiva de información falsa. 

Sucede que aquello que se impone desde los medios hegemónicos de comunicación es difícil de contrarrestar, aun cuando después se hagan aclaraciones o se publiquen verdades. Así las cosas, hace poco más de un mes, se instaló una campaña de demonización de las personas privadas de la libertad y todo lo que las rodea.

¿Dónde están las feministas!?”“Hipócritas, cómplices, ahora no dicen nada” Esas fueron algunas de las provocaciones trending topic en twitter y noticieros, que buscaron hasta el cansancio que desde el movimiento de mujeres y feminista se diga algo sobre la base de una falsa premisa: la liberación masiva, supuestamente impulsada por el gobierno nacional, de femicidas y violadores, con la excusa de la emergencia sanitaria profundizada por el COVID-19.

Ya antes de eso, la oposición había intentado instalar temas varios para evitar discusiones claves (como la del impuesto a las grandes fortunas). Pero después de los reclamos en la cárcel de Devoto[1], encontraron un tema muy sentido de donde agarrarse: desde los medios fogonearon la idea de la ‘puerta giratoria’, o yendo más allá, la existencia de un plan siniestrodiseñado para sacar presos de las cárceles y “formar patrullas que amenacen a jueces”, como sostuvo la senadora bonaerense macrista Beccar Varela.

Amplificando las ideas más reaccionarias, ubicaron todo en un mismo plano, desinformando y poniendo a las mujeres y sus organizaciones en el “aprieto” de posicionarse[2]. Sembraron desde ahí odio y miedo en una parte importante de la sociedad, retomando el discurso blumberg de mano dura y cárcel infinita como “LA” solución al problema de “la delincuencia”.

¿Por qué una interpelación a las feministas?

Muchas de nosotras luchamos para que los abusos y femicidios sean castigados penalmente. Pero, además, el movimiento de mujeres y feminista de la Argentina es una voz fuerte para denunciar injusticias históricas y actuales. No sólo todas las expresiones del machismo, también otras injusticias sociales, que suelen agudizar nuestras problemáticas específicas. Tenemos capacidad de movilización e incidencia política. Eso quisieron aprovechar.

Mientras más nos fortalecemos y avanzamos, más fino tenemos que hilar en nuestras posiciones públicas, para que no se usen nuestras luchas en nombre de otros intereses y para que no se vuelva borroso dónde estamos más expuestas al peligro machista. ¿Debates? Tenemos un montón. Somos un movimiento heterogéneo y amplio. Y muchas buscamos cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para construir otra realidad.

Con el revuelo armado, emergieron miedos e incertidumbres entre las mujeres y fue prioritario dar contención, sobre todo pensando en aquellas que, habiendo sufrido un hecho concreto de violencia, pasaron a sentirse expuestas y solas, sin ningún tipo de información oficial que las contemplara. No es nuevo en el movimiento de mujeres dar respuestas más ágiles que el propio Estado. Lo peligroso es, a mi modo de ver, meter todo en la misma bolsa.

Entonces ¿qué era lo urgente?

Al tiempo que los medios generaron el revuelo, no había -ni hubo luego- “plan de liberación masiva” de presos. Para precisar, tampoco estaban otorgándose indiscriminadamente prisiones domiciliarias (que no significan libertad, sino cumplir la detención extramuros).

Y no es sólo una cuestión de cantidades, sino que las recomendaciones, nacionales e internacionales, se orientan a descomprimir el hacinamiento, única forma de velar hoy por el derecho humano a la salud de lxs presxs, mediante la concesión de prisiones domiciliarias de personas procesadas o condenadas por delitos de escasa lesividad, mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijxs y personas con problemas de salud o que integren los grupos de riesgo respecto del coronavirus. En relación con los delitos graves, se aclaró, debía hacerse una evaluación con “extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo”. [3]

Todxs lxs presos tienen derecho a la salud y a la vida. Quienes habitan las cárceles (no importa por qué delitos) vienen principalmente de sectores humildes e, intramuros, viven en condiciones inhumanas. La selectividad del sistema penal es extremadamente clasista.

El combo explosivo entre fake news y difusos reclamos feministas o contra la violencia de género, creo una atmósfera de miedo, sensación de desprotección y desamparo para las mujeres en general. Se planteó algo así como que, si otorgaban la domiciliaria a algún violador o femicida, todas quedábamos más expuestas a ser víctimas de violación o femicidio. Esa sensación tiene una base concreta: estamos en emergencia por violencias machistas. Y, aún en cuarentena, nos siguen matando cada 29 horas.

¿Por qué relativizar ese temor? Porque con la maniobra mediática se hizo extensiva -como otras veces- la lógica de la “seguridad ciudadana” a la cuestión de la inseguridad específica que vivimos por ser mujeres.  Esta distorsión del enfoque retrocede en el debate público sobre qué exigimos y cómo -pero sobre todo dónde– abordar la violencia machista (más allá de coincidir o no con la lógica de “seguridad ciudadana” que propone “cuidarnos” con penas firmes a los pibes chorros o soldaditos, con la que no coincido).

Entonces, es falso sostener que, la consecuencia lógica de la prisión domiciliaria otorgada a un femicida o violador en concreto, es que TODAS quedaríamos en mayor riesgo de sufrir esas violencias. Eso fue lo que instalaron los medios.

Es imprudente no ser claras sobre este punto. La idea de que la violencia machista vendrá de afuera, que será ejercida por un otro con quien no tengo nada en común, por un monstruo (que hoy sería cualquiera de los detenidos por delitos de los que venimos hablando) es para nosotras una trampa mortal. Por supuesto que hay víctimas que no conocían de antes a sus agresores, y resultan atacadas en el espacio público, pero son las excepciones. Por eso hay que exigir garantías para las víctimas concretas, sin dejar espacio para la idea de que en la cárcel están “los malos”, porque hemos logrado “limpiar” la sociedad de agresores sexuales, violentos o femicidas.

El lugar en el que más expuestas estamos a las formas de violencia extrema sigue siendo nuestras casas. Entre el 20 de marzo y el 27 de abril, en pleno ASPO nacional, el 72% de los femicidios que conocimos sucedió en la casa de las víctimas; el 64% fue cometido por sus parejas o ex parejas y el 13% por otro familiar.[4]Ninguno venía de ser acusado por otro femicidio, ni por violación, ni había sido ‘liberado’ en virtud de alguna de las recomendaciones por el COVID-19. También aumentaron las denuncias por abuso -incluido el infantil- ¿los perpetradores? Parientes u otros convivientes. Ni hablar de las violaciones intrapareja.

¿Qué nos sigue haciendo ruido? ¿Qué reclamarle al poder judicial?

Que interpreten todo con perspectiva de géneros: que evalúen el impacto social que genera la morigeración de las prisiones de ciertos imputados/condenados, también en términos de impunidad. Y no porque nuestro sufrimiento es individualmente mayor que el de víctimas de otros delitos graves, sino porque la historia de las mujeres está cruzada por la impunidad sistemática como bastión de reproducción y legitimación de la violencia patriarcal, por parte del Estado.

Además, cada víctima concreta tiene derecho a ser oída y recibir protección, si es necesaria. Y, si se otorgan arrestos domiciliarios (por alguna circunstancia que no pueda ser contenida/atendida adecuadamente intramuros en este contexto de pandemia), depende de los jueces/as garantizar la salud de ese varón, sin desatender el resguardo integral de las que se animaron a romper el silencio o de quienes son familiares de asesinadas y son amenazados por los femicidas.

Después de la condena ¿qué?

Hay otros debates que emergen y necesitamos dar: todas las penas de prisión, en Argentina, se agotan en algún momento. El régimen de progresividad penal implica la posibilidad de acceso a salidas transitorias, libertad condicional o libertad asistida (bajo ciertas pautas). Y eso es intrínseco al sistema carcelario, que dice estar diseñado para la “reinserción social”; acá tendremos que insistir: nuestro derecho de acceso a la justicia tiene que ver, también, con cómo se ejecutan las penas para no sean “puro humo”.

Pero las penas (de prisión) son finitas. ¿Qué queda para las mujeres si ante la salida de su agresor les decimos que están en riesgo -como única posibilidad-? Es una responsabilidad estatal que las mujeres vivamos vidas libres de violencia, incluso cuando los agresores ‘salen cumplidos’; y la tranquilidad es un derecho. El Estado debe articular acciones concretas para que no vivamos en riesgo.

La diferencia, entonces, es que cuando el agresor accede a salidas durante su sujeción a proceso penal, enfocamos nuestro reclamo (con razón) en los jueces/as responsables de eso, que tienen el deber de controlar las reglas de conducta que fijaron y, por esa obligación de riguroso control, cuentan con herramientas jurídicas para mantenerlo alejado de nosotras.

¿La cárcel cómo principal demanda y única respuesta?

Que la cárcel no previene ningún conflicto social, tampoco la violencia contra las mujeres, es un hecho. El código penal describe muchas conductas consideradas disvaliosas, totalmente diferentes entre sí, para las que el Estado ofrece las mismas respuestas.

En teoría, ese catálogo contempla acciones culturalmente rechazadas y dignas de reproche. Pero sabemos que esa respuesta no llega a todxs por igual y que las cárceles están superpobladas por los más pobres. Entonces, ¿desde dónde dar la pelea del “anímate a denunciar”, cárcel a los violadores y femicidas? ¿Por qué festejar la incorporación del femicidio a nuestro código penal? ¿Por qué batallar judicialmente por procesos y condenas con perspectiva de género?

Primero, el derecho de cada víctima a ser reconocidas. Segundo, porque este terreno es también de disputa política. Se ponen en juego los valores “oficiales” de una sociedad en un momento determinado. La principal pelea que damos ahí es contra la indiferencia del Estado y la impunidad. Exigimos que nos vean, nos escuchen y nos crean.

Por eso NO da igual que haya o no condenas; ni es constructivo el mote de “punitivista” cuando se pide condena penal en un caso concreto. Muchas, además, exigimos condenas penales para los chocobar y todos los miembros de fuerzas de seguridad amigos del gatillo fácil, la desaparición o las torturas; empujamos el juicio y castigo a los responsables del terrorismo de estado y aunque cada uno de estos delitos tiene ‘raíces’ diferentes, tienen en común que son “delitos de poder” (con todas sus complejidades y diferencias).

Obligar al Estado a condenar delitos por razones de género con sus propias reglas, tiene un efecto simbólico muy potente en el cuerpo social. Además, expone sus incumplidas obligaciones internacionales de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Es la instancia penal la que habilita, muchas veces, la reparación para las víctimas; porque se da credibilidad a su palabra y se reconoce su sufrimiento[5]. Sabemos también que el Estado es clasista -además de patriarcal-, y por eso mientras mayor poder político o económico tenga el agresor, más nos cuesta que avance un proceso penal.

Esas batallas contra la impunidad son urgentes; de otro modo el mensaje estatal es que la violencia machista es tolerada. Con eso, se favorece su perpetración y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia.[6]

* Paula Mañueco, abogada feminista (UNComahue). Con curso de actualización en Género y Derecho (UBA).

FOTO: Matías Subat


[1]Acceso a atención de salud, comida, elementos de higiene e información sobre la situación del COVID-19 en el penal y el plan pensado para resguardar a la población (4 agentes del SPF, en actividad, habían dado positivos hasta el 29-4, siendo que las visitas están suspendidas para minimizar riesgos; al 10-5, al menos 10 presos dentro del penal estaban contagiados. Al 10-6, no hay en ningún medio un seguimiento actualizado).

[2]El primer comunicado salió de la propia mesa ejecutiva del PRO, con varias firmas célebres.

[3]Los fundamentos, son insoslayables: 1)la principal emergencia es la sanitaria y debe abordarse en cada sector, tomando con rigor las recomendaciones epidemiológicas. 2) Las cárceles de Argentina están, en su mayoría, superpobladas y tienen condiciones inhumanas de salubridad e higiene. 3) No hay otra estrategia para evitar la propagación que no sea la distancia social. 4) Sobre los presos recae una pena privativa de la libertad (o expectativa de pena, porque más de la mitad no tienen condena aún). Tienen derecho a la salud y no están condenados a perder la vida ahí adentro por cuestiones evitables. 5) Todas las medidas de emergencia son temporales.

[4]Datos del observatorio “Ahora que si nos ven”, disponibles en la web.

[5]Tema aparte es la revictimización en los procesos desde el minuto cero y el contenido de la reparación para cada víctima en particular.

[6]Como señala la CorteIDH, “Campo Algodonero”, caso ‘González y Otras vs. México’, párr. 400.